Diputados del FPV denunciaron a Peña por transferencia de datos de la Anses

Diputados kirchneristas embistieron judicialmente hoy contra el decreto que permite a la Anses trasferir su base de datos a la Secretaría de Comunicación Pública y pidieron tanto la nulidad de la norma como una investigación penal contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña, que la firmó.

«Tenemos todo el derecho a sospechar que el uso de la información por parte del jefe de Gabinete será ilegal, en violación a la ley 25.236 de protección de datos personales», advirtieron los diputados nacionales Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade en su denuncia, que recayó en el juzgado federal de Ariel Lijo.

Para los legisladores, Peña incurrió supuestamente en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, además de la violación de secretos y de la privacidad, al pretender «utilizar los datos para hacer propaganda política, campañas de desprestigio y operaciones de manipulación de la opinión pública.

«Aún si la declarada finalidad de mantener informada a la población fuera cierta, el área de gestión de Peña no cuenta con los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios para tratar ese enorme banco de datos personales», por lo que los datos de la población «terminarán en las manos de empresas privadas», advirtieron los denunciantes.

Además del ministro coordinador fueron denunciados el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso; el secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco, y el subdirector ejecutivo de la Anses, Federico Braun, quienes deberán ser investigados por el fiscal Guillermo Marijuán si habilita esa imputación.

En tanto, el jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, junto a las diputadas nacionales Teresa García y Carolina Gaillard presentaron una acción de amparo de alcance colectivo a fin de que la Justicia en lo contencioso administrativo federal declare la nulidad de la Resolución 166/16.

En su presentación ante la jueza Liliana Heiland, los legisladores pidieron la apertura de la feria judicial para tratar a la brevedad el expediente y advirtieron que se está ante una violación «del derecho a la intimidad previsto en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, como de la ley 25.326 de Protección de Datos Personales».

La resolución permitirá que la Anses remita a la Secretaría de Medios listados con nombre y apellido, DNI, domicilio, teléfonos, CUIT/CUIL, estado civil, fecha de nacimiento, estudios y direcciones de e-mail de cada persona, segmentados según el tipo de beneficio o prestación que reciben del Estado, incluyendo la jubilación o planes sociales.

«La ley 25.326 establece que los datos no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención», sostienen los diputados, y en especial de los «datos sensibles», como los relativos a la salud de los individuos», expresamente prohibido por el artículo 2 de esa norma.

Ese uso, «puede provocar que reciban llamados telefónicos a su domicilio personal o hasta su teléfono celular o reciban correos electrónicos a su cuenta personal por parte de un órgano del Estado que accedió a esta información sin ser suministrada por los individuos para este fin.

Ante las primeras críticas que despertó la iniciativa oficial, Peña se apuró en aclarar que el objetivo no tiene que ver con la comunicación política o propagandística: «Es para mejorar el vínculo no de un gobierno sino del Estado con los ciudadanos», señaló.