El Gobierno y las aseguradoras, alineados sobre el decreto de indemnizaciones

Las aseguradoras de riesgos del trabajo defendieron este lunes el decreto que modificó el cálculo de las indemnizaciones por accidentes laborales, al sostener que permitirá garantizar los derechos de los 10 millones de trabajadores cubiertos por el sistema.

«Ante interpretaciones incompletas que ven en el DNU un cercenamiento de los derechos del trabajador, vía baja del monto de indemnizaciones», la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) sostuvo que «en lugar de cercenar lo que se propone con este DNU es garantizar los derechos de los 10 millones de trabajadores cubiertos».

La entidad indicó que «resulta obvio que no se puede indemnizar con tasas superiores al 100%, como venía ocurriendo hasta hoy, porque no hay rendimiento productivo ni financiero que genere esas rentas ni un inversor institucional como las ART que puedan legalmente acceder a ellas».

Sostuvo que «de continuar esta política, el sistema de ART se desfinancia, colapsando y dejando desprotegidos a los 10 millones de trabajadores».

Indicó que «de no corregir esta situación, el beneficio para uno deriva en injusticia para el conjunto por el riesgo de quiebra del sistema».

«El DNU pone nuevamente en eje, lo que los valores astronómicos de la coyuntura actual de la tasa desvirtuaron», sostuvo la UART en un comunicado.

La palabra del Gobierno

Por su parte, la jefa de Gabinete del Ministerio de Hacienda, Milagros Gismondi, afirmó este lunes que los críticos al decreto sobre accidentes de trabajo están «defendiendo la industria del juicio» y sostuvo que el régimen de indemnizaciones está distorsionado por las altas tasas de interés.

«Los críticos de este decreto no están defendiendo los derechos de los trabajadores, están defendiendo la industria del juicio», afirmó la funcionaria.

El Gobierno redujo las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva o muerte del trabajador, a través de un decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial.

«El DNU protege a los trabajadores, propiciando que las indemnizaciones por incapacidad laboral o fallecimiento se puedan pagar, de acuerdo al valor del salario del trabajador», afirmó Gismondi.

Sostuvo que el DNU «viene a subsanar la distorsión generada por la aplicación de tasa activa de interés a las indemnizaciones por accidentes de trabajo».

Al fundamentar la medida, agregó que «actualmente, por motivos macroeconómicos y de política monetaria, dicha tasa está en valores muy elevados, por lo cual las indemnizaciones por accidentes de trabajo se distorsionan de manera significativa».

«Cabe recordar que las ARTs deben previsionar los montos que deben pagar y para asegurar ese pago deben hacer inversiones que les permita mantener el valor del monto previsionado, pero no pueden hacerlo, porque no hay inversión financiera que iguale la tasa activa», añadió.

La funcionaria explicó que el DNU «reemplaza la tasa activa por la tasa de variación del RIPTE, que refleja la evolución de los salarios formales de la economía».

«El reemplazo de la tasa activa por la tasa RIPTE corrige estas distorsiones y resulta más compatible con un sistema ligado a la masa salarial», añadió.

Gismondi sostuvo que «en este contexto y ante la emergencia que enfrentamos tenemos la responsabilidad de cuidar a los 10 millones de trabajadores y un millón de empleadores».