«El ensañamiento contra Sain es porque fue el primero en investigar seriamente las vinculaciones del crimen organizado con el Poder»

 

Por Florencia Vizzi

Pasado el mediodía de este miércoles, se conoció el dictamen que emitió la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura santafesina para suspender preventivamente a Marcelo Sain de sus funciones como Director del Organismo de Investigaciones y descontarle la mitad del sueldo. Poco antes de que ese dictamen viera la luz, la diputada santafesina de encuentro por Santa Fe, y ex defensora federal, Matilde Bruera dialogó con Conclusión y advirtió que se trataba de una situación escandalosa, que viola toda institucionalidad, ya que no está dentro de las atribuciones del Ministerio Público de la Acusación investigar a un ministro o los actos de un ex ministro cuando estaba en funciones. Para la funcionaria, es una clara persecución contra una persona que se atrevió a investigar los vínculos del poder político contra el crimen organizado y una indudable subordinación del MPA a los legisladores.

«En  Santa Fe, está  rota la división de poderes, evidentemente. Y lo más escandaloso es que los legisladores, en lugar de ocuparse de los problemas de la gente, se ocupan de rencillas entre ellos, de venganzas, y cuestiones menores». Con estas duras declaraciones, Bruera se refirió a la situación institucional que atraviesa la provincia, a la que calificó de escandalosa, haciendo alusión a la decisión del fiscal general, Jorge Baclini de avanzar con una investigación que no está dentro de las atribuciones del organismo y que ya había sido desestimada por la Auditora General, María Cecilia Vranicich.

La diputada también apuntó contra el fiscal general y aseguró que «no le cabe duda de que Baclini sabe que lo que hace está mal».

Investigadores investigados

«La situación es muy grave, desde el punto de vista institucional», remarcó Bruera a este medio y recordó que «dentro del Ministerio Público de la Acusación ya hay dos fiscales detenidos (uno de ellos era el fiscal regional de Rosario) y una cantidad de fiscales cuestionados e investigados penalmente».

A esta situación, la diputada le suma lo que considera una «arbitraria persecución» contra el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain. «Es escandaloso, Sain fue cuestionado en su momento y renunció», recordó Bruera. «Pero, a pesar de que había presentado su renuncia, pretendieron seguir con el proceso de juicio político, que se trata de una instancia que está prevista por la Constitución Nacional para los ministros», explicó. «Es decir, si una persona deja de serlo, ya no corresponde, podrá ser juzgado en otras instancias, pero no con juicio político. Sin embargo, aquí intentaron seguir con eso y mantuvieron el proceso abierto durante varios meses hasta que la propia denunciante (la diputada Lucila Lehmann, de la Coalición Cívica) tuvo que decir que ya no correspondía seguir con el procedimiento».

Una vez que Marcelo Sain renunció a su puesto en el Ministerio de Seguridad, volvió a su lugar de trabajo, el Organismo de Investigaciones, un puesto que ganó por concurso en la administración anterior, cuando Miguel Lifschitz era gobernador y Maximiliano Pullaro ministro de Seguridad.

Pero, indudablemente, más allá de su verborragia y sus formas muy políticamente incorrectas, que le granjearon una larga lista de enemigos, lo que realmente irritó y puso a la defensiva a unos cuantos, es que puso la lupa sobre ciertas relaciones del crimen organizado con algunos sectores vinculados al poder político y judicial.

Uno de esos casos es el que involucra al fiscal Carlos Arietti, duramente cuestionado por su actuación en relación al crimen del empresario santafesino, Hugo Oldani. Por esa actuación, que terminó en el tardío apartamiento de la fiscal Cristina Ferraro tras conocerse una serie de escandalosas irregularidades (que incluyen la desaparición de una suma millonaria de la escena del crimen, cámaras de seguridad manipuladas por policías, ocultamiento de información, ente tantas otras) Marcelo Sain cuestionó duramente a Carlos Arietti.

Ahora, en una  vuelta de tuerca que cualquier mal pensado podría interpretar como una suerte de revancha, el fiscal Arietti denunció al titular del Organismo de Investigaciones por su actuación cuando era ministro de Seguridad. Sobre esas denuncias (presunto hacinamiento en comisarías y convalidación de tratos crueles, una compra de armas hecha por el Ministerio, y prácticas agraviantes), la Auditora General de Gestión del MPA, María Cecilia Vranicich, se declaró incompetente, precisamente porque se habrían cometido mientras el aludido se desempeñaba como ministro de Seguridad, y el MPA no tiene competencia alguna.

