Diputados tratará de aprobar el proyecto sobre lavado de activos en sesión especial

El proyecto había sido analizado en noviembre pasado por las comisiones de Legislación General y Finanzas, pero no había recibido dictamen.

Conclusión Buenos Aires

El proyecto del Poder Ejecutivo para reformar la ley de prevención y persecución de lavado de activos se tratará hoy en el recinto de la Cámara de Diputados en una sesión especial prevista para las 11, tras recibir ayer dictamen en un plenario de las comisiones de Legislación General, de Finanzas y de Legislación Penal.

Debido a diferencias entre los bloques de la oposición, la iniciativa obtuvo dictamen de mayoría impulsado por el Frente de Todos, con el respaldo del PRO, que plantea disidencias parciales, y uno de minoría que presentarían esta tarde la Coalición Cívica, Evolución Radical, la UCR y el interbloque Federal.

El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Germán Martínez, advirtió anoche que «hay sectores de la oposición que quieren impedir» que en la sesión prevista para hoy se apruebe el proyecto que actualiza la legislación sobre lavado de activos.

«Hay sectores de la oposición que quieren impedir este miércoles su aprobación en Diputados. Es clave para combatir el financiamiento del delito narco y que no se apruebe sería una pésima noticia para Santa Fe y Rosario», expresó el legislador.

Remarcó que «cada vez hay más reportes de operaciones sospechosas de lavado a través de activos virtuales (criptomonedas)», y sostuvo que, «por eso, los proveedores de servicios activos virtuales tienen que ser sujetos obligados y la Comisión Nacional de Valores los debe registrar y controlar».

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«Cuesta entender que muchos que se llenaron la boca diciendo que querían ayudar a combatir el delito narco ahora busquen obstaculizar una ley que pretende impedir el lavado de dinero. Esperemos que cambien de postura y ayuden a mejorar una realidad que nos duele», afirmó Martínez.

La sanción es considerada clave para el Gobierno ya que el próximo año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad.

El legislador de Corrientes y ex ministro de Seguridad de esa provincia, Manuel Aguirre señaló que «Este tipo de delito lo usa el terrorismo y el narcotráfico,  no nos puede pasar lo que pasa en Rosario y esto pasa porque el órgano mas importante para la lucha contra el narcotráfico, es la UIF, hay que atacar el dinero y quien hace las transacciones. la UIF debe ser autónoma y técnica, no lo uqe quiere el Poder Ejecutivo». «Hay que controlar el dinero en negro que casi en un 50% transita por Argentina».

La iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo en junio del año pasado tiene tres ejes centrales: las modificaciones al Código Penal, la reforma de la ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creación de un registro de activos virtuales.

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Otro punto importante es que se amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF y, en ese sentido, se dispone la incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.

Alejandro «Topo Rodríguez» de Consenso Federal, sostuvo que hay convicción para avanzar con la legislación penal vigente, señalo que hay acuerdo entre el oficialismo y la oposición y aclaró que su interbloque, tiene como preocupación plantear la autonomía de la Unidad de Información Financiera».

Para Graciela Camaño, «se persiguen los delitos del poder. Iremos con dictamen propio, queremos ordenar institucionalmente además de seguir las sugerencias del GAFI», la clave es que la UIF, sea un organismo independiente del político de turno», «establecerle obligaciones férreas en el acompañamiento a la Procuración frente a las denuncias y resguardar el secreto profesional de abogados».

El proyecto contempla diversas reformas, entre ellas, convierte a la Unidad de Información Financiera (UIF) en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.

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