Denuncian corrupción y subfacturación en la Industria del Litio en Argentina

Por Alejandro Maidana

Desde hace poco más de 10 años el avance y la presión extractivista del litio, se ha concentrado en el territorio que refiere a la Puna Argentina. Esto es así, porque las provincias que la integran, Jujuy, Salta y Catamarca, se encuentran dentro de la región de Atacama, definida por el capital como el “Triángulo del litio”. El denominado “triángulo” comprende el norte de Chile y Argentina, y sudeste potosino de Bolivia.

Esta región que abarca a los tres países, que son una unidad social y cultural, han permanecido juntas territorialmente, siendo la región que cuenta el 50% de las reservas mundiales de litio, por ende, hace tiempo que las potencias globales han puesto el foco en esta región. Por ello, las distintas corporaciones presionan par afincar sus faenas extractivas en estos territorios.

En los años 2020, 2021, 2022 y 2023, la Cámara Latinoamericana del Litio ha presentado informes exhaustivos a los distintos medios de comunicación, instituciones gubernamentales y a los miembros del Congreso Nacional Argentino. En estos informes, se denuncia la falta de transparencia y regulación en la tipificación del litio y la fijación de precios, con la clara intención de prevenir la subfacturación en el precio FOB declarado por las empresas exportadoras.

“Tenemos la esperanza de que todos los argentinos se unan para combatir esta situación. Creemos que estamos siendo estafados como pueblo debido a la falta de regulación, normativas y leyes que reflejen la visibilidad de los contratos y la comercialización del litio y sus derivados. Esta falta de regulación también permite la subfacturación, lo que ha resultado en pérdidas significativas”, le dijo a Conclusión el presidente de la Cámara del Litio Latinoamericana Pablo Rutigliano.

En 2022, nuestro país dilapidó 2600 millones de dólares, y continuamos perdiendo 683 millones debido a la falta de consideración del litio como commodity y la ausencia de regulación y control. Otro problema crítico es la falta de transparencia en las inversiones en la industria del litio en Argentina. “A pesar de que se informa que las inversiones mineras ascendieron a 11.500 millones de dólares, muchas de las empresas extranjeras involucradas carecen de transparencia económica y jurídica. Es esencial que se realice una exposición clara de cuánta inversión en dólares ingresó al país y cómo afectó al régimen cambiario actual de Argentina”.

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Además, a pesar de estas afirmaciones de inversiones récord, no se observa un aumento significativo en el capital de las empresas en sus balances, lo que plantea la cuestión de cuántas divisas realmente ingresaron a Argentina a pesar de su gran potencial. “Quizás lo más alarmante sea la disputa sobre si el litio es o no un commodity. El gobierno provincial, respaldado tanto por el gobierno nacional como por los ministerios de Producción y Desarrollo y Economía desde 2020, insiste en afirmar que el litio no es un commodity. Esto contradice los informes emitidos por el SIACAM (Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina), que regularmente publica el precio internacional establecido por la firma inglesa Fastmarkets, proveedor de la Bolsa de Metales de Londres, donde el litio y sus derivados son claramente considerados commodities. Esta controversia plantea interrogantes sobre si estamos permitiendo que el precio sea fijado en el extranjero, lo que podría perjudicar aún más nuestra economía y socavar nuestra soberanía”, enfatizó Rutigliano.

Denuncia penal por la Subfacturación en las Exportaciones de Carbonato de Litio en Argentina

La misma fue realizado por Pablo Rutigliano en representación de la Cámara Latinoamericana del Litio, se apunta a los miembros y ex miembros de Catamarca en representación de la empresa minera del Altiplano S.A, los miembros, ex miembros y representantes de la empresa Livent, miembros y ex miembros de distintas empresas que exportaron e importaron litio.

A ellos se le suman todo aquel funcionario y ex funcionario público encargado de controlar, fiscalizar y auditar las operaciones comerciales de dichas empresas, o incurrieran en incumplimiento de los deberes de funcionario público o cualquier otra conducta típica, sean estos funcionarios o ex funcionarios de rango Nacional, Provincial y Municipal.

