La Cámara de Diputados envió este lunes al Senado el proyecto de ley aprobado el martes pasado que propone un nuevo sistema de actualizaciones de los haberes jubilatorios, el cual es rechazado por el Gobierno Nacional, ya que anunció que vetará esa iniciativa impulsada por la oposición.

Ahora, la iniciativa sancionada por amplia mayoría en Diputados está en condiciones de ser tratada por el Senado, donde será aprobada con facilidad ya que tendrá los 33 votos de Unión por la Patria (UxP), la Unión Cívica Radical (UCR) y otras bancadas.

La iniciativa fue aprobada con 160 votos positivos contra 72 negativos y 8 abstenciones, lo que implica que alcanzaron los dos tercios, que es la mayoría que se requiere para rechazar un veto presidencial si el Gobierno utiliza esa herramienta, como anunció el presidente Javier Milei.

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Uno de los datos de esa sesión fue la ausencia a la hora de la votación de siete legisladores del PRO, entre ellos María Eugenia Vidal y Silvia Lospennato, de los dos diputados de Producción y Trabajo y los tres legisladores del bloque Independencia que responden al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que hasta ahora vienen acompañando la sanción de todos los proyectos del oficialismo.

La normativa sancionada por Diputados contempla otorgar un 8,1% adicional para compensar la inflación de enero, ya que el Gobierno había otorgado un 12,5% y el IPC de ese mes fue del 20,6%, y ese es el punto que centralmente rechazada el Gobierno Nacional con el argumento que afectará su política de déficit cero.

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También establece aumentar las jubilaciones de acuerdo al Índice de Inflación, pero fija que se dará un aumento adicional en marzo de cada año.

En ese sentido, fija que «adicionalmente, en el mes de marzo de cada año, se aplicará el siguiente aumento: un cincuenta por ciento (50%) de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año calendario anterior. Si esta variación no hubiera sido positiva, no se aplicará ajuste alguno y el cálculo al año siguiente se hará en base al último índice utilizado».

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También fija un mecanismo para pagar la deuda con las cajas previsionales, donde establece que se deberán cancelar las deudas con las provincias a partir de los recursos que se obtengan de impuestos que tienen asignación específica para el Anses así como el pago de las sentencias firmes dentro de los seis meses de sancionada la ley, aunque en este caso habrá una prórroga de seis meses.