Por la sequía y las trabas impositivas, el sector agropecuario habló de un escenario de «catástrofe»

La Sociedad Rural de Rosario emitió un documento en el que advirtió de un panorama complicado para esa franja poblacional. En ese sentido, afirmaron que desde el primer día de este año alertaron que, para el sector agropecuario, el 2023 estaba perdido y ese vaticinio se profundizó, ya que la sequía azotó durante todo el verano y la cosecha muestra resultados preocupantes.

Desde el rubro estimaron que en diciembre de 2022 se perdieron el trigo y las legumbres. A su vez, la cosecha de soja y maíz se calcula a nivel nacional en un 35% del total esperado, muy por debajo de los 20 millones de toneladas. Similar situación está observándose con el sorgo y el girasol. Dado este cuadro de situación, precisaron que la provincia de Santa Fe obtendrá un 20% de los resultados históricos.

Indicaron que el panorama ganadero es muy negativo, ya que para los rodeos de cría y tambos se siguen vendiendo vacas a precio de remate, por falta de preñez, estado corporal o bien falta de reservas invernales. A esto se suma la falta de agua en el perfil, que impidió la siembra de pasturas para cubrir el invierno.

Para el sector, la actual situación es de “catástrofe” y en la cadena productiva se estiman pérdidas por 21 mil millones de dólares, que se invirtieron y no se van a recuperar. Además, denuncian años de desfinanciamiento provocados por la confiscación impositiva que hoy se acrecientan, teniendo en cuenta que el Estado participa del 79,10% de la renta agrícola, y del 94,1% de la renta de la soja.

Según remarcaron, se han perdido los precios de referencia del mercado para los productos, insumos y repuestos rurales, en el marco de una inflación creciente en Argentina.

Además, expresaron que, en marzo, el Gobierno extendió la Resolución del Banco Central A7720, la cual impide acceder a créditos con tasas subsidiadas a aquellos productores que tengan más del 5% soja en existencia, o bien hayan vendido cereal en plan dólar soja I, II y dólar agro, trabando así una herramienta de financiación para toda la banca argentina, para hacer frente a la cadena de pagos que se está cortando. Solicitaron la urgente derogación de esta disposición.

Sumado a esto, exigieron los certificados de desastre agropecuario provincial para hacer frente a las obligaciones ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Sostuvieron que el sector productivo respira un ambiente de impotencia y desesperación, ya que perdió su inversión, su capital y quizás su futuro.

Por otra parte, reclamaron que el Estado traba y confisca automáticamente, cuando son imprescindibles las soluciones. Indicaron que no quieren privilegios, pero sí que les permitan trabajar libremente, como lo determina la Constitución Nacional.