El Gobierno pone el pie en el acelerador y pide apurar el tratamiento del impuesto a la renta inesperada

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, reclamó este jueves que en la agenda parlamentaria del Congreso se le dé prioridad al tratamiento del proyecto de ley a la renta inesperada, enviado al Parlamento por el Gobierno en junio último.

“El Gobierno cree que en la agenda parlamentaria hay otros temas más importantes como el de la renta extraordinaria”, respondió la portavoz cuando, en su habitual conferencia de prensa de los jueves, fue consultada sobre el debate en torno a una posible eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“El Gobierno envió en junio de este año el proyecto de Renta Inesperada que quiere que se discuta en el Congreso y que está vigente en otros países con muy buenos resultados”, agregó la portavoz.

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Tras lo cual, explicó que “es un tema que el presidente habla con los líderes internacionales”, y precisó que el tributo ya fue implementado en países como Italia, España y Gran Bretaña.

Cerruti señaló que el impuesto permitirá otorgarle mayores ingresos al Estado “que van a poder ser redistribuidos en las políticas que muchos sectores están reclamando” gravando a quienes han tenido ganancias extraordinarias “debido a situaciones trágicas de la humanidad, como la guerra y la pandemia”.

El proyecto para crear un impuesto a la Renta Inesperada fue anunciado por el ex ministro de Economía Martín Guzmán e ingresó al Congreso el 8 de junio pasado.

Pese a que su tratamiento no registró avances en el Congreso, la semana pasada el presidente Alberto Fernández anticipó que el Gobierno volvería a impulsarlo por entender que tiene “un sentido redistributivo y de justicia”.

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“Tenemos que volver a impulsar el proyecto de impuesto a la renta extraordinaria que mandamos al Congreso. Está ahí y no lo tratan”, cuestionó el mandatario.

¿En qué consiste el proyecto?

El proyecto, de tres artículos, consiste en una sobre alícuota de 15% y “por única vez” del Impuesto a las Ganancias de Sociedades de Capital en el ejercicio Fiscal 2022.

El tributo alcanza a empresas con ganancia neta imponible o ganancia contable de más de $1.000 millones y que cumpla con al menos una de estas condiciones: su margen de ganancia (ganancia contable sobre sus ingresos) sea superior al 10% en 2022, o bien haya tenido un aumento del margen de ganancia respecto al ejercicio anterior de, al menos, 20%.

Los cálculos oficiales estimaban en junio que, con los precios internacionales de ese entonces, alrededor de 350 empresas se encuadraban con una recaudación que rondaría los US$ 1.000 millones.

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En diversos países europeos ya se ha implementado un impuesto de este tipo y la Unión Europea planea avanzar en un gravamen común.

El tributo generalmente abarca sólo a las firmas energéticas y petroleras por considerarse que las mismas en la región han tenido rentas extraordinarias, no por una mayor productividad o inversión, sino como consecuencia directa de la guerra, y el incremento de precios de las commodities.

Lo recaudado, en todos los casos, se ha utilizado para subsidiar y colocarle un techo a los incrementos de las facturas de hogares y empresas.

Ejemplos internacionales

Diversas organizaciones se han expresado a favor de este tipo de tributos: la organización internacional Oxfam, que lucha contra el hambre en el mundo, pidió la implementación de un impuesto del 90% sobre las rentas excesivas para financiar el apoyo a las personas que enfrentan costos crecientes de alimentos y energía.

En Italia el impuesto, creado en marzo pasado y con carácter retroactivo, abarca a firmas del sector que han registrado aumentos de, al menos, 5 millones de euros a las que se les aplica una tasa del 25%.

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El impuesto, que pretende recaudar 10,5 millones de euros, ha tenido dificultades en su recaudación con diversas empresas presentando recursos al señalarla como inconstitucional, aunque pretende ser continuado por la nueva administración de Giorgia Meloni.

En tanto, en Reino Unido, el ex premier Boris Johnson estableció el llamado “Windfall Tax” el cual grava el 25% de las ganancias de las firmas energéticas aunque presenta deducciones de hasta 80% en caso de reinvertir las mismas en nuevas inversiones.

El actual primer ministro Rishi Sunak, planea extenderlo hasta 2028 e incrementarlo al 30%, con el objetivo de aliviar el déficit público de US$ 40.000 millones, según reportaron hoy la agencia Bloomberg y el diario londinense The Times.

Grecia, en tanto, aplicó un gravamen del 90% sobre la ganancia incremental, mientras que Alemania pretende avanzar en un proyecto que también gravará ese porcentaje siendo retroactivo a septiembre de este año.

Por su parte, Hungria fue más allá y creó un impuesto temporal que no solo abarca al sector energético sino también bancos, aseguradoras, cadenas minoristas, firmas de telecomunicaciones y aerolíneas, del cual se estima que se recaudará US$ 2.190 millones.

En tanto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió este lunes que, de no bajar los precios, las firmas energéticas “pagarán un mayor impuesto en base a sus ganancias en exceso y enfrentarán otras restricciones”.