La contradicción latente en que un Estado tenga un «presupuesto de ahorro»
Esta semana la Ley de Presupuesto 2019 obtuvo media sanción en Diputados en medio de incidentes y polémica por el contenido del proyecto, que prevé recortes en distintas áreas en búsqueda de alcanzar un engañoso "déficit 0".
La media sanción que obtuvo la Ley de Presupuesto 2019 en las primeras horas de este jueves en la Cámara de Diputados de la Nación sigue generando debates y polémicas en el ámbito de la discusión política y económica.
El proyecto prevé recortes en diversas áreas, y plantea numeros flojos en las principales variables económicas, por lo que se vislumbra un año recesivo, con decrecimiento del producto y una obsesión: alcanzar el déficit 0 en las cuentas públicas.
El déficit 0, se refiere a lo que se denomina déficit primario, es decir la suma de erogaciones e ingresos del erario público, pero sin contar los intereses de deuda externa contraída, la cual desde que asumió el gobierno y decidió financiar su «gradualismo» de esa manera, creció exponencialmente.
La ley de leyes, que deberá ser debatida y se prevé aprobada por el Senado en semanas siguientes, detalla un retroceso de 2,5 % del PBI para este año y un 0,5% para 2019, además de un dólar a 40,10 para el año próximo y una inflación en torno al 23%.
Entre los diversos análisis del presupuesto que se publicaron por estos días, vale rescatarse el de Gabriel Fernandez, director de La Señal Medios, quien en un artículo titulado «¿Por qué es un delito contra la sociedad?», afirma que «el Estado dispone de la recaudación tributaria nacional y tiene la obligación, además del derecho, de usarlo en inversión pública. Todo lo contrario al criterio del ‘ahorro’.
Los ajustes, la decisión de promover el “déficit cero”, la ausencia de emisión monetaria, son delitos económicos en contra de la sociedad. Presentados virtuosamente como austeridad, no son más que traslación de recursos en beneficio del sistema financiero, las corporaciones privadas de servicios y las empresas ligadas a los miembros del gobierno macrista».
Por último, Fernández pondera que «la deuda pública a fin de año representará el 87 por ciento del PBI, con un stock de 315.698 millones de dólares. Las necesidades de financiamiento para 2019 llegarán a 38.900 millones de dólares: 2.500 millones nueva deuda, 20.100 millones se refinanciarán; 11.700 millones del acuerdo con el FMI y otros 4.600 millones de organismos internacionales. Cabe comentar: un sinsentido para un país cuya economía, hasta el 2015, se venía desplegando con intensidad, sin necesidad de contraer deuda».