Diputados de distintos bloques repudiaron el 2×1 a favor de un represor

Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires (enviado especial)

Poco después que el fiscal Marijuan imputara a los jueces de la Corte que firmaron el 2×1 para ex represores y que aceptara abrir una investigación  contra los magistrados  Elena Highton, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, a causa de una denuncia del abogado Marcelo Parrilli, por «violar el contrato social de los argentinos», el clima en la Cámara de Diputados no dista mucho de lo que sucede en el 80% del país, el repudio es generalizado.

Legisladores de distintas bancadas dialogaron con Conclusión y manifestaron su posición respecto del fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilitó la liberación del represor Luis Muiña que había sido condenado por el secuestro y aplicación de torturas a cinco personas a cumplir una pena de 13 años de prisión.

Antes de iniciarse la sesión en Diputados, Taty Almeida, quien es escritora y activista argentina por los derechos humanos, e integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora llegó acompañada por un grupo de legisladores. Con paso lento pero seguro ingreso a la corredor que la llevó al recinto para escuchar la palabra de los legisladores.

Diputado, Alejandro Grandinetti

El diputado por Santa Fe, Alejando Grandinetti, manifestó sobre la decisión de los jueces de la Corte: «consideramos que es ilegal, existiría la posibilidad que se debata en el recinto con la premisa de cambiar el artículo 2 del Código Penal, y va en contra de todo lo que propusimos desde el Frente Renovador, que está en contra de cualquier medida que reduzca las penas, desde los delitos comunes y mucho más con delitos de Lesa Humanidad, que además de ser ilegal es injusto y deplorable la decisión del máximo tribunal».

Consultado de cual sería el remedio para subsanar este resolución de la Corte, Grandinetti ratificó que «habría que modificar la ley particularmente para crímenes de lesa Humanidad», sobre la posibilidad de llevar al juicio político a los jueces estimó «que todavía falta para para poder expedirnos en este sentido si creemos que esta decisión no esta a tono en la interpretación como ya lo han planteado otros jueces de primera y segunda instancia».

Diputada, Gisela Scaglia

Por su lado, la legisladora de Cambiemos de Santa Fe, Gisela Scaglia, entiende que «la posición del 2×1 nunca tendría que haber existido, en primer lugar porque todo lo que tiene que ver con Lesa Humanidad es imprescriptible e incluso una de las diputadas de nuestro bloque ha presentado una denuncia a la Corte Internacional, pero más allá de esta decisión el 2×1 no debe existir para nadie, las penas no se deben conmutar, las penas se tienen que cumplir».

Preguntada si considera que los delitos de Lesa humanidad y los recientemente considerados graves por el Congreso poseen una misma jerarquía a los consagrados en los Pactos internacionales, la parlamentaria señaló que «así debe ser, en ese sentido tenemos que buscar un país que sea ágil en la justicia, que se actúe rapidamente y que se cumpla. No quiero opinar respecto al fallo y cual fue el criterio del magistrados para votar tal resolución. Solo podemos pensar que es lo que se puede hacer desde la el Parlamento, bregar por derogar en todo sentidos la existencia del 2×1. Esta en mi posición personal» dijo Scaglia.

Diputado Pablo López

Por otra parte, y con una posición mucho más orientada hacia la vía de la destitución de los magistrados, el legislador salteño Pablo López, manifestó que desde el bloque de diputados del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), «repudiamos y llamamos a la gran movilización contra este fallo. Nuestra fuerza a presentado un pedido de Juicio Político a los miembros de la Corte que emitieron votaron esto, por anti-jurídico y que va en la línea de la reconciliación que ya planteó la curia, entre los genocidas y sus víctimas. Pero que también se condice con la intervención de las fuerzas armadas en asuntos internos de la vida del país, con la ley anti terrorista, con el Proyecto X, con la designación de Milani al frente del ejercito, y va también en la línea de la política represiva del gobierno, así lo indica la posición de que no hubo un genocidio a través de Gomez Centurión , de Lopérfido, de Avruj. Es un fallo para la impunidad y sostener un dispositivo represivo como respuesta al ajuste que el gobierno viene ejecutando y que profundizará más aún en poco tiempo».