Debate en Comisiones: funcionarios del Ejecutivo defendieron el proyecto que baja la edad de imputabilidad

En un plenario de carácter informativo, se reunieron las comisiones de Legislación Penal, de Justicia, de Familias y de Presupuesto y Hacienda donde expusieron el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, y el director nacional de Normativa y Relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, Fernando Oscar Soto. También participó el subsecretario de Política Criminal del Ministerio Público de la Nación, Alberto Nanzer.

La radical Roxana Reyes, titular de la Comisión de Familias, expresó que el proyecto “es un régimen penal que apunta a garantizar la Convención de los Derechos del Niño y de las Normas previstas en Naciones Unidas sobre niños jóvenes que delinquen o están en el proceso de reproche penal”.

El primer expositor fue Fernando Oscar Soto quien remarcó que la Ley argentina tiene “una deuda con la sociedad y la democracia” respecto de la Ley de menores porque la norma actual fue reformada por la dictadura militar. “Hace 44 años se está debatiendo la necesidad de reformar esta ley”, expresó y recordó que durante la campaña electoral “todos los partidos propusieron bajar la edad de imputabilidad y reformar la Ley de Régimen Penal Juvenil”.

“Esperemos que este Congreso tome el debate y sancione una ley que actualice el régimen penal con las características particulares y tienen en cuenta la edad de imputabilidad que es la que está en la región y en el mundo. Hay una necesidad de actualizar”, sostuvo Soto.

El funcionario comentó que vieron las estadísticas por la Corte Suprema de la Nación y de la provincia de Buenos Aires y alertó que “vienen en aumento todos los años en la franja de 16 y 17 años que son los punibles, pero en los pocos datos oficiales que hay, también viene en aumento los casos de menores que van de los 13 a los 15 años de edad”.

“Esto tiene que atenderse para proteger a la víctima y al adolescente que está en conflicto con la Ley penal y expuesto a una vulnerabilidad especial por su propio desarrollo psicofísico y por las circunstancias de verse inmerso en la conflictiva penal. Por lo tanto, hay que cuidarlo más allá de su eventual declaración de imputabilidad porque inimputable o menor incluso a la edad de 13 años que proponemos”, explayó.

“Creemos que la comisión tiene la función de garantizar que el Régimen Penal tenga la función de resocialización, educación y que no sea necesariamente punitivo, sino que reinserte al joven que por razones diferentes multicausales ha ingresado a la actividad criminal”, resaltó.

Para Vanina Biasi, el punto de partida de este paquete represivo de Bullrich y Milei es la llamada «Ley Antimafia»: un verdadero mamarracho jurídico inconstitucional que no va a permitir desmantelar ninguna mafia. Solo buscan reforzar las facultades del Estado para la criminalización social. Su aplicación no es para nada precisa, habla “verosímilidad” y no define qué se entiende por “organización criminal”.

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Diputada @vaninabiasi: «En algunos tramos de la historia, hubo judicializaciones por diferentes temáticas, ya no me refiero a delitos graves, por parte del sistema judicial y las derivaciones para el encierro de jóvenes ó para la vida de jóvenes. Los… pic.twitter.com/3Q7s6gx3kA

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Se trata de conceptos arbitrarios y fácilmente manipulables para criminalizar la protesta. Ya tenemos antecedentes contra quienes se manifestaron contra hambre o contra la Ley Bases y el DNU70” denunció la diputada Biasi y expresó  sobre bajar la edad de imputabilidad que «son medidas para regimentar y perseguir a la población. Es pura demagogia punitiva para encarcelar niños y adolescentes mientras garantizan la impunidad de los responsables del delito organizado, empezando por los eslabones enquistados en el propio aparato de Estado».