Está claro, que cualquier autoridad aduanera de la provincia de Salta y de Buenos Aires pueden estar involucrados en conductas típicas, lo que debe ser materia de investigación. Merece especial énfasis la Inspección General de Justicia (IGJ), en cabeza de sus máximas autoridades, ya que la IGJ tiene a su cargo la fiscalización de sociedades y/o organizaciones. “Pareciera que se preocupa si un restaurante presenta su último balance, pero no controla las figuras jurídicas, que a la postre, son los depredadores de nuestros recursos naturales”, enfatizó Pablo Rutigliano.

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También la IGJ establece o pide constancias fiscales, cuando se conforman organizaciones de índole local, pero carece del mismo rigor, pareciera no fiscalizar ni controlar, cuando eventuales filiales de empresas extranjeras u organizaciones, actúan libremente, realizando finalmente maniobras y acciones que atentan contra cuestiones donde se afecta el interés nacional. “Hay casos donde son excesivamente minuciosos, cuestionan sujetos (físicos o jurídicos) que quieren operar en el país. Pero existen Organizaciones internacionales que operan a diestra y siniestra, sin contar con autorización alguna para funcionar. Hay organizaciones internacionales del litio, por ejemplo, que operan en el país, pero no tienen autorización para funcionar por parte de IGJ, y sin embargo discriminan y no dan un trato igualitario a otras organizaciones locales, que, bajo excusas formales, no se las acepta aptas para funcionar”, sostuvo el presidente de la Cámara Latinoamericana del Litio.

Pablo Rutigliano indicó que el enfoque que vienen sosteniendo desde la Cámara durante los últimos siete meses del año 2023, “se ha centrado en evaluar el posible impacto de otorgar a las autoridades un control más estricto y un estatus autárquico sobre la industria del litio. Este control apunta a supervisar y regular adecuadamente los precios FOB (Free On Board) declarados por las dos únicas empresas que actualmente exportan todo el litio procesado en Argentina: Livent SA en Catamarca y Sales de Jujuy SA en Jujuy. Esta medida, promovida por la Cámara Latinoamericana del Litio, se considera esencial para salvaguardar los intereses, la transparencia y la visibilidad para todos los argentinos”.

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Se plantea especialmente debido a las preocupaciones sobre la falta de interpretación, visión e innovación por parte de la Secretaría de Minería de la Nación, que está bajo la jurisdicción del Ministerio de Economía en lo que respecta al litio. “La pregunta fundamental que surge es: ¿Estamos desaprovechando el potencial del litio como un commodity capaz de impulsar una transición energética sostenible? Este interrogante se hace aún más relevante al observar los precios FOB declarados por ambas empresas desde enero de 2023 hasta julio de 2023. Nos encontramos con que ambas compañías declaran precios que no reflejan el verdadero valor del carbonato de litio como un commodity. Un análisis de las bases de datos de la DGA (Dirección General de Aduanas) de AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) revela que cada certificación de embarque emitida por las empresas actuales, muestra precios FOB significativamente inferiores al precio internacional del carbonato de litio. Esta discrepancia refleja una pérdida sustancial de soberanía para todos los argentinos en lo que respecta a la valorización de este recurso y su impacto en la economía regional y nacional”.

Según los datos disponibles, Argentina exportó 16,759 toneladas de litio bajo el NCM-SIM N° 2836.91.00.000G desde enero de 2023 hasta julio de 2023, con un valor declarado de u$s 444 millones de dólares según los certificados de embarque. Sin embargo, si comparamos estos valores con los precios internacionales reales de este commodity y los convertimos al FOB según la fórmula aplicable en Argentina, deberíamos obtener un monto de u$s 1.127 millones de dólares, lo que resulta en una diferencia impactante de u$s 683 millones de dólares.

Últimos datos advierten de una persistente Subfacturación en las Exportaciones de Carbonato de Litio en Argentina.

