Los datos económicos que mira el Gobierno para definir la asistencia a privados

La pandemia del Covid-19 está generando una profunda contracción económica en la mayor parte de las economías del mundo. En efecto, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía global se contraerá 3% este año, lo que será la mayor merma desde 1929.

En un paralelismo con aquella crisis, los analistas ya hablan de esta como el “Gran Confinamiento”, al que los gobiernos han sometido a sus sociedades ante la falta de una mejor variante para afrontar el brote virósico.

En Argentina, sumida en una profunda recesión económica desde hace dos años (y otros tantos de virtual estancamiento) el impacto de la paralización casi total de la actividad es insondable. Y no alcanzará para repararlo con ir “levantando” la cuarentena. Para muchos, no habrá retorno.

La recaudación alcanzó en abril apenas los $ 398.658,7 millones, con un crecimiento de sólo 11,6% con relación al mismo mes del 2019, casi 40 puntos debajo de la inflación de igual período, por el impacto del coronavirus. Además, desde el Gobierno difundieron este martes que esperan para 2020 que la economía argentina caerá 6,5%, la recesión más profunda en 18 años.

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Ante ese escenario caótico, es importante discernir que, si bien la intensidad del deterioro es amplia y generalizada, cabe diferenciar entre sectores. Por ejemplo, rubros ligados al turismo y los servicios recreativos han experimentado un súbito desplome de la facturación, en tanto que otros sectores (por ejemplo ligados al comercio en supermercados o la producción de alimentos) han podido desempeñarse con relativa normalidad y conservar los niveles de actividad.

Ahora bien, los datos más recientes disponibles, compendiados en un informe técnico que circuló por las oficinas del Ministerio de Desarrollo Productivo y fue publicado en un anexo del Boletín Oficial, permite ver dos cuestiones importantes que analiza el Gobierno a la hora de definir los beneficiarios del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, orientado al sector privado.

En primer lugar, ramas que originalmente se las consideró de relativa normalidad (producto de, por ejemplo, estar exceptuadas de la cuarentena o por tener un elevado componente de teletrabajo) en rigor están también con un considerable nivel de afectación promedio, debido a la caída de la demanda.

Un ejemplo claro pueden ser los servicios vinculados a la intermediación financiera o de pólizas de seguro, dos sectores con un alto porcentaje de informatización del trabajo, lo cual permite una operación remota.

Como una cifra elocuente, hubo un notorio descenso de la siniestralidad, derivada de la caída abrupta de la movilidad: la cantidad de usuarios de la tarjeta Sube cayó un 89% en las provincias y un 84% en el área metropolitana de Buenos Aires (Amba).

En segundo lugar, y considerando la heterogeneidad subyacente en el tejido productivo argentino, se corrobora que al interior de cada rama hay desempeños muy disímiles entre las firmas, los cuales parecen obedecer mucho más a distintos perfiles de la demanda que pueden tener firmas de un mismo rubro.

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A modo de ejemplo, dentro del rubro comercio mayorista de golosinas puede haber firmas cuyo funcionamiento siguió siendo dentro de todo normal (por ejemplo, por tener como principales clientes a los supermercados), pero otras en donde la facturación se desplomó (por ejemplo, por tener como principales clientes a los kioscos –cuya actividad, si bien exceptuada, se ha visto fuertemente resentida por el menor movimiento en las calles).

Datos de entre una semana y diez días atrás.

Hay algunas ramas en donde la facturación promedio de las empresas inscriptas en la ATP incluso creció en términos reales en el último año. Sin embargo, cuando en lugar de analizar promedios se pone el foco en la heterogeneidad existente al interior de cada rama, puede constatarse que un porcentaje muy significativo de las firmas ha experimentado profundas caídas nominales (y, todavía más, reales) de la facturación.

A modo de ejemplo, el rubro “productos lácteos n.c.p” tuvo un aumento nominal de la facturación del 14,6% interanual, pero un 25% de las firmas experimentó caídas de por lo menos el 52,7% nominal.

Se agranda el universo

Además de los mencionados casos, en el universo laboral argentino hay actualmente alrededor de 5 millones de trabajadoras y trabajadores independientes (es decir, que no son asalariados). Esto representa aproximadamente el 26% del total del empleo del país (aproximadamente, hay 19 millones de ocupadas y ocupados).

Al interior de los trabajadores independientes existe una marcada heterogeneidad. Por un lado se encuentran quienes podrían definirse como “independientes informales”, esto es, trabajadores (mayormente por cuentapropia) que no están inscriptos ante la Afip (ni como monotributistas ni como autónomos). En general, se trata de trabajadores con una profunda fragilidad económica, que se manifiesta en ingresos escasos (lo cual lleva a que los hogares caigan por debajo de la línea de la pobreza) y volátiles.

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En un principio, el Estado se focalizó en estos trabajadores por medio del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el cual además contempla a otros subgrupos al interior de los ocupados, como los asalariados informales y, dentro de los formales, a los segmentos más vulnerables (como las trabajadoras de casas particulares, los monotributistas sociales y los monotributistas de tipo A y B).

Hasta ahora, el principal instrumento de asistencia estatal para los trabajadores independientes había sido el IFE, el cual deja a los independientes formales de mejor posición relativa fuera del alcance.

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Sin embargo, los efectos de la pandemia alcanzan a un porcentaje significativo de los trabajadores independientes formales que, independientemente del nivel de ingresos que tengan, han visto drásticamente reducida su facturación y, con ellos, los principales recursos con los cuales hacer frente a los consumos cotidianos. “Es por esa razón que el decreto 376/20 los incluyó como potenciales beneficiarios de créditos a tasa cero (siendo el Estado quien les garantiza y subsidia el crédito)”, se expresa en el informe ministerial.