Con diferencias avanzó el debate en relación a la edad de los menores en el nuevo régimen penal

Tras la reunión informativa con funcionarios de la semana pasada, se reanudó el debate con legisladores en un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda, del proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años y establece que las penas no podrán superar los 20 años, entre otros aspectos.

Conclusión Buenos Aires

El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad se reanudó tras la primera reunión informativa la semana pasada con legisladores en un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda, que presiden Laura Rodríguez Machado (PRO), Roxana Reyes (UCR), Manuel Quintar (LLA), José Luis Espert (LLA), respectivamente.

El proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años y establece que las penas no podrán superar los 20 años, entre otros aspectos.

Al respecto, la titular de Legislación Penal, Rodríguez Machado (PRO) , recordó que es la “continuación del tratamiento del Ejecutivo sobre Régimen Penal Juvenil”. El procedimiento acordado en primer lugar escuchar a los Bloques sobre esta temática”.

Además, informó que presentarán una síntesis del proyecto del Ejecutivo y posteriormente habrá reunión con técnicos y especialistas.

En tanto, el autor de uno de los proyecto, el diputado Ramiro Gutiérrez (UxP) explicó que es un tema muy importante que cala “con un reflejo profundo en la sociedad”. “El proyecto de mi autoría establece un criterio prominoris pero también de defensa de la sociedad y de las víctimas del delito. No es un simple proyecto de ley, es un verdadero código”, argumentó.

Al mismo tiempo, manifestó que la iniciativa ha “llevado más de 1 año de trabajo donde hemos verificado la legislación comparada y la revisión hasta los regímenes de responsabilidad penal juvenil que hoy imperan en Buenos Aires y en La Rioja”. “Tenemos que hacer una aclaración dogmática y sistemática ya que no es posible hablar de una ley complementaria sino se tiene un Código Penal del cual deriva la complementariedad y especialidad de esa ley”, afirmó.

Gutiérrez recordó que han presentado en el año 2016 un Código Penal para la República Argentina y precisó: “Ese código establece una nueva forma y un nuevo baremo de delitos, modernizando un Código Penal que hoy tiene más de 100 años en la Argentina”.

“Este código de responsabilidad penal juvenil complementa la responsabilidad de los mayores. Cualquiera que quiera hablar de responsabilidad del menor tiene que hablar de la responsabilidad del mayor, porque los institutos de la suspensión del juicio, prueba atenuante, agravantes, excusas absolutorias, todas las formas de autoría y coautoría, la reincidencia todo está regulado en el código de mayores. Entonces no puede venir una ley complementaria que toma esos institutos a tener independencia respecto de un código el modelo. El código de adultos debe reflejar el modelo de código este de responsabilidad penal juvenil”, explayó.

Por su parte, el diputado del PRO, Martín Yeza, expresó que la iniciativa de su bloque “concretamente se centra en un proyecto de baja de edad de imputabilidad a partir de los 14 años, por elementos vinculados a la convencionalidad jurídica y jurisprudencial, particularmente, y que además, desarrolla a diferencia del proyecto del Ejecutivo dos sistemas”.

“Un sistema cerrado y semi cerrado en donde se concentran a la vez dos tipos de casos. El primero y principal: el caso donde las víctimas tienen que ser encerradas, privadas de su libertad pero, después, por supuesto, en casos más complejos donde tratamos con victimarios que tienen alguna adicción o problemas psiquiátricos”, agregó el legislador y remarcó que también contempla penas de distinta índole para los padres “no solamente inhibición de bienes”.

El diputado nacional Cristian Castillo, expresó que el proyecto que impulsa el Ejecutivo Nacional para bajar la edad de imputabilidad de los menores, «es una iniciativa punitivista cuando se sabe que la baja de la edad no ha limitado la cantidad delitos que se cometen, porque no están asociados a problemas penales sino sociales».

El legislador sostuvo en la misma linea que «en un país donde tenemos 8, 8 millones de niños, niñas y adolescentes en la pobreza, y 4,3 millones en la indigencia, nos traen para discutir algo distractivo. y que ninguna manera resolvera la cuestion, estan apuntando para otro lado».

«Acá se instaló un concepto falso, sobre la supuesta teoría de la ventana rota de que si un pibe hoy rompe una ventana con una piedra se esta gestando un asesino serial el día de mañana. Y esto es arbitrario y retrogrado, no es una doctrina penal. Tendrían que cambiar las condiciones las condicones sociales en las que mueren pibes y pibas y verán como baja la tasa de cualquier delito».

La diputada Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo) explicó que: “Nuestro proyecto tiene que ver con los datos de la misma Corte de como viene siendo el incremento del delito en menores y la sociedad nos está pidiendo una respuesta”. “Coincidimos en varios puntos con el proyecto del Ejecutivo, pero algunos tenemos diferencias, en cuanto a la edad establecimos la de 13 años pero con la diferencia de que sea un cuerpo de psicólogos y psiquiatras le diga al juez si el menor comprende la criminalidad del acto que se llevó a cabo”.

Picón consideró que a los 13 años ya el «menor puede elegir». «Si tenemos la posibilidad de elegir frente a un acto, también tenemos que tener la responsabilidad de cumplir. Cuando vemos los alarmantes datos de la Corte ha habido un 21% de incremento respecto al año anterior y la edad en que cometen esos delitos es a los 13 años”. “Básicamente nuestra diferencia está en que a los 13 años el niño primero pase por una auditoría para saber si comprendió el acto que cometió”, expresó en comparación con el expediente del Poder Ejecutivo.

Finalmente, la diputada de Unión por la Patria, Eugenia Alianiello, sugirió “buscar los puntos de consensos entre todos los proyectos”. “Es un error solamente caer en la edad de punibilidad”, subrayó.

“Debemos analizar qué entendemos por encierro, para qué se plantea, cuáles son las herramientas de resociabilización que se van a brindar, cuál es el presupuesto, y cómo se ejecutará”. “En nuestro proyecto planteamos la edad de los 16 años teniendo en cuenta a las opiniones de organismos internacionales, especialistas y la experiencia de trabajadores”, añadió la legisladora.

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