Conclusión Buenos Aires
Las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior, que presiden los diputados del Pro Laura Rodríguez Machado y José Nuñez, respectivamente, continuaron este miércoles el debate para el expediente integral del crimen organizado; a su vez, trataron la iniciativa de incorporación del artículo 23 bis sobre secuestro de armas de fuego, municiones o explosivos.
En ese sentido, la presidenta de Legislación Penal, Rodríguez Machado, planteó la idea de “tomar el proyecto original del Ejecutivo denominado ‘Ley Antimafias’”, y “tomar todas las sugerencias”.
El vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior, José Glinski (UP), habló de la necesidad de “encontrar un marco normativo que mejore la persecución del crimen organizado”. “Tenemos que darle herramientas a los tres poderes para que mejore su performance”, señaló. No obstante, dijo que “es un proyecto que le otorga más facultades al Poder Ejecutivo sobre el judicial, aumenta penas, flexibiliza la figura de asociación ilícita, pero el temor es que persiga cuestiones que no son parte del fundamento”.
Desde la Libertad Avanza, Álvaro Martínez le respondió al diputado preopinante que “exagera” porque “en la ley en ningún momento se establece nada de lo que ha dicho, pero entiendo desde el lugar que lo plantea”. En tanto, planteó: “Si el problema es el nombre se lo podemos cambiar”, y aclaró que “aquí lo que se persigue es a los criminales, no a los ciudadanos. Necesitamos conocer las sugerencias de los bloques, pero espero que podamos tratarlo prontamente»
El correntino Manuel Aguirre (UCR) destacó: «La lucha es internacional porque la mafia organizada no está solamente en nuestro país. Por eso que creo que para concretar esto, la única manera de combatir las mafias es trabajar en conjunto”. Al mismo tiempo, solicitó conceptualizar y caracterizar “que es mafia para a partir de allí avanzar en una iniciativa y cambiar de filosofía en cuanto al derecho penal e ir a un sistema funcionalista”.
Aguirre se lamentó de la aprobación del blanqueo que se hizo en el paquete fiscal porque “fue para ellos porque nadie que no tenga oculto su dinero, ya sea por evasión impositiva, por la venta de armas o narcotráfico no tiene por qué inscribirse como cualquier ciudadano”, pero se mostró esperanzado en poder derogar ese blanqueo porque “obstaculiza la lucha contra las mafias”.
Por su lado, el legislador Oscar Agost Carreño (HCF) opinó que es un “tema que hay que discutirlo porque son nuevos formatos criminales”, y consideró relevante añadir la “definición de mafia en el proyecto que estamos tratando y la creación de una fuerza de seguridad de élite”.
Por otra parte, la comisión puso en tratamiento la incorporación del artículo 23 bis sobre secuestro de armas de fuego, municiones o explosivos. “En los casos en que se hubieren secuestrado armas de fuego, municiones o explosivos, la autoridad judicial interviniente deberá, transcurrido el plazo de 6 meses desde su incautación, resolver el decomiso y envío a la autoridad competente para su destrucción, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 25.938”.
El material incautado será restituido a su titular registral cuando éste o sus dependientes no tuvieren vinculación con el hecho objeto de la incautación y la pérdida o robo del mismo haya sido debida y oportunamente denunciada ante la autoridad de aplicación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos.
El diputado de izquierda Christian Castillo cuestionó que “no es un proyecto anti mafias, sino que habilita un tipo de persecución política del cual hemos tenido un anticipo durante el tratamiento de la Ley Bases. Las prevenciones respecto de este proyecto de cómo pueden ser utilizados han quedado de manifiesto porque si uno ve los tipos penales que planteó la oficina del presidente en un comunicado donde hablaba de organizaciones terroristas calificando a todos los manifestantes, después el Ministerio de Seguridad que presenta este proyecto y el fiscal Stornelli acusando a quienes participan de manifestaciones de sediciones, de intimidación pública, de muchas de las figuras penales que están acá”.
“Ya está para qué lo van a usar. Van a usar la terrible situación de Rosario para construir una tipología penal que permita, entre otras cosas, para reprimir y ser criminalizados los miembros de una manifestación, ser encarcelados, denunciados, por el solo hecho de que al gobierno de turno se le ocurre calificarlos de terroristas y todo el cúmulo de ridiculeces”, criticó Castillo y resaltó que “este artefacto legal que están construyendo es para eso. Esto lo va a usar Patricia Bullrich para ilegalizar, criminalizar, perseguir a los oponentes políticos”.
Y cerró: “Habilitar esto es un tratado para la intimidación pública y social en cualquier movilización y les dan la mano libre para condenar entre 8 a 10 años a un miembro de la organización y criminalizarla. Esto es gravísimo y es un avance del autoritarismo del Estado”.
Sobre el particular, el autor del proyecto, Matías Molle (UP), expresó que el expediente “es simple, posee dos artículos y nace de una experiencia concreta”, en la que como ex director del RENAPER “muchos gobernadores tenían las armas en depósito provinciales y eso implica un riesgo y un gasto. La mayoría de estas armas de fuego son de jurisprudencia provincial, afirmó y, por ese motivo, “esta ley va empezar a reducir todos estos riesgos y que las armas se destruyan efectivamente”.
En sintonía con lo expresado pro Molle, la diputada Marcela Campagnoli (CC) adhirió al proyecto de Molle, señalando que “las armas que desaparecen vuelven al circuito ilegal y ahí radica el problema”. Además, propuso que una vez que se “tramita la pericia de esa arma inmediatamente salga del juzgado y vaya al RENAR” y que sea prorrogable a pedido del juzgado.
En tanto que, Gabriela Brower de Koning (UCR) también se mostró de acuerdo “con la finalidad del proyecto porque es importante contemplar medidas necesarias y urgentes para neutralizar el desvío que se genera de estas armas hacia circuitos ilegales”. Y planteó contemplar que el proceso penal “no tenga ningún tipo de vicio”.
