La agrupación Inquilinos Agrupados realizó una encuesta para conocer la situación de las personas que alquilan, después de que este mercado se desregulara mediante el DNU 70/2023. Del informe se desprendió que, en el mes de junio, poco más del 34% de los ingresos de las familias inquilinas se destinó a pagar la renta y las expensas.
La encuesta –de la que participaron 2.400 inquilinos de todo el país– arrojó que aquellas familias que firmaron un contrato de locación una vez que el DNU 70/2023 entró en vigencia –y que, por lo tanto, no estuvieron bajo las regulaciones establecidas por la Ley de Alquileres–, debieron destinar un 38,6% de sus ingresos a pagar el alquiler.
En junio, los habitantes de la provincia de Santa Fe que aún tenían un contrato dentro de la Ley de Alquileres afrontaron rentas que fueron entre un 41% y un 52% más baratas que las que debieron pagar quienes firmaron contratos después de diciembre. Cabe recordar que, con la promulgación del DNU, los precios y el período de aumento deben ser acordados entre los inquilinos y los propietarios.
Asimismo, se indicó que el 15% de los encuestados se vio en la necesidad de mudarse en los últimos meses por no poder afrontar el precio del alquiler.
Entre los contratos celebrados desde enero a esta parte, sólo el 9,7% fue por un plazo de tres años. Como contracara, aumentaron los contratos cortos: los estipulados por un año o menos representaron el 27,2% de los casos; mientras que los que duran entre un año y dos pasaron a ser los más frecuentes, usados en el 57,7% de los alquileres.
“Sin la Ley de Alquileres, la actualización anual de precios ya casi no se presentó como una posibilidad. El 95,5% de los inquilinos tuvo ajustes en el precio de su alquiler en plazos iguales o menores a seis meses. Siete de cada diez personas que firmaron sus contratos luego del DNU tuvieron aumentos mensuales o cada tres o cuatro meses”, señaló el informe.
En cuanto al mecanismo de aumento, el más frecuente fue el Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, un ajuste por inflación, mecanismo que se hizo más usual después del DNU; y, en segundo lugar, el Índice de Contratos de Locación (ICL).
El estudio también advirtió que el 62% de los hogares inquilinos encuestados tuvo deudas de algún tipo: más de la mitad dijeron tener cuentas pendientes con las tarjetas de crédito, mientras que casi el 38% se endeudó para comprar alimentos. Además, el 88,2% de las personas consultadas consideró que podría tener problemas para afrontar el pago del alquiler en los próximos meses.
En junio, los alquileres fueron entre un 30% y un 48% más caros que en marzo: “En enero, los inquilinos pagaban en promedio $121.017 por una vivienda de dos ambientes. Sólo dos meses después, el precio rondaba los $161.113. Y, en junio, el valor alcanzó los $217.424”.
¿Qué pasó con los alquileres en Santa Fe?
Un monoambiente cuyo contrato de alquiler se firmó antes del DNU, tuvo en junio una renta de $123.462; un monto que saltó a $177.193 si la locación se acordó una vez que el decreto de necesidad y urgencia entró en vigencia.
Una vivienda de dos ambientes tuvo en junio una renta de $144.177 si el contrato estaba bajo la Ley de Alquileres, pero si el mismo se firmó una vez entrado en vigencia el DNU, el monto ascendió a $230.412; mientras que un inmueble de tres habitaciones pasó de tener un alquiler de $157.243 a uno de $269.4456.
