Las cooperativas como base de la nueva ruralidad

En los últimos 30 años se perdieron 171.558 explotaciones agropecuarias, una reducción del 41% entre los censos de 1988 y 2018, cuando se contabilizaron 249.663. De acuerdo a los datos que maneja el Ministerio de Agricultura, casi la mitad de esos productores están involucrados con alguna cooperativa. Esta cifra es la que mira el secretario de Alimentos, Desarrollo Regional y Bioeconomía, Luis Contigiani, cuando asegura que el fortalecimiento y del desarrollo del asociativismo y cooperativismo en el agro es “el único plan” para evitar que sigan cayendo productores.

Contigiani tiene a su cargo, por instrucción del ministro Julián Domínguez, la construcción de un plan de desarrollo cooperativo que, asegura tiene muy pocos antecedentes en la historia de ese movimiento que ya lleva más de un siglo asociado a la actividad agropecuaria en el país.

“Al sistema cooperativo siempre se le bajó el precio desde el Estado, a pesar de que las entidades del sector participan en 30 cadenas de valor y exportan por u$s 3.500 millones a más de 100 países”, describió. Y enfatizó, en ese sentido, la “decisión política” de Domínguez de reforzar la alianza productiva con ese sector. De hecho, ya en su anterior gestión el titular de la cartera agropecuaria había dado pasos en ese sentido.

En el mundo de los negocios agropecuarios hay cooperativas de primero y segundo grado que son reconocidos como actores de primera línea. AFA y ACA son algunos de esos casos, aunque no los únicos. La historia del cooperativismo agrario es reconocible en todo el interior. Hoy hay más de 600 cooperativas agropecuarias, un centenar de cooperativas de trabajo vinculadas al sector agroindustrial y más de 60 entidades del sector que tienen actividad exportadora y llegan a un centenar de mercados.

En todo este entramado, el interés del funcionario encargado de poner a debate el primer plan estratégico del sector es el fortalecimiento de las cooperativas como “unidades básicas de la economía social agropecuaria”. Y apuntó un dato que considera sustancial: son más de 200 las que se integran a través de distintos vínculos con las 60 que participan del comercio exterior. “Este número debe ser más alto”, señaló.

Es que el plan base del gobierno, que está sujeto a discusión con todo el sector, tiene como objetivo robustecer y ampliar la integración cooperativa, tanto vertical como horizontalmente, estimulando el asociativismo, la agregación de valor, el arraigo y la vinculación entre entidades de la producción y el consumo.

A fines de abril, Contigiani comenzó su recorrido por el país para presentar las bases del programa en distintas instancias del cooperativismo, sean entidades de base o federaciones. Es la primera etapa de un proceso que incluirá 20 foros y un intercambio de opiniones que habilite la presentación de un programa hacia mitad de año. La idea es que antes de que finalice 2022 estén en marcha los primeros proyectos.

En Rosario expuso en la sede de la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), a la que describió como un modelo de la integración que pretende fomentar en el sector.

Allí expuso los objetivos: estimular la participación de los productores a partir del asociativismo cooperativo, robustecer la integración cooperativa, incentivar la alianza entre ellas e impulsar la sostenibilidad de los ecosistemas vinculados a la economía social.

Financiamiento

También expuso las herramientas: potenciar el financiamiento de proyectos de desarrollo orientados a agregar valor y mejorar la condición tributaria de las organizaciones de la economía social, valorándolas no tanto por la escala como por la cantidad de socios que tengan y la vinculación que desarrollen con el resto de las entidades.

Respecto del primer punto, Contigiani recordó las distintas líneas de financiamiento y asistencia que existen a través de la Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (Diprose), dependiente del Ministerio de Agricultura, y la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (Sepyme), dentro de la cartera de Desarrollo Productivo. La idea es ampliar y profundizar ese apoyo en la medida en que las cooperativas aumenten sus operaciones en común, su asociación y la integración federativa.

Esto incluye un cambio en la mirada fiscal y política del Estado. La propuesta más novedosa en ese punto es convertir a las cooperativas, aún las de mayor escala, en sujetos capaces de obtener el certificado pyme que otorga la Sepyme, con sus beneficios impositivos, crediticios y de promoción de inversiones. Así, siempre respetando un límite máximo ($ 1.600 millones de facturación y 215 empleados), estas entidades serían evaluadas por la composición de sus socios y no de su capital. “Las cooperativas, por más que tengan escala y exporten, no pueden ser a los ojos del Estado lo mismo que Cargill o Bunge, porque la gran diferencia es que reinvierten sus utilidades en el territorio”, señaló Contigiani.

El secretario de Alimentos recordó que en la década del 90, de la mano de las políticas neoliberales, se promovieron cambios en las figuras cooperativas para incentivarlas a ganar escala y competitividad, acercándolas a las sociedades comerciales. “No está mal buscar competitividad, pero el rol de las cooperativas es fundamentalmente integrar a las personas, no al capital”, agregó.

Es por eso que los “puntajes” para la promoción estarán asociados a los vínculos con los productores y dentro de la economía social. Y en ese escalón aparece otra de las propuestas fuertes del plan, que es la creación de un “sello de integración cooperativa”, que entre otras cosas disponga un reintegro de 0,5% a las exportaciones de las entidades que cumplan ciertos requisitos. A saber: que la propiedad del reintegro se reparta en toda la cadena, que el 100% se destine a financiar proyectos de agregación de valor, que se cree un fondo anticíclico, que se presente un balance social cooperativo y que haya un asociación de por medio.

Contigiani recordó que hoy el Ministerio de Agricultura administra tres sellos. El más importante es el de Alimentos Argentinos, una marca que estimula las exportaciones de pymes locales y que establece el reintegro de 0,5% sobre esas operaciones. “En 2021 se firmaron 32 mil certificados”, recordó.

Otro eje es incentivar los vínculos entre las cooperativas de producción y las de consumo, con el doble objetivo de incentivar la conformación de cooperativas agroalimentarias en los territorios y proveer bienes a precios accesibles al consumidor. Allí aparece el trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Economía Social (Inaes) en base al programa “Campo abierto”, para ampliar la producción de alimentos y fortalecer las “góndolas cooperativas”.

Los modelos que están en la cabeza del programa son los de la proveeduría de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario y la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca. También el vínculo con las mutuales y la creación de redes con centros logísticos comunes. Y la diversificación “AFA es la principal cooperativa granaria del país pero también es una empresa de alimentos, con más de 83 productos en góndola”, describió.

Otro de los vectores es el desarrollo de un programa específico para promover emprendimientos en biotecnología, transición verde, y bioenergía, entre otros campos asociados a la economía circular.