La energía eléctrica aumentó más de 1.000 por ciento en tres años

El Gobierno está evaluando autorizar un aumento del 8,5 % en las cuotas de las medicina prepaga, que se aplicaría a partir de diciembre próximo, lo que elevaría el incremento anual en ese rubro al 35%.

A lo largo de un año con fuertes ajustes en tarifas de servicios públicos y una inflación anualizada superior al 40%, los usuarios de medicina prepaga deberán ahora afrontar una nueva suba en las cuotas.

Con la escalada inflacionaria, sumada a una recesión que se profundiza y hace caer actividad y consumo, parece ser poco el margen que queda a la gran mayoría de los consumidores para tolerar nuevos aumentos.

Esta semana, la Universidad de Avellaneda (Undav) difundió un informe que pondera el nivel de aumento en servicios públicos en los últimos 3 años, que ronda el % 2000, así como su grado de influencia en el salario real, la comparativa con otros países de la región, el nivel de consumo y la ganancia de las empresas prestadoras.

El documento comienza explicando que “el proceso de ‘recomposición’ del precio de los servicios públicos puesto en marcha desde 2016 fue el más abrupto de la historia argentina, por su magnitud y velocidad de ejecución”.

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Del informe se desprende que en el país se verificó desde inicios de 2016 incrementos acumulados promedio del 2.057% en gas natural, de 1491% en energía eléctrica y de casi un 1.000% en el servicio de agua potable.

En materia de transporte, por otra parte, se tienen aumentos del 677% en peajes, 375% en el boleto del tren, 332% en colectivos de corta distancia y un 177% en subtes, para el acumulado trianual.

Asimismo, tarifas de determinación o regulación estatal como el ABL (+135%) o las prepagas (+157%) también se posicionan por sobre la inflación media acumulada, desde 2016 hasta la fecha.

Estudiando la evolución del peso de los principales servicios públicos (energía eléctrica, gas de red y agua potable) sobre el salario mínimo, se encuentra un incremento acumulado de 17,2 puntos porcentuales en los últimos tres años.

Según aclara el informe, desde 2015 se pasó de una incidencia muy baja del costo tarifario, cercana al 6%, a una sustantivamente mayor, de 23,5%.

Así, Argentina pasó a la tercera posición en el ránking de ocho países de la región. El crecimiento desde 2016 hasta la fecha, posiciona al país sólo por detrás de Venezuela (36,5%) de peso sobre el Salario Mínimo Vital Móvil (SMVN) y de Chile (24,9%), en términos de impacto tarifario.

Otro factor clave analizado, es el nivel de demanda registrado en ese período, ya que uno de los argumentos para el aumento de tarifas había sido evitar el derroche energético y “educar” en el consumo de un bien tan preciado.

En el dossier, queda reflejado que el consumo de los servicios públicos permanece en los mismos niveles de 2015. Lejos de modificar el consumo energético de los hogares, los continuos tarifazos solo han erosionado el ingreso real disponible para la compra del resto de los bienes.

Visión desde los consumidores

Esta semana, en su paso por Rosario, el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, se refirió a los aumentos y consideró que “este gobierno quiere hacer en poco tiempo lo que no se hizo en 13 años”.

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“Se ha argumentado mucho sobre que teníamos las tarifas muy bajas y es cierto, pero también es cierto que las empresas no perdieron dinero, porque ¿adonde fueron a parar los cuantiosos subsidios que les dio el Estado a las empresas?”, agregó a Conclusión.

En relación a la posición de las empresas, aseguró que “tampoco hubo una sola empresa que quisiera rescindir el contrato porque la actividad no le era redituable y tampoco se controló adonde fueron a parar esos cuantiosos recursos en materia de subsidios”.

Además, el representante legal de la entidad de defensa al consumidor que realiza relevamientos de precios cada semana señaló que “en la mayoría de los casos los usuarios reciben un servicio de pésima calidad y ni siquiera se dignan a atender el teléfono para decir cuánto va a durar los cortes, por eso decimos que las tarifas deben estar acorde a la calidad de servicio”.

Por otra parte, explicó que “la Corte Suprema de Justicia, en un fallo histórico de 2016, sentó las bases y principios sobre las que deben efectuarse las modificaciones tarifarias: los aumentos deben ser graduales, progresivos, razonables y en relación a la capacidad de pago de los salarios”.

Dupla imposible

Uno de los aspectos en los que hace foco el dossier realizado por la Undav es en la “dupla imposible” conformada por la devaluación sumada a la dolarización de las tarifas.

Este tema fue eje de polémica en las últimas semanas, por una resolución firmada por el Secretario de Energía Javier Iguacel (luego vetada por el Congreso), que resolvía que los usuarios debían compensar vía cuotas en las boletas de gas a las prestadoras de servicio por el “desfajase” producido por la devaluación, que le representarían pérdidas.

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Los datos relevados por la Undav contradicen al funcionario. “La rentabilidad de las principales empresas distribuidoras de electricidad y gas en el primer semestre de 2018 ha sido prominente y en la mayoría de los casos ha implicado fuertes mejoras en relación a 2017”, señala el informe.

Tan sólo Metrogas, con participación mayoritaria de YPF (70%), ha mostrado un resultado negativo
en el primer semestre de 2018. Gas del Centro (Ecogas) es de las distribuidoras de gas la que más rentabilidad ha obtenido (50%), le sigue Gas Fenosa (27%), que opera la distribución de gas natural en la zona norte y oeste del Gran Buenos Aires, Camuzzi Gas Pampeana (7%) y Transportadora Gas del Norte (TGN) (2%).