El Gobierno buscará derogar la figura del femicidio, la Ley de Identidad de Género y los cupos laborales trans
Desde Casa Rosada aseguraron que “la idea es eliminar cualquier diferenciación que haya, ante la ley o el Estado”. De momento, no se prevé que el proyecto derogue el matrimonio igualitario ni la ley de aborto.
El ataque del gobierno de Javier Milei a las minorías y disidencias no se queda solo en lo discursivo. Es que después de un enardecido discurso en el foro de Davos, donde el presidente apuntó contra la diversidad de género y el feminismo y pidió “sacarlos de la cultura” para “poder progresar”, este viernes trascendió que desde Casa Rosada estarían impulsando un proyecto de ley que eliminaría la caratula de femicidio contemplada en el Código Penal, los cupos laborales para personas trans y los documentos de identidad no binarios.
Poco después de que Milei, al exponer ante líderes mundiales, cargara contra la ideología “woke”, una fuente cercana al despacho presidencial habló con la agencia Noticias Argentinas y advirtió: “El Estado no puede hacerse cargo de cada sector que se considere minoría”.
Con esta premisa, la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal Murphy, y el equipo que lidera el asesor presidencial, Santiago Caputo, trabajan en la letra chica de este proyecto que se denomina “Igualdad ante la Ley”, y que busca derogar lo que definen como “discriminación positiva”.
El objetivo de este proyecto -que está en redacción y que podría presentarse de cara a las sesiones ordinarias del Congreso, para ser tratado a lo largo de este año- sería derogar la Ley de Identidad de Género (Nº 26.743); algunos aspectos de la Ley Micaela (Nº 27499), que obliga a funcionarios públicos a capacitarse en cuestiones de género; el DNI no binario, implementado en 2021 a través del Decreto 476/2021; la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero (Nº 27.636 ); y la Ley de Paridad Electoral en Ámbitos de Representación Política (Nº 27.412).
En concreto, se buscará derogar toda norma que garantice “un trato diferencial ante la ley”. En principio, estaba previsto que también se dé de baja la normativa de cupo laboral para personas con discapacidad (Nº 22.431), pero finalmente desde Casa Rosada decidieron no avanzar en este punto.
Si bien la redacción de este proyecto cobró notoriedad en las últimas horas, hace meses que el gobierno de Milei tiene la intención de avanzar en la materia. En noviembre, el vocero presidencial Manuel Adorni había anunciado: “La Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento, ni de religión. Todos sus habitantes son iguales ante la ley. Por eso, el Gobierno nacional dispondrá las medidas necesarias para eliminar cualquier política ideológica y discriminatoria que habilite el ingreso a los empleos públicos por criterios que no sean específicamente los referidos a la propia idoneidad de las personas”.
Van por la figura de femicidio
En un tramo de su discurso en Davos, el presidente apuntó contra el feminismo radical y sostuvo: “Llegamos al punto de normalizar que en muchos países, si uno mata a una mujer, se llama femicidio y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre, legalizando que la vida de una mujer vale más”.
Así las cosas, y a pesar de que las estadísticas arrojan que en Argentina una mujer es asesinada por razones de género cada 29 horas, a través de este proyecto el Gobierno buscará terminar con la tipificación de femicidio, contemplada en el Código Penal. Con la eliminación de este agravante, las penas para los condenados serán menores.
Las críticas que cosechó el discurso del libertario en el Foro Económico de Davos parecen no importarle al entorno del presidente, que asegura que tratará el tema sin importar si cuenta o no con los respaldos necesarios de sus principales aliados. “No vamos a dejar de hacer lo que creemos que tenemos que hacer por miedo a que lo rechacen. En todo caso no saldrá”, plantearon.
Si bien Milei se pronunció más de una vez en contra del aborto legal, desde su entorno se encargaron de asegurar que el paquete no incluirá la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo ni la Ley de Matrimonio Igualitario.