El defensor de Cristina dijo que Bonadio incurrió en un «inequívoco abuso de autoridad»

Tras el allanamiento al domicilio de la ex presidenta en el barrio porteño de la Recoleta, su abogado Carlos Beraldí señaló a través de un carta pública que «por disposición del juez Claudio Bonadío, en el marco de la causa conocida como ‘las fotocopias de los cuadernos’ fueron retirados del domicilio sito en la calle Uruguay 1306, piso 5º de esta ciudad, una serie de efectos personales de la Doctora Cristina Fernández de Kirchner, tales como cuadros y objetos de decoración de su hogar».

Según el patrocinante legal de la senadora bonaerense, la «medida en cuestión, una vez más, constituye otro caso inequívoco de abuso de autoridad y su finalidad no es otra que la de ocasionar a la ex presidenta de la Nación perjuicios indebidos, generando al propio tiempo un hecho de características escandalosas para, de alguna manera, intentar opacar las noticias que dan cuenta de la debacle económica que lamentablemente atraviesa nuestro país».

En la idea de aportar elementos para el análisis, el letrado apuntó que la orden de Bonadío «carece de todo fundamento y justificación, ya que los objetos que fueron retirados se encontraban en el domicilio» de su representada «debidamente inventariados, tasados por el Banco Ciudad y puestos a resguardo, como es de estilo, mediante la designación de un depositario judicial. En otras palabras, no existía ni la más remota necesidad de que tales objetos fueran extraídos por una fuerza de seguridad».

En la misma línea, Beraldi evaluó que «la orden en cuestión fue impartida en el marco de un incidente procesal cuyo objeto, paradójicamente, era obtener la devolución de otros bienes que, también de manera ilegítima, habían sido secuestrados durante un allanamiento llevado a cabo en la localidad de El Calafate. O sea, en lugar de cumplir la ley y devolver lo que estaba indebidamente secuestrado, Bonadío aprovechó la oportunidad para aumentar sus arbitrariedades, llevándose lo que no correspondía».

Además, el abogado recordó que en la Cámara alta, los legisladores, «le indicaron expresamente al juez al momento de autorizar los allanamientos, la forma en que debía ejecutar el procedimiento, respetando la dignidad y el decoro de quien fuera dos veces electa democráticamente como Presidenta de nuestro país y Senadora por la provincia de Buenos Aires, así como también garantizar el ejercicio de sus derechos constitucionales».

Y a renglón seguido, el defensor de Cristina, describió que «esto no ocurrió, porque los procedimientos fueron ejecutados por orden de Bonadío de manera escandalosa. Como no encontró ni bóvedas ni ninguna prueba que incriminara a la ex Presidenta, se aprovechó del permiso que le fue conferido para secuestrar objetos que nada tienen que ver con la investigación a su cargo; ello, con el único e indisimulable propósito de ocasionar perjuicios. Incluso, de manera directa violó los derechos constitucionales de mi representada, impidiéndome que participara y controlara el desarrollo de la diligencia que tuvo lugar en el domicilio de la calle Uruguay».

Con respecto al procedimiento de este jueves, también destacó que «en un primer momento éste se desarrolló en un marco de relativa discreción».

Sin embargo, prosiguió el letrado de Cristina que «al finalizar el operativo y de manera coordinada, los agentes policiales se colocaron sus chalecos identificatorios con las siglas PFA (Policía Federal Argentina) para que pudieran tomarse fotografías y registrarse filmaciones mientras cargaban en una camioneta los efectos personales de la Dra. Kirchner, escenas que, naturalmente, luego fueron filtradas a la prensa y ocuparon la primera plana del diario Clarín y otros medios periodísticos».

Sin embargo, el doctor Baraldi manifestó «que de manera coordinada, el procedimiento del día de ayer fue ordenado por Bonadio tan solo un día después de que el fiscal Taiano pidiera su sobreseimiento en la causa en la que se investiga al magistrado por haber expulsado del allanamiento en el domicilio de la calle Uruguay a la defensa de la Dra. Kirchner».

Y abundó en detalles legales en los que cuestionó la petición del fiscal, porque «se basó en argumentos insólitos y falaces, a saber: a) Bonadío no violó ninguna norma procesal en aquel procedimiento, pese a lo que expresamente indican los arts. 200 y 228 del CPPN; b) la exclusión no tenía otra finalidad que la de ‘ordenar el procedimiento’; c) la presencia del abogado defensor no es un requisito de validez del acto».

Tras la descripción de los hechos que a su entender fueron «arbitrarios», dijo que de acuerdo «con las obligaciones» que le fueron «confiadas», en la “causa de las fotocopias” impugnó la validez de la medida mediante un recurso de apelación y, en la causa promovida contra Bonadio recusó al fiscal Taiano, reclamando una vez más que se cite a prestar declaración indagatoria al juez denunciado por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

En relación a lo que sucede en Comodoro Py, y que según Beraldi «envuelve a una parte del Poder Judicial, en particular, varios Jueces y Fiscales de la Justicia Federal, no resulta posible hacer un pronóstico sobre el resultado que tendrán estos planteos, no obstante los fundamentos fácticos y jurídicos que, en exceso, los sostienen».

Además, el jurisconsulto precisó: «Resulta fundamental, dejar constancia de cada una de las ilicitudes que estamos viviendo, a efectos de que, oportunamente, ellas sean investigadas y sancionadas conforme a la ley».

Pero advirtió que, si bien «por el momento nada ocurra; quizás, los jueces y fiscales responsables de todas estas ilegalidades sigan recibiendo, en lugar de sanciones, beneficios personales (que serían insólitas designaciones como miembros del Tribunal de Disciplina de la ‘Superliga’ del Fútbol Argentino o contratos onerosos en el Poder Judicial de la Nación para sus familiares directos)».

Y no descartó que sea posible «como otra muestra de impunidad», se vea cómo «estos magistrados se reúnen -incluso de manera pública- con empresarios a los que ellos mismos deben investigar (y no lo hacen), o bien con dirigentes políticos que luego les brindan protección para que los pedidos de juicio en su contra nunca prosperen».

Por último, el jurista dijo: «Es seguro que el año que viene, cuando tengamos la posibilidad de votar nuevas autoridades habremos de reclamar que se ponga un límite a todas estas prácticas ilegales, exhortando a que de una vez por todas tengamos una justicia imparcial e independiente y que el Estado de Derecho nunca más vuelva a ser puesto en riesgo»..