«La equidad educativa es condicionada por la evasión y la elusión fiscal»

Aldo Battisacco – Conclusión Buenos Aires

El advenimiento de la pandemia en el mundo, evidenció y profundizó el grado de desigualdad que vivimos los habitantes de América del Sur, a punto tal que cuando se miran los factores que ya condicionaban el desarrollo más equitativo de las sociedades, se advierte que el proceso de transformaciones que se deben encarar, tiene que romper el estatus quo reinante y terminar con la dependencia y el saqueo externo e interno al cual estamos sistemáticamente expuestos desde el origen mismo de la Argentina.

En dialogo con Conclusión, la Especialista en Diseño y Gestión de Políticas Sociales de la UBA, Marcela Browne, explicó que «las políticas de redistribución social son fundamentales para promover una sociedad más equitativa. Y la educación es el motor esencial para alentar las trasformaciones sociales más profundas».

Browne es Responsable de Educación en Fundación SES y señaló que datos proporcionados por el Banco Interamericano de Desarrollo, han puesto de relieve que «el 1% de la población más rica obtiene el 21% de los ingresos de toda la economía», y que este guarismo representa «el doble de la media del mundo industrializado».

Por caso, otra de las referencias que causan estupor, es que «América Latina pierde cerca de 340 mil millones de dólares anuales por evasión de impuestos, de acuerdo a los datos de la CEPAL, esta cifra que representa el doble de lo que la región invierte en educación». «Los números son elocuentes y reflejan una profunda desigualdad en términos alimenticios, educativos y sanitarios».

En buen romance, si algo explica la cotidianidad del sistema educativo es que se pierden «26 mil millones de dólares por año por no gravar a las grandes fortunas»,  según lo consigna un informe de Latindadd, RJFALC y Fundación SES.

El impacto

La pobreza está íntimamente vinculada a un acceso desigual de la educación, algo que se replica en las generaciones futuras. El derecho a la educación no sólo garantiza el acceso al conocimiento, sino también a empleos mejor remunerados y una calidad de vida superior. En esta coyuntura, los recursos económicos del Estado para solucionar la crisis son fundamentales, es donde la justicia fiscal cumple un rol clave en la lucha contra la desigualdad. América Latina y El Caribe recauda mucho por impuestos al consumo, pero poco por impuestos a la riqueza.

La respuesta, ensayada en el marco de la pandemia centro al Estado como el sujeto capaz de «garantizar una política de redistribución, para que aquellos que tienen mayor cantidad de recursos paguen proporcionalmente más que quienes se encuentran en profunda desigualdad, acentuada aún más luego de la crisis sanitaria».

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