Se debate en el Senado la Ley de Solidaridad y Reactivación
Luego de la media sanción obtenida en la madrugada de este viernes en la Cámara de Diputados de la Nación, se dio inicio a la sesión con la que el oficialismo buscará que la Emergencia múltiple sea ley. Preside Cristina Kirchner.
El Senado comenzó a tratar el proyecto de emergencia económica, luego de que el Frente de Todos consiguiera los dos tercios para habilitar el debate sin la presencia de Juntos por el Cambio.
Luego de un cuarto intermedio de poco más de una hora y media, el Frente de Todos bajó al recinto y, con quorum suficiente, habilitó por los dos tercios de los presentes (requisito al no tener dictamen de comisión el proyecto) el tratamiento del tema sobre tablas.
El interbloque de Juntos por el Cambio decidió no bajar a dar quórum ni colaborar con los dos tercios y bajó al recinto luego de que el oficialismo, que cuenta con mayoría suficiente, consiguiera los dos tercios.
El oficialismo confía en convertir en ley el proyecto aprobado esta mañana por la Cámara de Diputados.
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Naidenoff puso el cuarto intermedio como condición para habilitar el tratamiento del tema, dado que al no tener dictamen de comisión el Frente de Todos necesita que los dos tercios de los presentes avalen el inicio del debate del proyecto.
Ante ese escenario, su par del Frente de Todos, José Mayans, aceptó el pedido de dos horas por parte de la oposición, a pesar del intento de la presidenta de la Cámara, Cristina Kirchner, de acotarlo a una hora.
Los puntos principales del proyecto
El mega proyecto de emergencia económica tuvo varios cambios hoy durante su tratamiento en la Cámara de Diputados, entre los cuales se destacaron la exclusión de las jubilaciones de jueces, diplomáticos, ex presidentes y vices de la suspensión de la ley de movilidad.
El proyecto, que delega facultades del Congreso en el Poder Ejecutivo, establece un impuesto del 30% sobre la compra de dólares para ahorro, gastos con tarjeta y compra de servicios; suspende por 180 días la movilidad jubilatoria; establece un nuevo esquema de retenciones y aumenta bienes personales.
También fija un plan de regularización de deudas para las pymes, autoriza al Ejecutivo a revisar el cuadro tarifario del sistema energético y a intervenir los entes reguladores del gas y la electricidad ENARGAS y ENRE, respectivamente. A continuación, los puntos principales del proyecto:
-Se declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y se delegan facultades del Congreso al Poder Ejecutivo para hacer cambios en todas esas áreas.
-Faculta al Ejecutivo a llevar adelante las gestiones necesarias para «recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina».
El Gobierno deberá informar los resultados a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.
-Establece un impuesto a la compra de dólares del 30 por ciento para la compra de divisas para atesoramiento (con el límite de 200 mensuales ya fijado) y también para los gastos con tarjetas de crédito en el exterior, por el período de cinco años.
Se precisó que el impuesto no alcance a aquellas compras de dólares o gastos en divisa extranjera que hayan sido efectuados antes de la entrada en vigencia de la ley, ni a los viajes que se realicen a ciudades terrestres fronterizas.
-Lo recaudado por este impuesto se destinará en un 67% al financiamiento de los programas de la ANSES. Un 3% se destinará a la creación de un Fondo solidario de competitividad agroindustrial para estimular la actividad de pequeños productores y cooperativas a través de créditos para la producción. Y el restante 30% se destinará a solventar obras de infraestructura económica y vivienda social, financiar el fideicomiso RENABAP y fomentar el desarrollo del turismo local.
–Se suspende por 180 días la Ley de Movilidad Jubilatoria sancionada en 2017, que ataba los aumentos a la inflación y al índice de variación salarial, y por ese período los aumentos serán otorgados por decreto del Poder Ejecutivo.
–Faculta al Gobierno a fijar derechos de exportación cuya alícuota no podrá superar el 33% del valor imponible: en el caso de la soja aumenta de 30% a 33% y para trigo y maíz de 12% a 15%.
Para productos agroindustriales de economías regionales se establece una alícuota tope del 5%, al igual que para bienes industriales y servicios.
En cuanto a bienes exportables hidrocarburíferos o provenientes de la minería, se reduce el tope del 12 al 8%.
-Se autoriza al Poder Ejecutivo a intervenir el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Regulador del Gas (ENARGAS).
También habilita al Gobierno a congelar las tarifas de electricidad y gas por el plazo de 180 días, «propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias, para el año 2020».
A su vez, se faculta al Gobierno a iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente.
–Aumenta en forma progresiva el impuesto a bienes personales, con la excepción de los bienes que no superen los 3 millones de pesos.
-Faculta a la AFIP a establecer un régimen de reintegros para personas humanas que revistan la condición de consumidores finales.
–Se eliminó el artículo que obligaba a empresas de medicina prepaga a aumentar sus aportes al fondo solidario de redistribución del sistema.