Caso Vicentin: la Justicia federal aceptó como querellante al Banco Nación

 

El juez federal Julián Ercolini aceptó este lunes como querellante al Banco Nación en la causa que investiga supuestos delitos penales cometidos por la gestión anterior al otorgar créditos multimillonarios a la cerealera Vicentin.

«Corresponde hacer lugar a la solicitud del Banco de la Nación Argentina de ser tenido por parte querellante en estas actuaciones», resolvió Ercolini al entender que «se verifica con claridad que la entidad financiera podría llegar a resultar damnificada de los hechos investigados», según la resolución.

El magistrado aceptó el pedido de la entidad bancaria, que ahora podrá tener acceso a la causa, sugerir medidas de prueba y eventualmente acusar si el caso llega a juicio oral, informaron fuentes judiciales.

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El viernes último el fiscal Gerardo Pollicita pidió al banco informes sobre controles y requisitos que se debían cumplir para autorizar los pagos de los créditos que se otorgaron a Vicentin, entre otras medidas dispuestas para rastrear la ruta que siguió ese dinero.

La causa penal investiga si hubo delito en el otorgamiento de créditos a Vicentin por 18.500 millones de pesos y está delegada en el fiscal Pollicita.

Por los hechos están imputados el último titular del banco, Javier González Fraga, y los empresarios de Vicentin Alberto Padoán y Gustavo Nardelli.

En el nuevo pedido de informes cursado al Banco Nación a través de un oficio judicial, la fiscalía requirió los datos de los funcionarios que intervinieron en la gestión de los créditos y autorización de envío de fondos a las cuentas de la empresa.

También que se detalle cómo se autorizaban las operaciones y quienes eran el vínculo desde la firma cerealera.

Otro carril

El Poder Ejecutivo nacional pidió que la competencia por el caso de la cerealera Vicentin sea tratada por la Justicia porteña y no en la órbita de la provincia de Santa Fe.

Así lo hizo al considerar que el fallo dictado por el juez de Reconquista Favio Lorenzín «es arbitrario» y marcado que «violó la ley de medidas cautelares».

Se trata del juez que dispuso qué los antiguos dueños de la empresa sigan a cargo del directorio y rechazó la intervención decretada por el Gobierno nacional sobre la empresa.

La presentación fue hecha ante la jueza María Alejandra Biotti, que giró el caso al fiscal Fabián Canda para que opine sobre la habilitación de la feria.

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«Si el magistrado del concurso se declaró incompetente para entender en la demanda de inconstitucionalidad va de suyo que también lo es para atender la petición cautelar. Asimismo, lo incoherente, contradictorio y arbitrario de su decisorio radica también en que, aun cuando se declaró incompetente para tratarla inconstitucionalidad el acto impugnado, lo cierto es que igualmente lo hizo al privar apresurada e infundadamente de efectos al DNU N° 522/20 -una norma, se reitera, de rango legal- sin dar lugar a la bilateralización y defensa del Estado Nacional», se afirmó en la presentación.

Lo que busca el Poder Ejecutivo nacional es la inhibitoria por parte del juez de Reconquista, quien dictó la medida cautelar pero paralelamente se declaró incompetente para resolver el pedido de inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el Gobierno.

«Lo más grave es que el magistrado interviniente soslayó que el DNU, como tal, es ley en sentido material y goza de presunción de constitucionalidad», sostuvo el Ministerio de Desarrollo Productivo.