El Gobierno propone ley de alquileres que se ajustará por inflación y salarios

Por Aldo Battisacco – Enviado especial a Buenos Aires – El gobierno nacional resolvió enviar un nuevo proyecto de ley de alquileres al Congreso, tras el fracaso de 2018 de darle impulso a una norma que no obtuvo los acuerdos necesarios para que sea tratada en el recinto. La iniciativa propone ajustar los contratos de locación tomando los indices que elabore el INdEC de inflación y salarios.

Se espera que el proyecto en el que intervinieron el ministro del Interior Rogelio Frigerio, el secretario de Vivienda, Iván Kerr, y un grupo de legisladores liderado por Daniel Lipovetzky, pueda ser tratado en lo inmediato en comisiones, para que sea aprobado antes de fin de año.

Los tiempos comprometen el objetivo de la administración Macri, en diálogo con Conclusión, el diputado nacional y presidente de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky, dijo que «el nuevo texto de la norma recoge las experiencias de estos años de trabajo y se le dará estado parlamentario de dos formas, con la presentación de un proyecto de mi autoría y otro que enviará el Ejecutivo».

«El proyecto tiene similitudes con la iniciativa de la senadora García Larraburu, y otro de Felipe Sola. La idea es bajar los costos que tiene el inquilino cuando ingresa a la vivienda, esto favorecería a 7 millones de locadores que hoy pagan comisiones y meses de depósitos y la actualización del canon locativo que se hace en forma indexada según la vieja ley de convertibilidad de 1991, que se actualiza con valores que no responden a la inflación, ni al incremento de los salarios de quienes alquilan», precisó Lipovetzky.

Según el legislador, es aconsejable que el indice de actualización «esté de alguna manera vinculado a los salarios, de allí que es lo que en esencia consta en el proyecto».

El Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires criticó el proyecto del gobierno para indexar alquileres por inflación y advirtió que la iniciativa «no está a favor de los inquilinos» y que persigue fines electoralistas.

La entidad señaló que «la norma actual prohíbe los ajustes de tarifas por fuera del acordado en los contratos» y agregó que el proyecto oficial «propone actualizarlos mensualmente» por un indice combinado de precios y salarios del Indec.

Lipovetzky expresó que en general «las cámaras inmobiliarias no están en desacuerdo con el proyecto, el punto de conflicto es el que está asociado a las comisiones. Porque el proyecto establece que las comisiones estén a cargo del propietario».

Además, aclaró que su proyecto «sujeta el tema a una legislación provincial y no nacional, por lo tanto si existiese nomas provinciales que estableciera que los honorarios de corredores inmobiliarios esta a cargo de las dos partes, se respeta la ley de la provincia y en caso de carecer de esta, tendrá valor la que establece que está a cargo del propietario como es usual en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».

Entre los aspectos más importantes se destaca que se podrán indexar contratos para alquileres superiores al equivalente a 650 UVAs, es decir, unos 26.676 pesos, en tanto que los alquileres inferiores a ese monto se actualizarán según la variación mensual del Indice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales (RIPTE), combinados en partes iguales.

Además, el depósito de garantía que se le cobrará al inquilino “no podrá ser mayor al importe equivalente al primer mes de alquiler” y cada contrato deberá ser declarado ante la AFIP en el plazo que establezca el organismo a su debido tiempo.

La iniciativa además mantiene el plazo de dos años de duración de los contratos, con opción a extenderlo de manera automática por un año más si hay acuerdo entre el propietario y el inquilino, que evitaría gastos como comisiones e impuestos a los sellos.

Las garantías para el alquiler podrán ser una garantía de otro inmueble, un aval bancario, un seguro de caución, una garantía de fianza o una garantía personal del locatario, que se podrá documentar con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente.

Entre esas opciones, el locatario propondrá al menos dos, y el locador deberá aceptar alguna de ellas, informó el medio citado.