Un dirigente de la Sociedad Rural controlará el trabajo en negro en el campo
Abel Francisco Guerrieri, vocal general titular de esa entidad, fue designado como presidente del Renatre, organismo encargado de controlar el empleo informal en el agro.
Un dirigente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) fue designado como presidente del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), el organismo que controla el trabajo informal en los campos del país.
A través de la Resolución 3/2018 publicada en el Boletín Oficial, se designó como presidente del Renatre a Abel Francisco Guerrieri, uno de los vocales generales titulares de la Sociedad Rural Argentina.
Abel Francisco Guerrieri, vocal de la Sociedad Rural, disgnado por el Gobierno al frente del Renatre, organismo que controla el trabajo informal en el mundo del agro.
Guerrieri había asumido el cargo en la entidad que representa a las patronales agropecuarias en la 153° Asamblea General Ordinaria, realizada a fines de septiembre pasado en la que se eligieron vocales generales y vocales por el Consejo Federal, por el período 2017-19.
El Renatre tiene como misión «luchar por la dignificación del trabajador rural y su familia», según dice el propio organismo que nació a través de la Ley 25.191 sancionada en 1999, durante la presidencia de Carlos Menem.
El organismo realiza prestaciones por desempleo, da cobertura de salud y de sepelio, impulsa capacitaciones, certifica competencias laborales, entre otras.
En diciembre del año 2011, el gobierno de Cristina Kirchner impulsó la Ley 26.727 (Nuevo Régimen de Trabajo Agrario) traspasando las funciones, el personal y el patrimonio del Renatre al nuevo Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea), que pasó a depender directamente del Gobierno Nacional.
En noviembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en favor de la devolución del control del Renatre a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y a las entidades rurales SRA, CRA, Coninagro y FAA, declarando la inconstitucionalidad de los artículos 106 y 107 de la Ley 26.727.
Este organismo restableció sus funciones como Ente de Derecho Público no estatal el 1º de enero de 2017, luego de que el fallo de la Corte Suprema de Justicia fuera reglamentado por el gobierno de Mauricio Macri a través del decreto Nº 1014/2016.