El 30% de la obra pública será otorgada a cooperativas de economía popular

Una medida dispuesta por el gobierno nacional establece que el 30% de la obra pública será otorgada, mediante los mecanismos habituales de contratación previstos por el Estado, a cooperativas de la economía popular.

Además, se estableció que en los procesos licitatorios se dará preferencia a las empresas oferentes que cuenten con un mínimo del cinco por ciento de su planta conformada por trabajadores enmarcados en el programa «Puentes de Empleo» y dio un plazo de 60 días para la designación de los representantes de los diferentes sectores que componen el llamado Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario.

El gobierno nacional formalizó la medida este viernes mediante el decreto 728/2022 publicado en el Boletín Oficial, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y los ministros de Economía, Sergio Massa; de Desarrollo Social; Victoria Tolosa Paz, de Trabajo, Raquel Kismer de Olmos; y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

El Ejecutivo convocó a las organizaciones inscriptas en el Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica a designar los y las representantes que integrarán el referido Consejo y los encomienda a promover una «Agenda para la institucionalización y el Desarrollo de la Economía Popular» para lograr «el fortalecimiento productivo, la formalización de los trabajadores y las trabajadoras y el fomento del acceso al crédito y del compre estatal para los emprendimientos de la economía popular».

La medida, según los fundamentos de la normativa, también promueve en favor de las Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular el otorgamiento del 30% de la Obra Pública Nacional bajo la modalidad de contratación que corresponda, en la realización de obras de hasta $ 300.000.000, monto que será actualizado conforme lo disponga la autoridad de aplicación, y tomando como indicativas las especialidades de dichas Cooperativas.

En todos los casos la obra se realizará bajo la modalidad de contratación que corresponda.

Otras miradas

Desde la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) rechazaron el decreto del gobierno nacional.

La cámara, al rechazar la medida, señaló que “el gobierno alienta una competencia desleal con las empresas al señalar que las cooperativas realizan su actividad en la informalidad”.

Desde la entidad ampliaron que «la consecuente competencia desleal condenará a la inactividad y a la ruina a numerosas empresas pymes constructoras de todo el país, las que trabajan formalmente, pagando impuestos y dando empleo registrado y seguro a sus trabajadores».

A través de un comunicado Camarco afirmó que «comparte la necesidad de la transición de los planes sociales a programas de empleo».

Y advirtió que «es un error entender que la apertura de la competencia a organizaciones sociales o cooperativas de trabajo no formales contribuye a una ampliación, íntegra y transparente, de la concurrencia al mercado de la obra pública».

La medida «será un incentivo al trabajo informal en fraude a las normas laborales y previsionales vigentes y condenará a las empresas formales que deben atender costos salariales un 54% superiores a los atendidos por una pseudo-cooperativa de trabajo».

«Es la experiencia acumulada que esa figura es usada para cometer un verdadero y generalizado fraude laboral, pues los supuestos cooperativistas no lo son, sino que son trabajadores dependientes encubiertos e informales» indicó CAMARCO que señaló que de esa forma evaden los aportes y contribuciones al sistema de salud y el previsional.

La cámara expresó que «esos trabajadores-pseudo cooperativistas pierden la protección de derechos laborales, ven peligrar su seguridad física en la obra, no acceden a la capacitación en el oficio, y no tiene acceso al fondo de cese laboral, a una jubilación y cobertura de salud, entre otros beneficios de la formalidad laboral postulados por la Organización Internacional del Trabajo».