Diputados aprobó reformas en ley de barrios populares: suspenden desalojos y promueven acceso a servicios básicos

Aldo Battisacco – Conclusión Buenos Aires

La Cámara de Diputados sancionó en la tarde de este miércoles, por amplia mayoría, el proyecto que propone reformar la ley de integración socio urbana de barrios populares, aprobada en 2018, y prorroga por diez años la suspensión de los desalojos. Con la media sanción obtenida, la iniciativa ahora deberá discutirse en el Senado.

El plenario legislativo aprobó por 227 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el interbloque Federal, Provincias Unidas y la izquierda, mientras hubo dos votos negativos de Francisco Sánchez, del Pro, y Carolina Píparo, de Avanza Libertad. Las tres abstenciones correspondieron a los macristas Gustavo Hein, Marilú Quiroz y Carlos Zapata (Ahora Patria-JXC).

Tras el resultado positivo en la Cámara Baja, Conclusión habló con la diputada del Frente de Todos, Natalia Zaracho, quien indicó: “Es muy importante la política que transforma y pone como prioridad a los vecinos y al pueblo que más sufre. Esta no es una transformación general, pero es un paso muy importante”.

En relación a la iniciativa, la legisladora apuntó: “Es un proyecto que no solamente piensa en las transformaciones para que los vecinos vivan mejor, sino que también refleja cómo pensamos nuestra economía, que se mueve de abajo para arriba, cómo hacemos para generar y reconocer el trabajo de la economía popular en un momento donde está habiendo muchos problemas laborales”.

#ConclusiónBuenosAires | @DiputadosAR le dio media sanción al proyecto que propone reformar la ley de barrios populares. Al respecto, la legisladora @Naty_Zaracho consideró que “es un paso muy importante”.

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— Conclusión (@ConclusionRos) October 12, 2022

La diputada del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Natalia Souto, dijo a Conclusión: “La media sanción es fundamental porque tiene que ver con dar visibilidad a la problemática de los barrios populares, prorroga los desalojos, le asignan el 25% de la obra pública y también un fideicomiso que lo hace sustentable en el tiempo y un proyecto real”.

“Básicamente, lo que significa el proyecto es que la gente que vive en los barrios populares pueda tener un certificado de dominio de la propiedad, lo que les permite acceder al correo, a los servicios básicos de luz, gas, saneamiento, cloacas”, completó la legisladora, quien luego aseguró que se deben desarrollar políticas públicas para el desarrollo de viviendas.

Por su parte, y antes de que la propuesta obtenga la media sanción, el referente del barrio El Porvenir e integrante de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Mario, expresó: “Como organización venimos a hacer el aguante e intentamos que la ley consiga la aprobación debido a que en territorio tenemos un trabajo extenso, con un laburo bastante importante para la gente que vive dentro de los barrios populares. Son barrios muy precarios con obras que a través del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) se van llevando adelante mínimamente, y mejoran un poco la calidad de vida a los vecinos”.

Tras advertir que muchos barrios populares no pudieron inscribirse en el ReNaBaP pese a cumplir con las cualidades, el militante de la CCC manifestó: “Para formar parte del registro los barrios populares no tienen que acceder a dos de tres servicios básicos, como agua, luz y cloaca. En su mayoría los barrios populares cuentan con un servicio de electricidad ilegal, porque el formal no ingresa; la red de agua no es potable; y en su mayoría no tienen cloacas. Por lo general, los barrios que componen el ReNaBaP no tienen ninguno de los servicios básicos”.

A su turno, el diputado del Frente de Todos y exministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, destacó, en diálogo con Conclusión: “Estamos hablando de cinco millones de personas que viven en 5.600 villas, barrios o asentamientos, donde no hay servicios básicos. En el 2018 se votó una ley y se hizo un registro, en ese momento eran 4.400 barrios, y un fondo para empezar a urbanizar. Hoy se están urbanizando 600 barrios”.

“Lo que estamos votando hoy es la ampliación a 5.600 barrios, porque se toman las localidades de menos de 10.000 habitantes, y la prórroga que suspende los desalojos por diez años. En diez años tenemos que urbanizar todo. El 25% de las obras tiene que ser mano de obra local, gente del barrio”, agregó Arroyo.

Por último, el diputado del Frente de Todos Mario Leito habló con este medio previo a que se apruebe el proyecto, y consideró: “Esto ayuda a los sectores más necesitados, y tiene un alcance para resolver los problemas de la gente”.

¿En qué consiste la iniciativa?

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional propone ampliar el alcance de la ley sancionada en 2018 (declarando la utilidad pública de 1.176 nuevos barrios), prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años (como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda) y agilizar los procesos administrativos.

A través del proyecto también se promueve fortalecer el acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los conglomerados incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

El proyecto de ley busca actualizar el Registro Nacional de Barrios Populares, prórroga de la suspensión de desalojos como garantía para la implementación de la ley y resguardar el derecho a la vivienda por el plazo que dure la declaración de utilidad pública (10 años).

Asimismo, la iniciativa apunta a declarar la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares por el plazo de dos años, garantizar los servicios públicos e incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de las viviendas.