El sector de las exportaciones de carbonato de litio en Argentina ha sido objeto de atención en agosto de 2023 debido a la continuación de un problema persistente. Durante el mes pasado, tres empresas sobresalieron en términos de volumen de exportación:

1- Sales de Jujuy Sociedad Anónima: Esta empresa encabeza la lista con una impresionante participación del 78,34% en el total de las exportaciones hasta agosto de 2023.

2- Minera del Antiplano SA (Livent): Contribuyó de manera significativa, representando un 20,09% del volumen exportado.

3- Minera Exar SA: A pesar de ser relativamente nueva en el mercado, Minera Exar SA comenzó el mes con un modesto 1,57%.

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Volumen de Exportación y Comparación con el año anterior:

En agosto de 2023, Argentina exportó carbonato de litio por un valor declarado de aproximadamente $61 millones, según datos proporcionados por la Aduana Argentina (AFIP). Este valor se traduce en un volumen de alrededor de 2,826 toneladas métricas. Al comparar estos números con el mismo período en 2022, cuando las exportaciones alcanzaron cerca de $70 millones en 2,649 toneladas, las mismas evidenciaron un aumento del 6,68% en términos de volumen. Es relevante destacar que esta cifra incluye las exportaciones de Minera Exar SA, que representó 646 toneladas en agosto de 2023.

Discrepancias en el Crecimiento Esperado:

La cifra del aumento del 6,68% en el volumen de exportación pone en entredicho las afirmaciones sobre un crecimiento significativo en las exportaciones de litio en agosto de 2023, tal como se había pronosticado en algunos sectores políticos y medios. Es esencial establecer datos precisos, ya que las decisiones de inversión y las expectativas económicas dependen en gran medida de información fiable.

Cumplimiento con la Resolución General 5197/2022:

La Resolución General 5197/2022 de la AFIP establece un precio de referencia de $53 por kilogramo de carbonato de litio para las exportaciones en todo el territorio argentino. Sin embargo, es evidente que las operaciones de exportación realizadas por las principales empresas no cumplen con esta regulación. Veamos algunos ejemplos concretos:

Sales de Jujuy SA: (Jujuy- Argentina)

• Permiso de embarque del 29/08/23 N° 23. 008.EC03.001437J con destino a Corea del Sur, valor FOB de $30,83 por kilogramo y un total de 108,000 kg.
• Permiso de embarque del 29/08/23 N° 23. 001.EC03.009806K con destino a China, valor FOB de $15,47 por kilogramo y un total de 200,000 kg.

Minera del Antiplano SA (Livent): (Catamarca-Argentina)

• Permiso de embarque del 30/08/23 N° 23. 008.EC03.009887T con destino a Países Bajos, valor FOB de $11,30 por kilogramo y un total de 17,600 kg.
• Permiso de embarque del 30/08/23 N° 23. 001.EC03.009893Z con destino a Japón, valor FOB de $11,30 por kilogramo y un total de 5,000 kg.

Minera Exar SA: (Jujuy-Argentina)

• Permiso de embarque del 29/08/23 N° 23. 008.EC03.001444H con destino a China, valor FOB de $16,48 por kilogramo y un total de 244,800 kg.
• Permiso de embarque del 29/08/23 N° 23. 001.EC03.001444H con destino a China, valor FOB de $16,48 por kilogramo y un total de 235,200 kg.

Impacto en la Economía y la Transparencia:

La falta de transparencia en las exportaciones de litio tiene consecuencias significativas para la economía argentina, dado el potencial de ser el segundo país con mayores reservas de litio en el mundo. Establecer precios justos y promover contratos transparentes son elementos cruciales para el crecimiento económico sostenible y transparente del país.

En resumen, las exportaciones de carbonato de litio en Argentina continúan enfrentando un desafío crítico relacionado con la subfacturación y la falta de transparencia en las operaciones. Esta situación requiere una acción inmediata por parte de las autoridades para garantizar el cumplimiento de las regulaciones existentes y promover el crecimiento sostenible de esta industria crucial para el país.