Pero Arietti siguió adelante, convocó a Junta de Fiscales y, en sintonía con los diputados del Frente Progresista, que acompañaron la petición, le requirieron al fiscal general Jorge Baclini que revoque la decisión de Vranicich y abra la investigación contra el ex ministro.  Finalmente, el pasado 22 de abril, Baclini cedió, apartó a la auditora y designó auditor ad hoc al fiscal regional de Reconquista, Rubén Martínez, para que inicie el procedimiento disciplinario que analizará la conducta de Sain.

Sobre este capítulo, Bruera fue contundente: «Es escandaloso y estoy alarmada por la violación de las instituciones». «Ahora insisten con una acusación que hace en el MPA, ahí lo denuncia un fiscal que había sido denunciado y cuestionado por Saín. O sea el mismo fiscal es el que impulsa una investigación que la auditora general  había dicho que no puede hacerse porque no es competencia del MPA investigar su actuación como ministro. Y, el fiscal general avala esto y desconoce la autonomía de la auditora y desconoce la autonomía del MPA, designa a otro fiscal instructor, que es fiscal regional de Reconquista, quien admite su competencia para analizarlo. Esto es escandaloso porque no tiene facultades, no es competente. El MPA solo puede analizar las faltas que se cometen en las funciones del organismo». «Es realmente un escándalo».

Lo importante no es Sain

«A mi me preocupa, mucho más allá de la situación particular de Saín, me preocupa que en esta provincia no rija la Constitución, y no rijan las leyes vigentes dentro de ninguna de las instituciones», apuntó la legisladora y ex defensora pública. Y reflexionó: «¿cómo les podemos exigir a los ciudadanos que cumplan las leyes si no las cumplen  ni el MPA, ni los diputados ni los senadores?.

Bruera también señaló que igual de escandaloso es que «en lugar de ocuparse de la seguridad, de analizar el plan de seguridad que está en la Cámara y analizar la situación que existe en la provincia con este tema, siguen ocupándose de algo que ya está terminado». «Esto es realmente incomprensible».

Ya en otras entrevistas, la legisladora había señalado que «la inseguridad tiene directamente que ver con los manejos institucionales y hay mafias instaladas en todo tipo de crimen organizado”.

En ese sentido Bruera reconoció que en la provincia hay «una doble vara» que desconoce la «vigencia de la Constitución Nacional» y recordó el escándalo en el que derivó la investigación por juego clandestino y extorsiones, tras la caída en desgracia de los fiscales Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal, cuando titulares de la Agencia de Criminalidad Organizada, Luis Schiappa Piettra y Matías Edery encontraron pistas que involucraban al senador Armando Traferri y pidieron su desafuero para poder investigarlo.

«Fue un escándalo también, porque no se lo estaba condenando, se estaba pidiendo que se lo investigue para aclarar algunas cuestiones que lo podían vincular a la investigación. Pero el Senado se abroqueló detrás de Traferri y no convalidó la posibilidad de avanzar con la investigación», aseveró la diputada, a la vez que se preguntó: «¿Cómo no se va a poder investigar penalmente a alguien? Es el único lugar del país en que ocurre esto, y me atrevería a decir del mundo. Todas las personas deben poder ser investigadas».

Para Matilde Bruera hay una conexión directa entre estos hechos y la extrema situación de inseguridad que se palpita día a día en la provincia de Santa Fe, sobre todo en la ciudad de Rosario. «Los legisladores en lugar de ocuparse de los problemas de la gente, se ocupan de rencillas entre ellos, de venganzas, de cuestiones menores. Si Saín estaba cuestionado como ministro, ya no es más ministro, se terminó el problema», exclamó.

Pero también admite que ese ensañamiento contra el ex ministro de Seguridad sobrevuela las polémicas que despertó cuando ejercía como titular de esa cartera. «El ensañamiento contra Sain es porque es la primera persona que inició investigaciones serias sobre la complejidad y las vinculaciones del crimen organizado con el Poder. Entonces lo quieren sacar de todos lados, no quieren que pise más la provincia de Santa Fe, lo quieren desterrar, porque fue quien apuntó contra estos vínculos que en este momento son más visibles que nunca, porque es evidente que el MPA está subordinado a los legisladores, no hay división de poderes, a mi no me cabe duda que Baclini sabe que está mal lo que está haciendo, porque es una persona que sabe de Derecho, no se trata de una equivocación, creo que hay una subordinación absoluta».

Tras estas duras afirmaciones y, sobre el cierre de la entrevista, la diputada santafesina insistió en la prioritaria necesidad de «ocuparse de los problemas reales que tiene la gente y no de los problemas internos». «Además, las instituciones tienen que manejarse dentro de los marcos jurídicos vigentes, sino estamos en serios problemas. ¿Cómo le vamos a pedir que la gente no viole la ley si las propias instituciones violan la ley?».

*Matilde Bruera es diputada por el partido Encuentro por Santa Fe, que integra el Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados. Es abogada penalista, ejerció durante años como Defensora Pública y es docente universitaria.