Denuncian a Larreta por “privatizar” la vacunación y por inmunizar a “militantes de JxC”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue denunciado este martes por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, ya que lo acusan de “privatizar” la vacunación contra el coronavirus al firmar convenios con empresas de medicina prepaga.

La acusación también involucra al ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, y fue realizada por la abogada Natalia Salvo.

Por su parte, el abogado Yamil Castro Bianchi también denunció a ambos funcionarios porteños por el presunto armado de un centro de vacunación paralelo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) llevado adelante por la Asociación Civil ‘Encuentro Vecinal Sur’ en el barrio de Parque Chacabuco -con dirección en Picheuta 1517-, donde se estaría “vacunando a militantes de Juntos por el Cambio y amigos”, según la denuncia presentada por el letrado.

Las denuncias sobre presuntas irregularidades en la realización de la campaña vacunatoria en la CABA apuntan contra Rodríguez Larreta y Quirós, y los acusan, en el primer caso, de incumplimiento de los deberes de funcionario público y por el mismo delito más cohecho, malversación de caudales públicos, y propagación de enfermedad, en el segundo.

En lo que respecta a la denunica de Salvo, que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional número 4, a cargo de Ariel Lijo, Rodríguez Larreta y Quirós “priorizan a los socios de instituciones privadas por sobre el resto de la población mediante la firma de convenios” con empresas de medicina prepaga para la “implementación del plan de vacunación” en la Capital Federal.

“El Gobierno de la Ciudad estaría privatizando la campaña de vacunación que se lleva adelante frente a la pandemia que aqueja a toda la población, beneficiando a grupos privados en detrimento de la población en general”, señaló la letrada.

Y agregó: “Lo que supone un programa equitativo que proteja a la población terminaría siendo un negocio de privados por exclusiva responsabilidad de los funcionarios de CABA que deciden que las vacunas sean ‘sólo para los socios’” de empresas de medicina prepaga.

Salvo, quien representó legalmente al productor agropecuario Pedro Etchebest en la denuncia por presunto espionaje ilegal que involucra al fiscal federal Carlos Stornelli, consideró que “no cabe duda que el daño provocado es en detrimento del Estado Nacional y el erario público”, debido a que los fondos para la compra de vacunas surgen del Gobierno de la Nación.

Como medidas de prueba, la denunciante pidió que el Gobierno porteño informe la totalidad de lotes de vacunas recibidos, los centros de vacunación asignados, la cantidad de dosis aplicadas, así como también requirió una pericia informática sobre el sistema que brinda turnos para inmunizarse.

En caso de ser condenados, Rodríguez Larreta y Quirós podrían sufrir “una pena de un mes a dos años de inhabilitación especial por doble tiempo para el funcionario público”.