Tarifa del gas: pedido de empresas, realidad fiscal y disenso en el Gobierno

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) realizó la audiencia pública para analizar la actualización tarifaria de los servicios de transporte y distribución de gas natural, en la cual las empresas del sector propusieron aumentos promedio de hasta 15% en las facturas que reciban los clientes.

El interventor del Enargas, Federico Bernal, abrió el encuentro que se llevó a cabo de forma virtual, y afirmó que el objetivo del Gobierno es alcanzar «tarifas para la equidad distributiva y la sustentabilidad productiva».

En la primera jornada pública realizada este lunes, el Gobierno consideró que si no hay partidas presupuestarias adicionales las tarifas deberán aumentar en un rango de entre 17% y 35%.

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Así lo estimó la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto, quien precisó que en la actualidad «el 55,7% y el 60% del costo total del gas natural es afrontado por Estado nacional», en el caso de residenciales y comercios, aunque aclaró que los ajustes estarán «detrás de los salarios y jubilaciones».

Está en línea con lo planteado por el Ministerio de Economía en el Presupuesto 2021 y es lo que expresó en líneas generales este viernes la representante del Ejecutivo en la audiencia pública para definir el precio del gas en boca de pozo.

«Las opciones van desde que el Estado asuma la totalidad de ese costo fiscal que representa el incremento del precio del gas; que distribuya ese valor en todos los usuarios de igual manera; o que se aplique una segmentación tarifaria real», añadió.

A pesar de posturas como esta, o la del ministro de Desarrollo Matías Kulfas, quien dijo también este lunes que «las tarifas deben acompañar la inflación», las cuales se enmarcan en la prédica del ministro Guzmán contra el déficit, difícilmente esto se materialice antes de las elecciones legislativas.

Salud económica

Con la ponencia de Bernal este martes se expuso también la disidencia de criterios en el manejo del área energética hacia adentro del oficialismo.

«El presidente Alberto Fernández nos encargó como objetivo cardinal en materia de servicios públicos de gas por redes y electricidad, tener en la Argentina tarifas justas, razonables y asequibles, esto es, que se puedan pagar; tarifas para la equidad distributiva y la sustentabilidad productiva», subrayó Bernal.

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El funcionario destacó que, «a partir de la decisión del Presidente plasmada en el Decreto 1020/20, se inauguró en la Argentina una nueva etapa del servicio público de gas por redes», y afirmó que, «con el usuario y la usuaria como sujetos de derechos constitucionales, el servicio público de gas por redes asciende como derecho social, garantía de derechos humanos».

El interventor del Enargas, Federico Bernal.

Además, remarcó que «la salud energética de una nación no es la salud de la balanza comercial energética ni pasa por la capacidad exportadora de energía», y afirmó que «la salud energética de una nación es la salud energética de su pueblo».

«Y cuando a la energía y sus servicios públicos se los escinde de su tratamiento constitucional, normativo y de Derecho Humanos, el pueblo argentino se enferma, energéticamente hablando, como se lo enfermó recientemente: 3 millones de nuevos hogares empobrecidos (más de 9 millones de personas) en apenas tres años», puntualizó el interventor del Enargas.

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Aseguró que «no hay vivienda digna sin servicios públicos accesibles y asequibles, ni cómo alimentarse sin tarifas justas, razonables y asequibles».

También, señaló que, en el caso de la salud, «bajo un techo sin energía, en invierno nos morimos congelados, y cualquier día o noche fríos, nos enfermamos».

«Sin energía, no hay cómo estudiar, cómo prender una computadora, cómo trabajar. Sin tarifas justas, razonables y promotoras del desarrollo, y sin precios en pesos y a costos argentinos y conocidos, no hay pymes, no hay comercios, no hay industrias de ningún tamaño, no hay producción», remarcó Bernal.

Del otro lado

Entre las empresas que intervinieron esta mañana en la audiencia, Naturgy BAN solicitó «la recuperación de todo lo pendiente desde abril de 2019 que, en función de lo firmado en las Actas Acuerdo sobre el componente de distribución, es del 128% aproximadamente».

«Como tarifa transitoria, a cuenta, Naturgy BAN, propone un incremento del 51% en el margen de la distribuidora, para cubrir el fuerte incremento de costos registrado desde abril de 2019, lo que impactaría en la factura final de los clientes en alrededor de un 15% de incremento, en promedio«, indicó el director de Regulación y Tarifas de la compañía, José Luis Fernández Fontana.

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Por su parte, el director Comercial y de Asuntos Regulatorios de Transportadora de Gas del Norte (TGN), Guillermo Cánovas, explicó que la solicitud de la compañía «tiene como fundamento principal que la prestación del servicio público de gas se viene brindando en los últimos dos años sin variación alguna de su tarifa, ello combinado con un incremento significativo de sus costos producto del proceso inflacionario y similar devaluación del peso registrados en dicho período».

Precisó que «esto significa que los ingresos reales de TGN se redujeron a menos de la mitad, producto del congelamiento tarifario y que para el período abril 2021-marzo 2022 el total de erogaciones operativas, fiscales y financieras previstas por la compañía será superior en $ 5.667 millones a sus ingresos proyectados con las tarifas vigentes».

El lunes en representación de las empresas expuso Daniel Martini, de la Asociación de Distribuidores de Gas, que engloba a las empresas Camuzzi, Ecogas, Gasnor, MetroGas, Naturgy, Litoral Gas y Ganea.

«Resulta necesario finalizar el congelamiento de tarifas y es atribución del Estado decidir la manera en que instrumenta los subsidios, sea a través de procesos de segmentación y/o de la profundización de la tarifa social», afirmó.

Siempre se paga

Un reciente informe de la Secretaría de Energía puntualizó que el Estado nacional tiene a su cargo el 60% del costo total del gas natural necesario para satisfacer la demanda prioritaria, que este año demandaría un costo fiscal de 132.963 millones de pesos.

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Las distribuidoras que participarán de las audiencias y que presentaron sus requerimientos son Metrogas, Naturgy BAN, Gasnea, Redengas; Gasnor, Gas del Centro, Gas Cuyana, Litoral, Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur.

También lo harán las empresas Transportadora Gas del Sur (TGS) y Transportadora Gas del Norte (TGN), quienes pretenden ajustes de hasta el 58%, según anticiparon.

Para el ministro de Economía, Martín Guzmán, «que el Estado nos subsidie a nosotros buena parte de la tarifa significa que se paga de alguna forma, con impuestos, o tomando deuda y eso termina siempre con algún problema, o hay que emitir. Parte de esa emisión termina presionando sobre el tipo de cambio».