El Consejo de Guerra por el hundimiento del ARA San Juan inició etapa de producción de pruebas
Las actuaciones del Consejo General de Guerra comenzaron el 25 de noviembre pasado en el Edificio Libertador para investigar la responsabilidad militar en el naufragio del submarino, en el que murieron sus 44 tripulantes.
El Consejo General de Guerra que investiga la responsabilidad de ocho oficiales de la Armada Argentina en el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017, recibió esta semana el alegato de apertura, escuchó a las defensas de los imputados e inició la etapa de producción de pruebas de la parte acusatoria con la declaración de peritos.
En la audiencia del lunes, el Oficial Auditor Instructor, comodoro Ricardo Méndez, realizó su alegato de apertura «pronunciándose en orden respecto de los presuntos infractores», informó en un comunicado el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
En esa oportunidad, también hicieron uso de la palabra las defensas de las partes, quienes alegaron en relación a los hechos imputados, mientras que en la audiencia del miércoles se inició la etapa de producción de pruebas de la parte acusatoria con la declaración de peritos.
Exjefe de la Armada Argentina Marcelo Srur
El Consejo investiga la responsabilidad del exjefe de la fuerza Marcelo Srur y los contralmirantes Luis López Mazzeo y Eduardo Malchiodi y el capitán de navío Carlos Ferraro, todos pasados a retiro.
También son investigados Claudio Villamide, Héctor Alonso, Hugo Correa y Jorge Sullia, todos ellos en actividad.
La Ley 26.394 que actualmente regula este Consejo prevé penas para faltas leves, graves y gravísimas, que van desde el apercibimiento hasta la destitución.
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, dijo el 25 de noviembre que el Consejo de Guerra «es el más importante desde el regreso de la democracia» en 1983.
El último contacto con el submarino que tenía 44 tripulantes a bordo se produjo el 15 de noviembre de 2017 y fue hallado un año después de su hundimiento a pesar de que según se estableció en la causa penal que tramita en Santa Cruz ya había información sobre su supuesta ubicación mucho tiempo antes.