Casanello sobreseyó a Cristina Fernández de Kirchner por lavado de activos
El juez federal Sebastián Casanello sobreseyó a la vicepresidenta en la causa donde se la investigó por supuesto lavado de activos.
El juez federal Sebastián Casanello sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa donde se la investigó por supuesto lavado de activos en relación a maniobras del condenado empresario Lázaro Báez.
Las querellas de la UIF y la AFIP, en la causa por lavado de dinero por parte del empresario Lázaro Báez y su empresa Austral Construcciones habían solicitado el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en esa investigación, en coincidencia con el dictamen del fiscal Guillermo Marijuán.
El magistrado lo resolvió luego de que la semana pasada el fiscal federal Guillermo Marijuan postulara el sobreseimiento de la exmandataria tras destacar que, después de 10 años de investigación, no se hallaron pruebas que la vincularan con el ilícito investigado.
En una resolución de tres carillas, Casanello decretó el sobreseimeinto de Fernández de Kirchner, «declarando que la formación del presente sumario no afecta el buen nombre y honor» de la Vicepresidenta, según surge del texto al que accedió Télam.
«Frente a la solicitud del acusador y titular de la acción penal de sobreseer -acompañada por el resto de las agencias estatales- la tarea del juez se encuentra acotada a examinar los requisitos de razonabilidad y legalidad de la petición, que en el presente caso se hayan satisfechos», concluyó el magistrado.
El 24 de mayo pasado Marijuan «retiró su acusación contra Cristina E. Fernández», recordó Casanello y, frente a esta solicitud y tras ser consultadas las dos querellas, «ambas agencias compartieron la solución postulada».
Ante esto, Casanello evaluó que la fiscalía «ha arribado a una de las soluciones previstas en el ordenamiento legal a través de un razonamiento lógico derivado del examen de las constancias que obran en el expediente».
Marijuan retiró su acusación a la Vicepresidenta, quien tenía falta de mérito en la causa, «tras recibir un informe confeccionado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) y confirmar, a partir de allí, un evento considerado por el dirimente: la reunión de finales de 2010 en la Quinta de Olivos, donde el empresario, al ser interrogado por la entonces presidenta, niega y oculta la expatriación ilegal de capitales que para ese entonces venía realizando», citó Casanello en la resolución.
El fiscal, «tras considerar agotadas las medidas de prueba, dio un cierre a la investigación abierta hace siete años para dilucidar si la exmandataria había participado de las operaciones de lavado de dinero atribuidas en esta causa a Lázaro Báez y su entorno».
En el dictamen con que había pedido el sobreseimiento de la Vicepresidenta, Marijuan había señalado: «Aún con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Fernández, habiendo transcurrido más de diez años, desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha que permitió» interrogarla.
El último viernes, en una entrevista televisiva, el fiscal Marijuan sostuvo que «no hay una prueba directa que se pueda citar respecto del manejo que le pudo haber cabido eventualmente a la expresidenta» con relación al manejo del dinero investigado.
«Acá (en esta causa) se cuestionó que se sacaron del país sesenta millones de dólares que llegaron a Suiza y parte de ese dinero volvió a Argentina como aportes de capitales para Austral Construcciones (empresa de Báez). Lo que hay que demostrar es que la expresidenta tuvo algún tipo de relación con esa maniobra», remarcó el fiscal al explicar por qué después de 10 años de investigación pidió el sobreseimiento de la vicepresidenta.
En otra resolución- emitida hoy- Casanello declaró «inadmisible» un planteo hecho por una asociación civil llamada «Bases» para ser querellante en la causa y poder así solicitar la nulidad del dictamen en el cual el fiscal se pronunció por el sobreseimiento de la Vicepresidenta por falta de pruebas.
La asociación invocada «no acompaña poder especial alguno ni acta de asamblea que exprese válidamente la voluntad de la asociación de presentarse como parte querellante en este proceso. Como se advierte a simple vista, el acta de asamblea adjuntada para justificar tal decisión nada dice en orden a esta presentación y registra una fecha de celebración -5 de mayo del corriente- que no se condice con su contenido», señaló Casanello.
Por otra parte, el juez sostuvo que «la singularidad del planteo reside en que acontece a más de diez años de iniciado el trámite, en un momento donde el proceso ha quedado sin acusador y con un objetivo puntual: solicitar la nulidad del último dictamen fiscal».
Sin acusación
La Unidad de Información Financiera (UIF) y la agencia recaudadora AFIP son querellantes en la causa y tras el dictamen de Marijuán eran las únicas que podían pedir la continuidad de la investigación, a contramano del criterio del fiscal. Sin embargo, ambos organismos respondieron las «vistas» del juez federal Sebastián Casanello y coincidieron con el criterio exculpatorio de Marijuan.
Al contar ya con las opiniones de los impulsores de la acusación, Casanello quedó en condiciones de resolver. La causa se quedó sin acusación y, según establece la norma procesal, ante la falta de impulso de la acción penal el juez no puede sino dictar el sobreseimiento de los imputados. Recientemente, el fiscal Marijuan –sobre la base de un fallo de la Cámara de Casación- desvinculó a la vicepresidenta de las maniobras de Báez.
El dictamen del fiscal Marijuan
En un dictamen de 46 páginas que días atrás le presentó a Casanello, el fiscal Guillermo Marijuán remarcó que, a pesar de haber encontrado un vínculo «directo» entre la exmandataria y Báez, no logró reunir elementos probatorios que le permitieran avanzar más allá de la sospecha manifestada en su momento para convocarla a indagatoria.
El propio Marijuan admitió que no pudo encontrar nada en paraísos fiscales ni surgieron evidencias en Estados Unidos, Panamá o España que puedan vincular a Cristina con las maniobras de lavado de dinero por las que fue condenado el empresario patagónico.
«Aún con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Fernández, habiendo transcurrido más de diez años, desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha que permitió» interrogarla, sostuvo el fiscal.
Entre los insólitos procedimientos dictados por Marijuan se recuerda el uso de excavadoras para buscar billetes enterrados y procedimientos en que rompieron las paredes de las casas de Río Gallego y Calafate buscando bóvedas ocultas.
«Si se considera que la descomunal masa de dinero que Lázaro Báez lavaba con la compleja maniobra de ´exportar´ millones de divisas reingresándolas al país como una inversión, así como la compra de innumerables muebles e inmuebles, proviene sólo de la evasión fiscal y no de la asignación irregular de la obra pública direccionada a su favor, se aleja el centro de la escena delictual del poder político de esta causa de lavado de dinero», dictaminó.
El pronunciamiento del fiscal llegó semanas después de que la Cámara de Casación redujera de doce a diez años la condena de Báez por lavado de dinero, algo que, indirectamente, benefició a Cristina Kirchner porque golpeó los argumentos que se usaban contra la vicepresidenta.