El diputado Mestre dijo que la reforma del Código Procesal Penal garantiza independencia judicial

Enviado especial a Buenos Aires – La Cámara baja convirtió en ley la reforma del Código Procesal Penal, sancionado en 2014 a través de la Ley 27.063, pero frenado en su implementación por un decreto del presidente Mauricio Macri a pocos días de haber asumido.

El proyecto aprobado busca ensamblar al cuerpo normativo doce leyes aprobadas durante los últimos años por el Congreso; establece el pasaje de un sistema inquisitivo a uno acusatorio y le otorga un rol preponderante a los fiscales en la investigación.

El diputado nacional de la UCR por Córdoba, en la Alianza Cambiemos, Diego Mestre, señaló a Conclusión respecto de la Reforma del Código Procesal Penal, que fue aprobada en Diputados, que “ambas leyes salieron aprobadas por mayoría, en el caso del Código Procesal Federal es una ley que se reformó en el año 2014, y que se suspendió la aplicación, por lo que se constituyó una comisión bicameral que está trabajando en la implementación del nuevo Código procesal penal que pasa de un sistema mixto a un sistema acusatorio en le que se otorga mayores poderes de investigación a los fiscales y en definitiva se busca incorporar los distintos institutos que se aprobaron desde 2017, por ejemplo la flagrancia, la ley del arrepentido o la ley penal de responsabilidad empresarial”.

“Todos estos instituto que se vayan a incorporar al nuevo Código que implementara de acuerdo a una planificación empezando por las provincias del norte, Jujuy y Salta, donde la presencia del narcotráfico lo que obliga a dar una rápida respuesta”, apuntó Mestre.

Entre las normas que ahora serán armonizadas al CPP se encuentran la Ley de Flagrancia; la nueva ley de Ejecución de la Pena; la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas; la Ley del Arrepentido; la Ley de Técnicas Especiales de Investigación para los delitos complejos; y la Ley de Protección de Víctimas del Delito.

Consultado acerca de la reforma al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el legislador señaló que se modificó la derogación de la ley 26.853 que se aprobó en el marco de la “mal llamada democratización de la Justicia –porque el kirchnerismo buscó cooptarla – es decir controlarla. Y esa norma tuvo como objeto era incorporar una nueva instancia judicial, es decir creo tres cámaras de casación: una en lo Contencioso Administrativo federal, otra en el Trabajo y la Seguridad Social y otra en lo Civil y Comercial que tenían sede en la ciudad de Buenos Aires, lo que entorpecía todos los procesos», respondió.

“En realidad lo que buscaba el kirchnerismo era nombrar a los jueces amigos, como lo testimonia el artículo 7, que hacía alusión al nombramiento en procedimientos abreviados o de subrogancia, donde estaba claro que se nombraba jueces amigos, por este motivo se derogó esta ley y se ha vuelto a los recursos de inaplicabilidad de la ley como era la legislación anterior en esta materia”, aclaró Mestre.

Consultado si la reforma puede resultar abrupta para la justicia, el legislador de Cambiemos, precisó que “en relación al Código Procesal Penal Federal es evidente que si, porque todavía no está implementado y lleva su tiempo. En todas las provincias en las que se modificó los códigos procesales siempre llevo un tiempo pasar del sistema inquisitivo al acusatorio o del mixto –como era este- al acusatorio”.

“Si bien es cierto que se daba cierto gradualismo es muy importante incorporar todas esta nuevas figuras como también la reformas que llevamos a cabo para el fortalecimiento de los tribunales orales, agilizarlos y los juzgados unipersonales”.

Preguntado si esta reformas constituían una exigencia de la Ocde, el parlamentario cordobés manifestó que «se trata de la aplicación al programa Justicia 2020, que lleva adelante el ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que tiene propuestas muy claras».

Respecto de si se desnaturalizaba el principio de inocencia, el diputado oficialista señaló que “de ninguna manera, porque se respetan los derechos y garantías constitucionales“ y agregó que la ciudadanía como consumidora de Justicia se “beneficia porque cuando se implemente el Código Procesal Penal Federal, el sistema acusatorio será oral y esto lo convierte en más ágil, y al tener incorporado todos estos institutos será más efectivo”, ponderó positivamente Mestre.

En relación al Código Procesal Civil y Comercial, se elimina una instancia que había creado el gobierno anterior, y esto hace que se sienta una justicia más cercana y celérica y más independiente”, finalizó.

Por último el legislador se lamentó que el parlamento no avanzó en la aprobación de los juicios “por jurado” durante el año legislativo, pero no descartó que en 2019 se pueda concretar “por los avances que hubo en la Comisión de Legislación Penal y de Justicia”, señaló Diego Mestre.