El gobierno de Santa Fe le solicitó al juez del concurso que desplace al directorio de Vicentin

El gobierno de Santa Fe le solicitó este lunes al juez que lleva adelante el concurso de acreedores de la empresa Vicentin que, además de aceptar la intervención de tres miembros que propuso, deje sin efecto la resolución del viernes de reponer al antiguo directorio debido a que «no es ajustada a derecho».

Así lo informó el secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia, quien remarcó que «las facultades de intervención que tiene la Inspección General de Personas Jurídicas las marca claramente la Ley General de Sociedades, artículos 301 y 303».

Para Somaglia, el juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, «tomó en cuenta para la intervención otra parte de esta ley, que significa un interés privado, (pero) acá no hay un interés privado sino un interés público general y superior, porque esta empresa excede el mero marco del interés privado».

En declaraciones a Radio Universidad, Somaglia agregó que esa ley sostiene que, «cuando este organismo de control (Personas Jurídicas) verifica que existe un interés público comprometido, le puede solicitar al juez la intervención».

El integrante del gabinete de Omar Perotti advirtió que, si el juez sigue «en la postura que señaló el día viernes y resuelva que es irreversible», la provincia irá » subiendo en las instancias (judiciales) para poder revertir lo resuelto».

En este sentido, el funcionario santafesino resaltó que la provincia va a ser quien haga «frente a las erogaciones que corresponden hacer» mientras que «los administradores de Vicentin en el último tiempo no han sido lo suficientemente transparentes, porque han llevado a la empresa a la situación en la que está».

Somaglia justificó la presencia de interventores nacionales «porque, sin dudas, la Nación va a ser uno de los que va a asistir en el salvataje, en el rescate de la empresa».

«(El presidente Alberto) Fernández dice lo mismo: ‘yo no le voy a dar todo el dinero al (gobernador Omar) Perotti, quiero tener la gente de mi confianza (para administrarlo), como es el doctor (Gabriel) Delgado, que tiene una reputación reconocida en el orden nacional».

Somaglia dijo que el Presidente quiere que Delgado «administre junto con el que ponga Perotti, y entre ellos que salven la empresa».

«Ese es el cometido. No podemos seguir adelante con los actuales administradores», remarcó Somaglia.

Sobre los plazos, señaló que «la empresa se salva dentro del proceso de concurso, el tiempo lo da la causa judicial del concurso y la quiebra».

Aclaró luego que, «con la intervención, lo único que se corre es a los gerentes actuales de Vicentin» porque -indicó- «los socios continúan siendo socios», con lo cual «no pierden su situación».

En este marco, explicó que «no es que los interventores llegan y hacen lo que quieren», sino que hay un «marco de control y transparencia».

«Hay tres síndicos que son propios de la empresa, que controlan al directorio y controlarán a los interventores; hay tres síndicos concursales, van a controlar; hay un juez, está el comité de acreedores», enumeró.

Previamente, el secretario de Justicia había aclarado que el gobierno de la provincia pretende, «en consonancia con el gobierno nacional», que «si van a ir al rescate de la empresa, los fondos que puedan venir de estos organismos públicos sean administrados por quien pone el dinero y no por los integrantes del directorio, que están siendo cuestionados no solamente en la Nación sino también en otros lugares del mundo».

«Desde el punto de vista económico hay una realidad: es una empresa que, más allá de que los propietarios sean de la familia Vicentin, no está en condiciones de afrontar los compromisos tomados con anterioridad, no solamente con bancos nacionales y extranjeros sino con productores y cooperativas, además de los propios empleados», puntualizó.

«La cuestión económica es determinante», señaló Somaglia y dijo que a los Estados nacional y provincial no los «satisface» que «quienes llevaron a esta situación de crisis a la empresa la continúen administrando».

Denuncias penales

Otro de los frentes judiciales circundantes a Vicentin tiene consecuencias penales. Quien se refirió a ésto fue la titular de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe, la abogada María Victoria Stratta, quien advirtió este lunes que “hay cuatro directores (de la cerealera Vicentin) que han ingresado actuaciones en el registro de la propiedad para vaciar su patrimonio a partir del mes de enero” y «tienen denuncias penales».

La IGJP, en la misma línea que Somaglia, solicitó el reemplazo del directorio de la cerealera en concurso de acreedores Vicentin para «conducir a la empresa de mejor manera hacia el acuerdo preventivo que evite la quiebra».

«Como autoridad de contralor de sociedades no puedo dejar de analizar estos hechos y pedir que el juez del concurso separe a los administradores y los reemplace por alguien que pueda conducir a la empresa de mejor manera hacia el acuerdo preventivo que evite la quiebra, porque esta gente no parece estar a la altura de las circunstancias, tienen denuncias penales», sostuvo Stratta.

En declaraciones a la FM Radio Con Vos la funcionaria aclaró que «lo que nosotros pedimos es que los directores, que son once personas, no sean quienes actúen administrando en esta coyuntura en la que hay que solucionar el problema del concurso preventivo».

Remarcó además que «hay una situación de insolvencia y están estas personas (los directores), que llevaron a la sociedad a ese lugar”.

Acerca del entramado societario, indicó luego que la situación de la empresa «es bastante compleja, porque son distintas sociedades que están relacionadas, si bien la única que está en concurso preventivo es Vicentin S.A.».

«Todo ese entramado es relevante porque son sociedades en las cuales Vicentin dice tener participaciones ínfimas, pero en la página web señala a todas esas empresas como propias», advirtió Stratta.

«Esto llamó la atención y llevó a revisar los distintos legajos societarios y ver si en realidad no era tan ínfima la participación; formalmente sí, pero sustancialmente no porque las otras sociedades propietarias de esas acciones tienen relación», concluyó.