Pergamino: procesan a funcionarios encargados de controlar aplicación de agrotóxicos

Por Alejandro Maidana

El modelo productivo se encuentra atravesando una profunda y sostenida crisis, y si bien el lobby que se desprende de uno de sus opulentos tentáculos busca cobijarlo, los impactos socioambientales que provienen del mismo se agigantan. La médula de producción de esta república convertida en un desierto verde de soja, se ha convertida en el apocalipsis de aquella ruralidad que ha mutado al ritmo de los venenos y los commodities.

Si bien los pueblos fumigados siguen levantándose ante el salvaje e impune atropello llevado adelante por el agronegocio, las políticas públicas siguen avalando prácticas ecocidas e interpelando a los damnificados. El pato le tira a la escopeta en un país que se jacta de su polo agroexportador, pero que, a la hora de escudriñar sobre lo inconducente del mismo, busca refugio en la comodidad de los discursos vacíos, socios de un dolor que se amplifica.

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El debate sobre qué tipo de modelo de producción se necesita para salir definitivamente de perdedor, permanece aletargado y empujado a transitar los márgenes de un presente tan deleznable como pavorosa. Multinacionales y grandes latifundistas oficiando de marionetistas de una realidad maniquea que impulsa a través de sus catapultas mediáticas, una verdad raquítica alimentada por los privilegios de un puñado de vivos.

Los humedales siguen sucumbiendo ante las quemas, los bosques nativos al desmonte que empuja la frontera agrícola y las montañas junto a los cerros, hacen las veces de gigantes buenos que, de manera impertérrita, contemplan su paulatino exterminio. Un impacto de connotaciones bíblicas, una agresión a nuestra casa común que solo puede comprenderse en clave capitalista, un deshumanizante camino hacia el cadalso de la vida toda.

En Pergamino un fallo judicial histórico busca ponerle el cascabel al gato

Esta ciudad bonaerense, una verdadera panacea para el agronegocio, sigue inmersa en una discusión que tiene su anclaje en los distintos derechos pisoteados por un negocio que tiene al poder político, como socio garante. Tiempo atrás, un fallo judicial prohibió el uso de agrotóxicos en tres barrios de la localidad bonaerense de Pergamino, cuya agua -confirmaron el INTA y los peritos de la Suprema Corte de Justicia- está contaminada por lo menos con 18 agrotóxicos diferentes. Un dato estremecedor que deja al desnudo, una vez más, el relato de aquellos que insisten en minimizar una problemática tan concreta como apabullante.

Por ello no sorprende el desfinanciamiento de La Dirección de Ambiente Rural del municipio, encargada del control y cumplimiento de la ordenanza vigente en torno a las aplicaciones de agrotóxicos. El intendente Javier Martínez siempre estuvo al lado de quiénes producen, sin importarle en absoluto los impactos demoledores a la salud que vienen sufriendo muchos habitantes, y la contaminación del vital elemento para toda vida, el agua.

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El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo dictaminó meses atrás, que existían elementos suficientes para procesar a Fernando Cortesse, Mario Roces y Victor Toribio, como coautores penalmente responsables penales del delito de «contaminación del ambiente en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados peligrosos», y se les fijó un embargo a cada uno de ellos por tres millones de pesos. Fueron procesados además José Luis Grattone, Cristian Gabriel Taboada, Carlos Daniel Sabattini y Hugo Ariel Sabattini por delito ambiental con agroquímicos, y se ordenó el embargo por cinco millones de pesos a cada uno de los productores.

En el día de ayer, y consolidando un fallo judicial histórico, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de dos funcionarios públicos (Mario Daniel Tocalini y el exauditor Guillermo Nicolás Naranjo) que se encontraban a cargo del control de las aspersiones con agrotóxicos en Pergamino, por considerar su clara responsabilidad basándose en los innumerables elementos probatorios. Destacando que se trata de la misma causa que desprende del juzgado federal de San Nicolás a cargo del juez Villafuerte Ruzo. Un guiño para los pueblos fumigados, un abrazo para las resilientes luchas de aquellas y aquellos que no piensan hipotecar su vida ni la de sus hijos.

Para conocer los detalles jurídicos de un hecho sin precedentes, Conclusión dialogó con Sabrina Ortíz, querellante en la causa, e integrante del Paren de Fumigar Pergamino y Naturaleza de Derechos. “Estos eran los procesamientos que faltaban, ya que con anterioridad se dieron los de los imputados principales, y tiene que ver con los productores. Estos eran cuatro, quedando tres procesados y uno libre de culpa y cargo por falta de mérito. En la causa madre quedaba pendiente el procesamiento de los funcionarios públicos, que, si bien ya habían sido procesados por el juzgado federal, ante la apelación de los mismos, se trató a través de la Cámara Federal de revertir la situación, lo que no prosperó”, indicó.

Guillermo Naranjo es ingeniero agrónomo y se encontraba de la secretaría de medioambiente, con la función principal de controlar las fumigaciones con agrotóxicos en la ciudad de Pergamino. “Al mismo se le suma Mario Tocalini, que tiene título veterinario y se desempeñaba como subjefe dentro de la secretaría. Ambos se encargaban del control y la supervisión en los campos para que no se viole la ordenanza municipal, por ello no nos sorprenden sus procesamientos, si bien los mismos se han dilatado mucho. Estimamos que quizás puedan llegar a apelar ante Casación, pero confiamos en que se van a sostener los argumentos actuales”.

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La secretaría municipal antes mencionada, entra en vigencia en 2014 con la intención de controlar las aplicaciones con agrotóxicos periurbanas. “Esto habla a las claras de una situación de incumplimiento que se agrava por la condición de guardadores y cuidadores de la salud de las y los pergaminenses. Como funcionarios, al estar presente por ejemplo en el campo de uno de los hoy procesados (Cortesse), mientras este fumigador y productor aplicaba agrotóxicos en un área restringida, no solo incumplieron con sus tareas, sino que oficiaron de garantes de la violación de los derechos de las personas”, concluyó Sabrina Ortíz.

Foto de portada: Julie Iwela