El bloque Argentina Federal del Senado convocó a discutir proyecto de Extinción de Dominio

Enviado especial a Buenos Aires – Tras la presentación del proyecto de extinción de dominio en el Senado por el Interbloque Argentina Federal, el martes a las 12, las comisiones de de Justicia y Asuntos Penales, y de Seguridad Interior y Narcotráfico, tratarán de avanzar en la iniciativa que busca decomisar los bienes adquiridos por ilícitos.

El Senado ya recibió una iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados en junio de 2016, que recibió fuertes críticas de parte del bloque justicialista presidido por Miguel Pichetto, que optó por elaborar un proyecto alternativo.

En relación al trabajo previo que se realiza con rondas de consultas con especialistas, surgieron dos posiciones definidas que se enfocan en el decomiso y la declaración de la extinción de dominio.

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Un grupo de legisladores sostiene que resulta suficiente para abordar la problemática con decomisar los bienes, en tanto que otros senadores argumentan que es necesario crear una norma para llegar a la extinción de dominio. No obstante estas particularidades de como ese entiende el tema en la Cámara alta, el conjunto de congresistas convino que la media sanción del la iniciativa de Diputados no resulta convincente.

En el marco de la presentación y luego de impulsar el proyecto junto al interbloque que preside, el senador Miguel Angel Pichetto, argumentó que hay que tener “una ley que sirva para que los efectos del delito puedan ser recuperados por el Estado”, remarcó Pichetto.

Cuando el proyecto ingresó a la Cámara alta, se firmó dictamen favorable con cambios, pero este nunca fue tratado en el recinto y en consecuencia caducó. En diálogo con Conclusión, Rodolfo Urtubey confirmó de cara a la jornada de debate de este martes que «el dictamen del proyecto de diputados había caído» que había «una idea de compatibilizar con la iniciativa de Diputados» y precisó que «el proyecto es simple y claro y entendemos que sera acompañado por la Cámara baja».

En cuanto a cual será el quorum necesario para los diputados en caso de insistir con el proyecto original, Urtubey indicó que «necesitaran los dos tercios para insistir con la norma elaborada en 2016».

El senador salteño ratificó que se avanzó con un dictamen en el Senado y existe «voluntad política para que sea aprobado, porque es muy bueno el proyecto».

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Según el investigador de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia:“Los delincuentes organizados, sean sindicatos, empresarios o políticos, siempre penetran en la política, sobre todo cuando se trata de bandas transnacionales”, explicó al momento de hablar del derecho electoral antimafia, con una particular visión del tema, donde la delincuencia es circunscripta a las representaciones de las sociedad civil. 

Urtubey explicó a este medio que «la acción penal comienza y la acción civil se inicia dentro del proceso penal como se hace con un juicio de acción civil por lesiones por accidente puede tramitar también en ese proceso penal la acción civil de reparación del daño», en cambio «la media sanción de Diputados está planteada en la órbita civil y no penal».

Y añadió: «Del mismo modo esta acción civil de extinción de dominio tramita en el proceso penal y con una gran cautela de los bienes, que no quedaría manejada por los jueces, pasaría a la administración de bienes del Estado, para que sean administrados».

Sin que medie sentencia firme, «la justicia evalúa subastar los aviones» de Lázaro Baez y Cristóbal López.

«Quien esta legitimado para iniciar la acción civil de extinción de dominio, es el procurador del Tesoro de la Nación, que es quien defiende el interés patrimonial del Estado». explicó el congresista.

El proyecto contempla que una «vez que se inicia la acción civil, en la que el juez le da vista al demandado y este puede eventualmente alegar o no, demostrar de que forma obtuvo los bienes que tiene, se produce la prueba y el mismo tribunal cuando produce la sentencia penal, dicta la sentencia civil con fundamentación autónoma y especifica que no se mezcla con la acción penal».

Consultado porque se tienen en cuenta estas previsiones en el proyecto, Urtubey precisó que «eventualmente puede pasar que el hecho fuera atípico o puedo haber proscrito, pero los bienes fueron mal habidos,  con lo cual lo que se plantea es que es posible que haya extensión de dominio, aún en el caso que haya una absolución por atipicidad o por prescripción si se puede demostrar que los bienes fueron producto del delito».

Una de las situaciones que se produce en la Justicia -dijo Rodolfo Urtubey- es que «ellos no están cómodos con la administración de bienes, y tampoco están capacitados para eso, no administran campos ni hoteles, aviones o flotas de camiones o maquinas de construcción de caminos, se manifestaron contentos con la idea de que se los libere de responsabilidades administrativas que puedan nacer de una mala administración de esos bienes por falta de conocimiento o lejanía».

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Para ejemplificar lo expuesto el congresista remitió al caso de una campo ubicado en la provincia de Salta de «un capo narco llamado Delfin Castedo, que poseía un predio de 3000 hectáreas que es administrado por un juez federal de Lomas de Zamora, que no puede tener garantías de lo que se hace en ese lugar».

«Por este motivo los magistrado se mostraron satisfechos de que un organismo especializado denominado Administración de Bienes del Estado (ABA) administre los bienes decomisados producto de la constatación de un delito, y dispondrá también en caso de venta o utilización para algún fin público», aludió el congresista.

Preguntado por Conclusión si existe normativa similar en el orden internacional y que resultados arrojó, Urtubey respondió que «se trata de un sistema original y propia de Argentina, Y se avanza porque significa un paso adelante de lo que es el mero decomiso que existe en la legislación de derecho penal continental».

Por último, en relación a las garantías que ofrece el proyecto de senadores especificó que la iniciativa aprobada en Diputados ponía la tarea “en manos de fiscales del fuero civil comercial federal, y ese fiscal ante la mera sospecha podía iniciar una acción de extinción de dominio”, lo que “no se compadece con el sistema de garantías que tiene la Argentina”.