El Gobierno retiró el apartado de la Ley Ómnibus que limitaba la reunión de personas en espacios públicos
"Les vengo a decir que es nuestro objetivo retirar ese artículo directamente porque está suficientemente explicado en otros artículos", explicó la funcionaria sobre el polémico artículo 331, que representaba un grave peligro y lesionaba el legítimo y constitucional derecho a la protesta.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este miércoles en la Cámara de Diputados que decidió retirar de la ley de «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» la obligación de pedir permiso a las autoridades para la realización de reuniones de tres o más personas en espacios públicos.
«Les vengo a decir que es nuestro objetivo retirar ese artículo directamente porque está suficientemente explicado en otros artículos», explicó la funcionaria sobre el polémico artículo 331, que representaba un grave peligro y lesionaba el legítimo y constitucional derecho a la protesta.
«Al haberse generado una confusión, pensamos que es mejor retirarlo. Lo damos por retirado», reforzó Bullrich.
«Al haberse interpretado de otra manera, mejor retirarlo directamente», insistió al participar de un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, donde se trata la también polémica Ley Ómnibus, un auténtico retroceso en términos de soberanía nacional y una trompada a las instituciones de la República, la división de poderes, los trabajadores y el pacto democrático que los argentinos recuperaron en 1983.
A través del artículo 331 del proyecto, el Gobierno definía a la reunión o manifestación como una «congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público».
Según estaba estipulado en la Ley Ómnibus, estas reuniones o manifestaciones debían ser notificadas al menos 48 horas antes de su realización ante el Ministerio de Seguridad, que se guardaría la potestad de autorizar o rechazar la convocatoria.
En el pedido debían figurar las características de la manifestación, los datos de la persona u organización que la convoca especificando «nombres y datos personales», la finalidad, el recorrido de la marcha, el tiempo de duración y la cantidad estimada de participantes.
Por otro lado, la ministra afirmó que “necesitamos tener a las fuerzas con la certeza de que el Estado no es su enemigo”. Asimismo, explicó tres temas dentro del proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos.
La ministra de Seguridad planteó que todas las medidas de seguridad establecidas en el proyecto de ley del presidente Javier Milei “son de las urgencias que el país necesita para salir de la crisis económica en la que está”. “Cualquier error que pueda surgir en las decisiones de cambios pueden generar una situación de incertidumbre”, anticipó.
Después, señaló: “Hemos cambiado el artículo 34 de la legítima defensa a lo que sucede hoy en día con la violencia de los delitos que destruye la vida de tantos ciudadanos”, y agregó: “Planteamos un cambio en línea con los países sudamericanos porque nosotros teníamos una legítima defensa en base a delitos no violentos”, explicó Bullrich.
Patricia Bullrich: «Necesitamos tener a las fuerzas con la certeza de que el Estado no es su enemigo»
Uno de los puntos que la funcionaria señaló de “gravedad” estuvo vinculado a la protesta social: “Para tener un país con inversiones, debemos tener un país con orden y esta es una situación imposible de convivencia social que ha generado más problemas”.
“Estamos planteando que a partir de ahora haya mayores penas si usan armas como morteros, palos y cañas porque hemos tenido casos donde hubo miembros de las fuerzas de seguridad heridos”, explicó la titular de la cartera de Seguridad.
Además, planteó que “no se trata de un modelo autónomo, sino que se organizan a partir del uso de recursos del Estado que tiene como contrapartida la participación en la manifestación y hay organizadores, un sentido y un objetivo de cortes, y lo hacen con una capacidad de presión sobre los concurrentes, el quite del beneficio social”.
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— Conclusión (@ConclusionRos) January 10, 2024
En la misma línea, abundó como ya lo hizo en otras oportunidades que “esto ha generado un modelo que termina con la autonomía y la voluntad de la persona porque la gente debe darle dinero a los organizadores”. “La pena del organizador es de 3 a 6 años de prisión”, aseveró.
Para luego advertir que “de ninguna manera puede haber una conducción paralela al Estado que le dé o quite beneficios a las personas porque ese dinero es de los contribuyentes”, y concluyó: “Hay más de 25.000 denuncias, donde una cuenta que una familia que cobraba 108.000 pesos, solo recibía 20.000”.
El segundo punto fue la legítima defensa: “Hemos cambiado el artículo 34 de la legitima defensa a lo que sucede hoy en día con la violencia de los delitos que destruye la vida de tantos ciudadanos y planteamos un cambio en línea con los países sudamericanos”.
“Nosotros teníamos una legítima defensa en base a delitos no violentos con el uso solo para impedir muertes o ataques hacia terceros”, subrayó, y aclaró que “el policía no puede verificar al instante si el delincuente tiene un arma de verdad o no”.
Sobre el tópico en desarrollo , señaló que “sacamos el concepto del ataque por la noche porque hay infinidad de casos, en donde vemos al robo en moto, que al huir de la escena del crimen disparan hacia atrás”. “Cuando el motochorro se va tirando para atrás, el policía aplica la legitima defensa”, explicó.
“Queremos darle la seguridad que no van a ser juzgados, ni pasar de agentes del orden a víctimas porque si no actuamos con firmeza nos va a pasar como Ecuador y estamos hablando con los gobiernos (provinciales) para ir contra los núcleos del narcotráfico”, afirmó con énfasis Patricia Bullrich.
Por último, refirió que el tercer punto fue la reforma en la que se constriñe a que “el delincuente no pueda ser querellante en el hecho”, y amplió: “Una persona que sale a robar, es decir viola la ley, después no puede exigir un resarcimiento”.
Entre otros temas, propuso “aumentar las penas a quienes golpean a policías (3 años y 6 meses)”. Sobre todo, cuando sean más de tres personas, con armas o un funcionario público que esgrima poder”.