Consumís Télam a diario, pero no lo sabés: ¿cómo funciona la agencia de noticias y para qué sirve?
Las noticias generadas por la agencia pueblan distintos medios de comunicación cotidianamente, garantizando el flujo federal de la información. Distintos especialistas advierten qué es desacertado y contraproducente avanzar con el desguace, a la vez que plantean que el objetivo debería ser "mejorar, no cerrar".
La Agencia Télam dejó de funcionar esta semana por decisión del presidente Javier Milei y el debate público evidenció la falta de conocimiento que prima sobre la actividad mediática en general y la circulación de noticias en particular. En ese marco, distintos especialistas abordaron diferentes aristas del tema con el objetivo de aclarar el panorama. Por un lado, detallaron el funcionamiento de la cablera y, además, analizaron si están dadas las condiciones legales para avanzar con el plan de cierre que busca instrumentar el Gobierno nacional.
«La mayoría de los clientes de la Agencia Télam son medios privados de todo el país. Los corresponsales, desplegados en todas las provincias argentinas, son un recurso informativo crítico en un contexto de ‘desertificación de medios'», explicó el investigador del Conicet especializado en Medios, Políticas, TIC y Sociedad, Martín Becerra.
El último mapa de servicios ofrecidos por Télam, delimitado por provincias, muestra clientes en todos los puntos del territorio nacional -e incluso otros en el extranjero-. Audios, fotos, infografías, videos y textos de noticias salen a cientos de medios que luego utilizan o distribuyen esa información a sus consumidores.
Becerra destaca que Télam es la segunda agencia noticiosa en importancia en idioma español, solo por debajo de EFE (que también es estatal y tiene como accionista mayoritario al Estado español, un ente totalmente dependiente del Gobierno de España).
Diferentes voces de políticos oficialistas y unos pocos alfiles mediáticos que acentúan las versiones que salen desde Casa Rosada argumentan que la agencia estatal tenía una línea editorial discordante con los intereses nacionales actuales e incluso partidista. Aun así, como en tantos otros casos en los que intervino la gestión de Javier Milei, la decisión fue ahorrarse trabajo: cerrar y despedir en vez de aplicar una reestructuración que mejore el funcionamiento.
«Hay quien objeta la línea editorial de Télam, o su creación por decreto, para justificar su cierre. Sobre la línea editorial: los medios estatales, en todo el mundo, necesitan mejoras y mayor pluralismo, no ser clausurados. Su clausura elimina pluralismo. Mejorar no es cerrar», aseveró el investigador del Conicet.
«Sobre lo regulatorio -continuó Becerra- hay varias cuestiones que la pretensión de cierre de Télam, anunciada por el presidente Milei, necesita sortear».
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Existen otras agencias de noticias en el país, pero Télam es la única que cuenta con una red de corresponsales en todas las provincias y tiene múltiples convenios de cooperación con agencias internacionales. Esto permite proveer de contenido informativo a diversos medios de comunicación, empresas, organismos e instituciones. Es decir, cualquier tipo de información que hayas visto, leído o escuchado en cualquier tipo de medio, puede haber surgido inicialmente de un relevamiento de un periodista-corresponsal de la agencia pública de noticias que, al estar en el lugar de los hechos y trabajar en red con otros colegas que centralizan y distribuyen, genera el material.
Hasta ahí lo que hace al funcionamiento. Estrictamente hablando del factor económico deben tenerse en cuenta -al menos- tres puntos de vista. En primer lugar, uno plasmado por el economista y periodista Alejandro Bercovich en su editorial radial: «El cierre de cerca me toca directamente, porque empecé ahí. Si alguien tomara en serio el laburo de racionalizar los medios públicos, podrían incluso dar ganancia. No es algo que no pueda mejorarse».
