Funcionarios y gobernadores celebraron que el Congreso corrija «situación injusta y arbitraria»
Mauricio Macri señaló desde Tandil, a través de la red social Twitter, que la propuesta "saquea el presupuesto de la Ciudad y pone en riesgo la seguridad, la salud y el bienestar de millones de personas".
- Conclusión en Buenos Aires
- Dic 2, 2020
Funcionarios y gobernadores respaldaron este miércoles el proyecto de ley que ayer recibió el apoyo de la mayoría de los diputados, que reasigna un punto adicional de la coparticipación que recibía la Ciudad de Buenos Aires, y celebraron que las diferencias «se resuelvan en el ámbito del Congreso», mientras se espera que mañana inicie su tratamiento la cámara de senadores.
El ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis valoró que el Gobierno nacional buscara «corregir una situación injusta y arbitraria generada por el macrismo» con este proyecto de ley, en referencia a la decisión que tomó el entonces presidente Mauricio Macri en 2016 de aumentar por decreto de 1,4% a 3,5% la coparticipación porteña, sin debate parlamentario.
El funcionario celebró que las diferencias se hayan resuelto «donde se tenía que ordenar, que es el ámbito del Congreso» en el actual Gobierno de Alberto Fernández y destacó el hecho de que «están garantizados los fondos para la Policía de la Ciudad».
Ayer, la cámara de diputados respaldó la decisión del Estado nacional de reducir de 3,5% a 2,32 % la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, al dar por mayoría el voto positivo al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo.
La ministra de Justicia Marcela Losardo se refirió puntualmente al camino de judicialización elegido por el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y consideró que busca con esto «ejercer una inapropiada presión» sobre la Corte Suprema de la Nación, al reclamar al máximo tribunal que se expida «cuanto antes» sobre la reasignación de recursos a la ciudad.
«Rodríguez Larreta ha dicho que no acepta lo resuelto en el Congreso, ni la opinión mayoritaria de las provincias. Insiste en judicializar cuestiones políticas como lo han hecho en los últimos años. Ayer, por momentos, pareció ejercer una inapropiada presión a la Corte Suprema», escribió Losardo en su cuenta de Twitter.
El proyecto de ley que quita el punto extra de coparticipación que el expresidente Mauricio Macri había otorgado al gobierno porteño por el traspaso de la policía recibió ayer el respaldo de la cámara baja y fue girado en segunda revisión al Senado, que lo volverá a tratar mañana pero focalizando en un punto adicional que se agregó en Diputados.
La cámara baja agregó al proyecto que Nación y Ciudad «deberán acordar los mecanismo de giro de los fondos y actualizar en forma trimestral el monto anual de 24.500 millones de pesos con el que el Poder Ejecutivo compensará el traspaso de la Policía Federal.
Gobernadores también sumaron sus voces en respaldo a la reasignación de recursos coparticipables que implica el proyecto de ley.
El pampeano Sergio Ziliotto (PJ) afirmó que el Congreso «sólo está reparando esa injusta, ilegal y unitaria medida de Macri en 2016», mientras el riojano Ricardo Quintela dijo que las provincias defienden «una distribución más equitativa que achique la asimetría en la cantidad de recursos» que reciben por coparticipación.
«No hay nada contra la Ciudad ni contra los porteños, sino que hay que achicar la asimetría», agregó.
La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, consideró que la readecuación de los fondos que la Ciudad recibe de la Nación por el traslado de la Policía «es una decisión justa de toda justicia» y recordó que, a diferencia de Macri, esta vez se hizo en el Congreso, «con debate y toda la institucionalidad».
Uno de los senadores nacionales de la Ciudad, Mariano Recalde (Frente de Todos), advirtió que el Gobierno nacional «invirtió en la Ciudad más que en la mayoría de las otras provincias» y dejó claro que con esta ley «no» se busca «perjudicar a nadie», sino que se está haciendo «un acto de reparación y de justicia».
El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, aportó un dato al mencionar que «Buenos Aires quintuplica la población de la ciudad de Buenos Aires y, sin embargo, tiene el mismo presupuesto que la Ciudad».
«Por eso es lógica, justa y necesaria la decisión de empezar a saldar esta deuda y posibilitar un desarrollo federal y equitativo», argumentó.
En tanto, desde el Gobierno de la ciudad el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, salió al cruce y afirmó que a partir del proyecto de ley aprobado en Diputados y girado al Senado se «agregaron otros $12 mil millones de pesos al recorte” a la Ciudad, lo que, dijo, «representa $65 mil millones».
Santilli consideró además esa iniciativa como un «ataque a la Ciudad de Buenos Aires como nunca se vio”, consignó que la Capital Federal “genera el 22% de los ingresos del país” y se quejó que “recibe el 3,5%, incluyendo el traspaso de la Policía Federal en 2016, que incluye 1,4%”.
La Cámara de Diputados modificó ayer y giró en segunda revisión al Senado el proyecto que aprueba un convenio entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional por el traspaso de la policía y fija ese monto en unos 24.500 millones de pesos anuales, con una actualización trimestral conformada en un 80 por ciento por el índice del salario promedio de la Policía Federal y en un 20 por ciento por inflación.
En una conferencia que brindó anoche, Rodríguez Larreta consideró que se trata de un «nuevo ataque» contra la Ciudad y adelantó que a la demanda que ya presentó su Gobierno ante la Corte Suprema por el primer decreto, sumará ahora una nueva debido a lo que calificó «un nuevo ataque».
«Vamos a ampliar esta demanda para seguir defendiendo por los medios institucionales lo que le corresponde a la Ciudad», dijo.
A las voces del Gobierno porteño se sumaron las de la presidenta de PRO, Patricia Bullrich, que consideró «intempestiva» y sin «ningún aval constitucional» la decisión de reducir el punto extra de coparticipación, al tiempo que rechazó el tratamiento parlamentario.
Mauricio Macri señaló desde Tandil, a través de la red social Twitter, que la propuesta «saquea el presupuesto de la Ciudad y pone en riesgo la seguridad, la salud y el bienestar de millones de personas».