«La lucha contra el “crimen organizado” es la coartada para profundizar una tendencia creciente a criminalizar a la juventud y los sectores populares con el objetivo de intimidar y regimentar a una población empobrecida. Para los trabajadores y los jóvenes este gobierno solo ofrece pobreza y criminalización, » y agregó: “Quieren reforzar las municiones del Estado para alterar el régimen político y arrasar con nuestras libertades democráticas»

Desde el bloque Unión por la Patria, el diputado Martín Soria informó que «han presentado un dictamen de rechazo» respecto a la “Ley Antimafias”.

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Diputado @MartinSoria_ – ex ministro de Justicia: «La necesidad de un debate amplio, sincero que deje de lado la posibilidad de un abordaje marketinero, oportunista. Para no caer en esa falsa dicotomía que a veces nos quieren llevar, entre garantismo y… pic.twitter.com/rjlSDLZKZy

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Luego, disertó Sebastián Amerio quien defendió la iniciativa al plantear: “Entendimos que esta es una demanda que tiene la sociedad y que debemos atenderla como Ejecutivo y ustedes deben atenderla como representantes del pueblo y trabajar en comisión y buscar una reforma porque creemos que esta ley es superadora a la del año 1980”.

Amerio repasó algunos de los fundamentos que llevaron a presentar el proyecto, entre ellos comentó: “La situación de los menores en conflicto con la ley es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple, no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañan al adolescente luego con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada en este sentido”.

El secretario de Justicia destacó que la Ley 22.278, que es el actual Régimen Penal de la minoridad, fue sancionada en el año 1980 y “no responde a los principios reconocidos por la Constitución Nacional y en la legislación internacional respecto al menor que ha infringido la ley penal”.

En ese sentido, planteó que “es indispensable sancionar una ley especial que regule la materia e incorpore los referidos principios a nuestra realidad social”, y explicó que “los adolescentes o actuación y la comprensión de la criminalidad de sus actos han sufrido grandes cambios, lo que trae aparejada la necesidad imperiosa de practicar una reforma legislativa que se corresponda con la situación actual de los adolescentes muchos de los cuales han sido incorporados a bandas criminales”.

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En comisiones, funcionarios del Ejecutivo defendieron el proyecto que baja la edad de imputabilidad.

El diputado @aguirremanuelok señaló: «Es necesario hacer estudios para saber si un menor tiene madurez mental para entender lo que hace».

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Además, señaló que la legislación actual presenta una serie de “problemas”, y enumeró: “El primero de ellos es la edad de imputabilidad vigente, porque actualmente los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes”, y sumó: “Estas circunstancias genera una situación de injusticia que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general. Es imperativo que nuestro sistema legal asegure que aquellos que cometen delitos sean responsables por sus acciones”.

Amerio precisó que la legislación argentina se encuentra en minoría en la región en cuanto al umbral de imputabilidad, debido a que la mayoría de los países han establecido sus edades de imputabilidad más baja y subrayó que “nuestro ordenamiento legal se encuentra desactualizado”.

“En nuestra sociedad y en las sociedades sobre todo latinoamericanas que tenemos los índices más elevados del mundo es necesario revisar y ajustar la normativa nacional para su alineamiento con la experiencia comparada y los estándares internacionales en la materia y, garantizar así, una respuesta más efectiva a la criminalidad juvenil”, consideró.

En tanto, informó que la República Argentina y la República de Cuba se encuentran son los únicos países de la región que han establecido los 16 años como la edad mínima de responsabilidad penal, pero en consonancia con los cambios operados en las últimas décadas otros países han modificado su legislación para evitar la impunidad en crímenes cometidos por adolescentes, como por ejemplo:  Chile, Colombia y la República de Perú han fijado la edad en 14 años; Guatemala, Nicaragua y de la República Oriental del Uruguay en 13; Brasil y los Estados Unidos en 12 años y Granada y la República de Trinidad y Tobago en siete.

“Los niños, niñas y adolescentes poseen los mismos derechos que todas las personas, pero tienen, además, derechos especiales que derivan de su condición. Eso supone un tratamiento diferenciado en el ámbito de la Justicia penal juvenil lo que requiere la sanción de medidas específicas y esenciales para el resguardo de esos derechos”, aclaró.