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El segundo foco tiene que ver con la balanza entre costo y beneficio que puede delinearse. En total, la planta de personal de Tëlam supera los 700 trabajadores, que -más allá de algún caso particular- realizan labores desplegados en el territorio nacional para nutrir a la agencia y asegurar ese servicio -que, de nuevo, sin dudas puede mejorar-. La secretaria General de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), Carla Gaudensi, señaló que la cablera implica en el presupuesto nacional el 0,017% del total. «No es algo que represente un gasto público, porque tiene muchos sentidos sociales. Uno es garantizar el derecho humano a la información, la pluralidad y el federalismo. Lo tienen muchos países en el mundo y la agencia es reconocida internacionalmente», apuntó en conversación a Radio Con Vos.
????️"Télam en el presupuesto no representa un gasto público y tiene muchos sentidos sociales. Es reconocida internacionalmente y sus trabajadores no pertenecen a una administración. Lo demostraron con la cobertura de Milei en el Congreso", @CarlaGaudensi con @ertenembaum. https://t.co/xlrAWSg7gc
— SiPreBA – Sindicato de Prensa de Buenos Aires (@sipreba) March 4, 2024
Una tercera lectura directamente asume la posibilidad de que el funcionamiento de la Agencia Nacional de Noticias no sea lucrativo ni se mueva con el objetivo de algún día llegar a serlo. Aun en ese escenario, dicho funcionamiento estaría justificado por el simple hecho de que, al no ser rentable, el sector privado no vería en esas actividades un negocio, por lo que dejaría de estar en vigencia el sistema de corresponsales en red, lo que decantaría en una ruptura de la llegada directa entre las fuentes territoriales y la difusión de alcance federal. Un mecanismo que para nada puede ser reemplazado «por Twitter», como propuso con brutal ignorancia una figura de La Libertad Avanza.
¿Es legal cerrar Télam?
Durante toda la campaña electoral propuso la eliminación de los medios públicos y no dejó atrás esas intenciones al ingresar a Casa Rosada. Durante el discurso de apertura de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa adelantó que cerraría Télam. Los trabajadores de la agencia, que desde este lunes se encuentran suspendidos por siete días mientras se define el plan de cierre, estaban cubriendo la actividad del presidente.
Luego de la ejecución de las suspensiones y el bloqueo del acceso a la web oficial de Télam, surgieron diferentes cuestionamientos a la legalidad de la medida y a la viabilidad de su concreción de forma unilateral.
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Algunos opositores y abogados advirtieron que la decisión final debería ser tomada por el Congreso, ya que la agencia está comprendida dentro de la Ley 20.705, que creó las Sociedades del Estado. En el artículo 5 de esa legislación, está establecido que las mismas «no podrán ser declaradas en quiebra» y el Poder Ejecutivo «solo podrá resolver su liquidación mediante autorización legislativa».
Télam (creada en 1945) se transformó en Sociedad del Estado en 2002, por un decreto del entonces presidente Eduardo Duhalde. En síntesis, la agencia no podría disolverse por pura decisión del presidente.
El punto de controversia aparece con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, que bajo redacción de Federico Sturzenegger desreguló un amplio polo de la economía argentina y alteró legislaciones varias. En el artículo 40 del DNU, aparece la derogación de la Ley 20.705 de Sociedades del Estado, por lo que se volvería a foja cero con la protección de Télam.
La web de la cablera fue bloqueada por el Gobierno nacional.
Sin embargo, hay abogados constitucionalistas que ponen objeciones a esta instrumentación del decreto desregulador. A través de Twitter, el letrado Andrés Gil Domínguez puntualizó que «el DNU 70/2023, en el artículo 40, derogó la ley 20.705 sin establecer que la misma tiene efectos retroactivos (art. 7 del Código Civil y Comercial). (Por lo que) su eficacia se proyecta exclusivamente a futuro, impidiendo crear nuevas sociedades del Estado».
Por otra parte, recordó: «El DNU 70/2023 en el art. 48 establece que todas las sociedades del Estado deben transformarse en sociedades anónimas en un plazo de 180 días, y una vez que esto suceda, se aplicará la ley de sociedades 19.550».
Entonces, «el cierre de Télam viola las normas del DNU 70/2023», porque «primero debe convertirse en una sociedad anónima y después aplicando la ley de sociedades 19.550 podrá disolverse».
«Un Gobierno desconociendo su propia normativa de emergencia es realmente preocupante y desopilante», concluyó el abogado constitucionalista.