Diputados se encontraron con juristas para debatir la constitucionalidad del DNU 70/23
Legisladores peronistas, socialistas y trotskistas se reunieron con diferentes abogados constitucionalistas para debatir en la Cámara Baja sobre la legalidad del decreto 70/23. Del encuentro participaron casi dos decenas de juristas y cinco diputados radicales díscolos para argumetar la inconstitucionalidad y gravoso de la norma. Si bien el encuentro se realizó con normalidad esta tarde de martes, denunciaron que las autoridades libertarias dieron de baja la transmisión en vivo de la actividad.
Legisladores integrantes de los diferentes bloques no alineados con el oficialismo realizaron este martes por la tarde una jornada de debate con numerosos abogados constitucionalistas para analizar la constitucionalidad del DNU 70/23. El objetivo del encuentro fue poner en discusión el texto de ley y su encuadramiento con la Carta Magna de cara a su tratamiento legislativo. Si el DNU obtiene otra negativa en Diputados, la medida será definitivamente derogada.
El convite fue realizado en el salón del Anexo C de la Cámara de Diputados, a 23 días del freno colocado en la Cámara Alta donde 42 votos negativos, 25 positivos y 4 abstenciones marcaron la primera negativa al avance del megadecreto en la legislatura. No obstante, hasta que la Cámara Baja no disponga su nulidad con la mitad más uno de los votos, el decreto y su texto siguen en plena aplicación.
Los diputados de Unión por la Patria (UxP), el Frente de Izquierda (FIT) y los integrantes del Partido Socialista (PS) llevaron adelante una reunión con 18 expertos constitucionalistas para debatir la legalidad del decreto, entre los cuales estuvo el letrado Andrés Gil Dominguez, el convencional constituyente Eduardo Barcesat, Pablo Manili, entre otros juristas. Además, se sumaron a la actividad cinco legisladores radicales Pablo Juliano (Provincia de Buenos Aires), los jujeños Natalia Sarapura y Jorge Rizzotti, el entrerriano Pedro Galimberti y la pampeana Marcela Coli.
Foto publicada por la periodista Gabriela Pepe en su cuenta de X.
Si bien la actividad se realizó con normalidad, el diputado santafesino Eduardo Toniolli denunció que, de forma unilateral, las redes sociales de la Cámara (presidida por el libertario riojano Martín Menem) dieron de baja la transmisión del debate: “¿Será porque todos los que expusieron hasta ahora denunciaron la inconstitucionalidad del DNU?”.
“Mientras el gobierno nacional intenta ganar tiempo con la Ley Bases, esto es una acción política que tenemos que llevar adelante con urgencia para que el DNU deje de perjudicar la economía de los argentinos”, aseguró Esteban Paulón, legislador rosarino por el Partido Socialista y aseguró que el objetivo es poner en agenda el decreto y lograr su tratamiento y posterior derogación.
CENSURA▶️ La presidencia de @DiputadosAR cortó la trasmisión digital y televisiva de la jornada “Análisis constitucional del DNU 70/2023”, convocada por distintos bloques y en la que participan reconocidos constitucionalistas. ¿Será porque todos los que expusieron hasta ahora…
— Eduardo Toniolli (@eduardotoniolli) April 9, 2024
El militante del partido de la rosa roja y ex subsecretario de políticas de diversidad sexual durante el gobierno de Miguel Lifschitz argumentó el encuentro al sostener que “más allá de la Ley Bases que estamos esperando para comenzar a analizar, es muy importante tratar la derogación del DNU, que ya ha sido rechazado en el Senado y que está perjudicando a todos los argentinos”, argumenta Paulón.
A la postre, el diputado agregó que “el DNU ha tenido efectos muy negativos, uno de ellos lo ha señalado el propio Ministro de Economía, quien es firmante de decreto, pero que ahora se da cuenta que la desregulación del sector de medicina prepaga ha generado un tarifazo impagable para la clase media”, concluyó.
El abogado constitucionalista e integrante de la Convención Nacional Constituyente realizada en 1994 para la redacción de la Constitución Nacional vigente, Eduardo Barcesat, apuntó que solicitará el juicio político contra el presidente: «Particularmente, nadie quiere que tengamos después del genocidio derivado del aparato de fuerza del Estado, operado con desvío del poder y que afectó los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad física y psíquica de los seres humanos, le siga ahora un genocidio producto de la exclusión y la marginación forzada de las grandes mayorías del pueblo argentino. De manera que, en ese compromiso, si es que los señores diputados no promueben de oficio el pedido de juicio político (al presidente de la Nación), hemos asumido el compromiso de hacerlo nosotros«, expuso a su turno.
Además, Barcesat adelantó que pedirá «un examen de las facultades mentales» de Javier Milei: «Decir que el Estado es una asociación ilícita o criminal no condice con los requisito que debe satisfacer un presidente de la Nación. Ser jefe de una asociación criminal no es un título muy prestigioso, aunque se lo haya endilgado a sí mismo«, concluyó el jurista.