Determinan que se contrataron un centenar de estudios privados para llevar causas del Estado

La gestión del presidente Mauricio Macri contrató al menos 104 estudios jurídicos privados para llevar adelante causas judiciales impulsadas por organismos del Estado, determinó un relevamiento de la asociación Bajo La Lupa, que encabeza la ex diputada Margarita Stolbizer.

La organización consideró que las contrataciones se dieron en un marco de falta de transparencia y generando un sobrecosto para el Estado, al no ser llevadas las causas judiciales por parte de abogados que integran el Estado.

El relevamiento, que se nutrió de un pedido de acceso a la información pública a la Procuración del Tesoro, fue realizado en abril de 2018 y salvo casos particulares, la ONG determinó que no fue posible determinar el monto total de las contrataciones de abogados externos por no haberse brindado tal información.

«La carencia de la documentación en la Procuración del Tesoro imposibilitó además advertir conflictos de interés que pudieran perjudicar los intereses del Estado. Se advierte que los contratos o las explicaciones brindadas no ofrecen los detalles suficientes para poder individualizar con claridad y transparencia la necesidad de dichas contrataciones. Y en todos los casos se tratan de contrataciones directas que vulneran los principios de transparencia», explicó la abogada Silvia Martínez.

Según publicó Diario Popular, los datos concluyen que «se estarían privatizando tareas que son propias del Estado, duplicándose los costos toda vez que la administración pública cuenta con personal que realiza o podría realizar las mismas tareas».

De acuerdo al muestreo, organismos como la AFIP, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el Banco Nación y el Banco Central o el Ministerio de Educación, son algunos de los que han contratado letrados externos.

En el caso de la AFIP, la Procuración del Tesoro informó que el ex juez y diputado radical Ricardo Gil Lavedra, Juan José Avila y Tomas Farini Duggan asesoraban al organismo en asuntos legales.

El ex camarista fue convocado como parte de la querella del organismo en el juicio por evasión contra los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

«En todos los casos, se determinaron los valores a abonar de acuerdo al mercado pero se estableció como tope las erogaciones que realiza el organismo para la contratación de asesores externos. El tope del Dr. Gil Lavedra era de $181.500 mensuales.

El tope de los Dres. Avila y Farini Duggan se estableció en $96.800 mensual para cada uno. El monto total abonado al Dr. Gil Lavedra desde agosto de 2016 hasta julio de 2018 asciende a la suma de $4.198.216», enumeró el trabajo de Bajo la Lupa.

Aunque el trabajo de la ONG indicó que en los departamentos jurídicos de los ministerios revisten 5 mil abogados, para la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) esa cifra alcanza los 25 mil incluyendo organismos descentralizados, universidades, entre otros entes.