A 22 años del Corralito: el catastrófico final de la convertibilidad

En este mes de diciembre se cumplen 22 años del fatídico «corralito», financiero aquella medida que disparó un proceso crítico y que configuró el comienzo de fin del gobierno de Fernando de la Rúa. Si bien en un inicio apuntó a rescatar el modelo de la Convertibilidad (basado en la paridad 1 a 1 del peso con el dólar), detener la caída de las reservas y evitar el default, a fin de cuentas ocasionó todo lo contrario. Detrás del tsunami hay nombres propios y rostros que nuevamente ganan lugar en la esfera pública.

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— Conclusión (@ConclusionRos) December 3, 2023

El sábado 1 de diciembre, el entonces ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, anunció el congelamiento de los depósitos existentes en los bancos, que sumaban 16.000 millones de dólares en cajas de ahorro y cerca de 42.000 millones en plazos fijos.

De esta manera, el Gobierno recortó el uso libre de los depósitos bancarios, incluso en el caso de los sueldos, y limitó a 250 pesos semanales el retiro de fondos bancarios. Fue la estrategia que utilizó para ponerle un tapón a la fuga de depósitos que había comenzado en octubre del 2000, en el marco de una crisis política que impulsó la renuncia del entonces vicepresidente de La Alianza, Carlos «Chacho» Alvarez.

¿Cómo se llegó a eso?

En los meses posteriores a dicha renuncia, la fuga de divisas transitó una tenue y esporádica recuperación gracias al «blindaje» concretado en enero de 2001, con un multimillonario crédito del Fondo Monetario Internacional que sirvió para -tal el término utilizado- «blindar» la economía de los sacudones financieros. Aun así, el respiro duró poco. A partir de marzo de ese año, a raíz de la renuncia del ministro de Economía, José Luis Machinea, la fuga volvió a incrementarse.

Bajo la premisa de mantener la convertibilidad y evitar una devaluación, el presidente De la Rúa convocó a Cavallo, precursor de esa norma que, en 1991, durante la gestión de Carlos Menem, estableció que por cada dólar que ingrese a las reservas argentinas, se emitiría un peso.

Pasaron algunos meses con Cavallo en funciones, hubo un aparente alivio y en junio del 2001 la salida de depósitos mostró niveles menores a raíz de la reprogramación de la deuda pública conocida como «megacanje», pero los beneficios tuvieron corto alcance.

La ultima corrida comenzó en julio de ese año, y fue tomando velocidad. En agosto, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, John Taylor, visitó la Argentina «preocupado» por la volatilidad de los depósitos bancarios.

Una vez más, la Argentina acudió al FMI para solicitar una ampliación del acuerdo de «stand by» pero tampoco así se frenó la fuga, como tampoco lo hizo un nuevo canje de deuda en dólares «compulsivo», por préstamos garantizados bajo ley nacional, a fines de noviembre, para las AFJP y bancos, entre otros. El ultimo manotazo de ahogado resulto entonces el «corralito», que estableció el 2 de diciembre de 2001, un límite de 250 pesos semanales para el retiro de fondos bancarios.

Llegado el final de ese año, los gobiernos provinciales, faltos de dinero, comenzaron a instaurar las denominadas cuasimonesdas para pagar sueldos y contratos a proveedores.

Funcionaban como una especie de bonos, que eran utilizados como moneda corriente para intercambio de bienes.

Entre 2001 y 2003 se habían emitido cuasimonedas por el equivalente a 2.500 millones de dólares, que fue finalmente el costo del rescate que pagó el Gobierno nacional para terminar con esos instrumentos, de los cuales el más difundido fue el Patacón, emitido por la provincia de Buenos Aires.

Cuando el puntano Adolfo Rodríguez Saá fue designado presidente (cargo en el que permaneció durante ocho días), el 23 de diciembre por la Asamblea Legislativa, se declaró la cesación de pagos de la deuda externa y, de esta forma, el país ingresó al default.

En detalle, fueron suspendidos los pagos de una deuda que alcanzaba los U$S 144.453 millones.

Implosión

El 3 de enero de 2002, bajo el gobierno de Eduardo Duhalde, quien resultó el quinto presidente en menos de 15 días, se anunció que «la devaluación estaba descontada», y el encargado de implementarla fue el entonces ministro de Economía, Remes Lenicov.

Duhalde confirmó la devaluación apenas un día después de haber pronunciado su memorable frase en su discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa: «El que depositó dólares recibirá dólares».

En todos los rubros de la economía, las estadísticas mostraban un rojo de dos dígitos: pobreza llegaba al 36 por ciento y el desempleo a un 18,3 por ciento.

En tanto, las reservas del Banco Central eran de 9 mil millones de dólares, regían 14 tipos de cuasimonedas (el 65% del dinero circulante) y los bancos se encontraban «destruidos», según reconocía el propio Remes Lenicov.

El 6 de enero de 2002 se derogó la Ley de la Convertibilidad, que había estado en vigencia desde 27 de marzo de 1991.

En febrero de 2002, el Gobierno de Duhalde decidió convertir compulsivamente a pesos los depósitos bancarios en moneda extranjera, a una tasa de $1,4 por dólar. Lo que licuó considerablemente el dinero de los argentinos. Según algunos relevamientos, esto impulsó alrededor de 160.000 recursos de amparo de los ahorritas, que tuvieron escaso éxito y la mayoría se perdió entre una maraña de abogados.

Foto: Gentileza del diario Clarín.

La cifra atrapada por el corralito fue de 60.000 millones de dólares, de los cuales solo se devolvieron 19.000 millones a tipo de cambio actualizado.

Nada de este proceso fue gratuito para el pueblo argentino. Un estudio de la Fundación Favaloro expuso que unas 20.000 personas fallecieron por enfermedades coronarias que asociaron con el estrés generado por la crisis económica de entonces.