Las cooperativas que proveen agua en Santa Fe en emergencia por el desfasaje tarifario

Por Guido Brunet

El agua es provisionada en la provincia no solamente por Aguas Santafesinas, sino también por cooperativas en diferentes localidades. La empresa Aguas Santafesinas otorga el servicio a unas quince ciudades de la invencible, pero en el resto del territorio son cooperativas las que abastecen a los vecinos.

De hecho, se estima que a casi la mitad de los santafesinos les llega el agua a través de estas entidades solidarias. Son más de 120 cooperativas de agua en toda la provincia, que suministran el servicio a casi 1 millón y medio de personas.

Sin embargo, tienen las manos atadas ya que no pueden actualizar la tarifa al ritmo de los aumentos de costos, lo que provoca una situación acuciante en la mayoría de las organizaciones. Según fuentes del sector, el desfasaje, en algunos casos, puede superar el 50%. Incluso, algunas cooperativas debieron pedir créditos para poder abonar los salarios. Esto contrasta notablemente con los incrementos definidos por Aguas Santafesinas, que superan el 450% en lo que va del año.

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El “retraso histórico” viene desde hace mucho tiempo, pero se intensificó en el último año, cuentan desde el sector. Esta situación se completa con una creciente morosidad en la cobranza por el contexto económico nacional. Por lo tanto, la realidad es compleja y preocupante.

El mayor problema de las cooperativas es que debido a la ley 11.220 los aumentos tarifarios deben ser aprobados por la legislatura de cada municipio y por el Enress (Ente Regulador de Servicios Sanitarios). Por lo tanto, las necesidades de estas empresas se ven condicionadas por la decisión política de cada gobierno local.

Es por eso que piden una ley de emergencia del sector que habilite la actualización de los precios, con números razonables que permitan funcionar a las entidades, pero a la vez no sean abusivos para con los usuarios.

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En diálogo con Conclusión, Patricia Leiva, presidenta de la Federación Nacional de Cooperativas de Agua Potable (Fencap), expresó su preocupación en relación al “retraso histórico” que viven desde hace mucho tiempo, pero que, comentan, se intensificó el último año. “El servicio está dando pérdidas”, afirma Leiva. “Ninguna de las cooperativas cobra lo que tiene que cobrar”, asegura la dirigente.

“Tenemos que hacer una ley que contemple un mecanismo de actualización de tarifas más automático”, propone como presidenta de la federación. “La norma que está en vigencia no nos representa para poder brindar un servicio de calidad con los costos que se generan”, argumentó.

“Hay cooperativas que han logrado obtener incrementos, pero la gran mayoría vienen con la tarifa muy atrasada, y están subsistiendo como pueden, muchas están con deudas, han tenido que negociar para que no le corten la electricidad”, contó la titular de la federación. Debido a las deudas contraídas, suman el pedido de una línea de créditos más favorables, ya que “las cooperativas de servicio estamos para satisfacer una necesidad común a todos, basadas en valores”.

Otro punto importante es la diferencia de subsidios que reciben por parte del estado provincial, por lo que denuncian “discriminación”. “Parece que hay ciudadanos de primera y de segunda”, reclamó Leiva. Cabe destacar que el 90% de los recursos que Aguas Santafesinas necesita para funcionar provienen del Estado provincial. Es decir, la tarifa que se cobra a los usuarios representa el 10%.

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También mostraron su preocupación por la dificultad para realizar obras: “Antes se hacía un aporte de los socios para ampliar redes, ahora es imposible eso”. A raíz de esta situación, denuncian la imposibilidad de cumplir con el 100% de las exigencias a corto plazo del Enress en calidad de agua, ya que los insumos son importados.

Precios de los servicios que aumentan y que los vecinos ya no pueden pagar, costos que no cierran para las cooperativas, discriminación en relación a subsidios, normas legales vetustas y falta de decisión política para resolver la situación, un combo explosivo, en el que tanto usuarios como cooperativas se ven afectados, pero que hasta el momento ninguna autoridad se propone resolver.