Carrió y Sánchez insisten en pedir a los jueces que declaren bienes
Los diputados nacionales de la Coalición Cívica volvieron a pedirle a Ricardo Lorenzetti que en 10 días de a conocer las declaraciones juradas de quienes integran el máximo tribunal nacional.
Elisa Carrió y Fernando Sánchez, diputados nacionales de la Coalición Cívica, volvieron a pedirle al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, que en diez días de a conocer las declaraciones juradas de quienes integran el máximo tribunal nacional.
El pedido es la reiteración del que ya habían realizado en mayo y que, según entienden los legisladores, fue respondido con «información insuficiente».
Por ello solicitan «una nómina detallada de todos los bienes, propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores, en el país o en el extranjero».
Carrió y Sánchez piden que se detallen, entre otras cosas, los bienes inmuebles, y las mejoras que se hayan realizado sobre los mismos, bienes muebles registrables, capital invertido en títulos, acciones y demás valores cotizables o no en bolsa y monto de los depósitos en bancos u otras entidades financieras.
Acerca de la anterior presentación de datos, los legisladores subrayan que fue «a todas luces insuficiente para poner conocimiento público la realidad patrimonial de los funcionarios alcanzados por la misma y, lo que es más grave aún, resulta violatorio de los parámetros fijados por la ley de ética en el ejercicio de la función pública».
Entienden que la negativa a brindar la información completa se basa en la acordada 9 del año 2014, cuando se aprueba el “Reglamento de Presentación y Consulta de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de los Magistrados y Funcionarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y donde se restringe la información pública de la declaración jurada patrimonial integral que deben presentar los magistrados del Tribunal.
Esa actitud, explican, Carrió y Sánchez, es «un acto evidente de violación de la ley».
«El libre acceso a la información patrimonial de los funcionarios públicos de todos los poderes públicos del Estado es un derecho fundamental a fin de que los ciudadanos puedan realizar un correcto contralor del funcionamiento de las instituciones», afirmaron.