JUEVES, 07 DE NOV

El Gobierno envió a Diputados un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años

El oficialismo argumenta en que se debe bajar la edad de imputabilidad para que no queden impunes algunos delitos penales y se espera que sea tratado lo antes posible.

 

El Gobierno envió este martes a la Cámara de Diputados un proyecto que reduce la edad de imputabilidad a los trece años y establece un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal, donde se establece una pena máxima de 20 años y se prohíbe la reclusión perpetua.

El oficialismo puntualiza que es necesario bajar la edad de imputabilidad ya que “los delitos cometidos por menores de 16 años quedan impunes. Esta circunstancia genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general”.

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En ese orden, el proyecto girado a la Cámara de Diputados fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Seguridad Patricia Bullrich y de Justicia Mariano Cuneo Libarona.

Ahora, la iniciativa deberá ser analizada por las comisiones de Legislación Penal y de Justicia, que conducen Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba) y Manuel Quintar (LLA-Jujuy), aunque se estima que no será sencillo ya que es un tema que divide las aguas dentro del Congreso Nacional.

Qué dice el proyecto

El proyecto establece un régimen penal aplicable a las personas adolescentes desde los 13 hasta los 18 años cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal.

A lo largo del proyecto se establece que no se le podrá imponer al menor una pena por reclusión perpetua, siendo el máximo de la prisión de 20 años, aunque si la escala penal fuera más elevada, producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

Qué dice la Ley

La Ley N° 22.278, actual Régimen Penal de la Minoridad, sancionada en 1980, indica que los menores de 16 años son inimputables, y el gobierno propone cambiarla basada en cuatro aspectos principales con el cambio de paradigma.

Uno de ellos es la modernización y adecuación de la legislación a la realidad; el otro es el desfasaje normativo con respecto a otros países de la región; la protección de los niños y jóvenes, amparados en la Convención de los Derechos del Niño y la necesidad de ampliar las herramientas con las que cuenta el Estado para reducir la incidencia de la criminalidad juvenil en la sociedad.

En los fundamentos de la presentación, el Gobierno señala que “la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada”.

 

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