Fijan nuevo plazo para que acreedores de Vicentín hagan pedidos de verificación de créditos
De esta forma, los acreedores de la empresa podrán presentar sus pedidos de verificación de créditos hasta el 25 de agosto inclusive.
La justicia de Santa Fe fijó el pasado viernes un nuevo plazo para que los acreedores de la empresa agroexportadora Vicentín presenten sus pedidos de verificación de créditos hasta el 25 de agosto inclusive, como parte del concurso preventivo de la compañía tras entrar en cesación de pagos.
El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de la Segunda Denominación de Reconquista, aprobó que los acreedores puedan realizar los pedidos de verificación de manera no presencial.
En consecuencia, los interesados podrán realizar sus pedidos a través de las «Verificaciones No Presenciales» (VPN), a partir de la pandemia de coronavirus y de que los acreedores de Vicentín se encuentran desperdigados por gran parte del territorio nacional.
A partir de la fijación de la fecha límite para los pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura, la justicia estableció que tendrá tiempo hasta el 13 de noviembre de este año para presentar los informes individuales y hasta el 16 de marzo de 2021 para el informe general, según informaron fuentes judiciales.
De esta manera, los más de 2.600 acreedores de Vicentín que no recibieron por parte de la empresa pago alguno por sus prestaciones podrán pedir la verificación de la deuda que Vicentín mantiene con ellos, calculada en 1.500 millones de dólares.
A finales del año pasado, Vicentín suspendió el pago a sus proveedores de granos, por un monto calculado en ese momento de US$ 350 millones, al aducir «estrés financiero».
El 11 de febrero, la empresa, al no poder realizar acuerdos extrajudiciales con sus proveedores, solicitó a la justicia santafesina ingresar en un concurso preventivo, el cual fue aceptado el 6 de marzo.
Allí, el juez fijó el 11 de marzo como fecha de audiencia de sorteo de la sindicatura; el 9 de junio como límite para la verificación de créditos; y ordenó la inhibición general de bienes de la agroexportadora, como lo establece la Ley de Quiebras y Concursos (LQC).