El Gobierno presenta iniciativa para reformar la ley de Defensa a la Competencia
El proyecto del oficialismo, busca evitar el abuso de posición dominante y la cartelización, imponiendo multas a monopolios que con su accionar impidan la libre competencia.
El ministro de Producción, Francisco Cabrera; la líder de la coalición Cívica, Elisa Carrió; y el jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri presentarán mañana en Diputados un proyecto de ley para reformar la ley de Defensa a la Competencia. A su vez, asistirán a la presentación, que se llevará a cabo a las 15:00 en la sala Delia Parodi del primer piso de la Cámara de Diputados, el secretario de Comercio, Miguel Braun, y el presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Esteban Greco, en tanto que podría sumarse el jefe de la bancada del PRO, Nicolás Massot.
Los aspectos centrales que introduce el proyecto redactado por Carrió y Negri es la creación la de Agencia Nacional de la Competencia, la cual funcionará de manera autárquica (ya no dependerá de la Secretaría de Comercio como hasta ahora), y la inclusión de la figura del arrepentido para que una persona puede denunciar prácticas monopólicas de abuso de posición dominante de mercado. De esta manera, la legislación argentina incorporaría una herramienta válida para detectar delitos de cartelización, que es la situación cuando dos o más empresas del mismo sector acuerdan precios para perjudicar o eliminar a la competencia.
El proyecto también contempla la elevación de las multas contra empresas que abusan de posiciones dominantes, en tanto que también se avanzaría en la suba del monto que se establece como piso por encima del cual las empresas están obligadas a pedir una habilitación especial para fusionarse con otras empresas.
El piso, que había quedado muy desactualizado producto de la inflación de los últimos años, pasaría de 200 millones a 2.250 millones de pesos, lo que implica que sólo si la fusión de empresas supera ese umbral podría caberle una investigación.La sanción de la actual ley de Defensa de la Competencia data de agosto de 1999, en los últimos meses del Gobierno de Carlos Menem, y su tratamiento fue motivado por la reforma constitucional de 1994.