El gran bonete judicial

Por Graciana Peñafort

A Ramos Padilla lo conocí hace muchos años. Me lo presentó Héctor Timerman. Había sido su abogado cuando Héctor declaró en el juicio contra Christian von Wernich, por el secuestro de su padre, Jacobo Timerman, ocurrido en la madrugada del 15 de abril de 1977.

Contó Héctor Timerman en ese juicio, visiblemente conmovido. “Él [por Jacobo Timerman] estaba vendado, pero a veces la venda se caía porque saltaba por efecto de la electricidad. Así pudo reconocer a algunas personas. (Christian) Von Wernich estaba presente en las sesiones de tortura. Se sentaba cerca de (el ex general Ramón) Camps y hacía comentarios en voz alta del tipo ‘a estos hay que matarlos a todos’”.[1] Su hermano Javier contó que Héctor lo había llevado en una oportunidad a visitar a Jacobo detenido. Javier llevó su boletín de calificaciones, para que su padre lo firmara. “No está autorizado”, fue la respuesta del carcelero.

Héctor y Javier Timerman pudieron ver que se hacía Justicia con la memoria de su padre, ya muerto. El joven abogado que los patrocinó rindió concurso y llegó a juez. Su nombre es Alejo Ramos Padilla.

Mucho tiempo después Héctor Timerman fue acusado de encubrimiento por la firma del Memorándum con Irán. Y Alejo Ramos Padilla no podía ya defenderlo. Entonces Héctor designó como sus abogados a Alejandro Rúa y a quien firma esta nota.

Héctor solía fastidiarme, intentando ponerme celosa de “su abogado”. Y yo solía contestarle: “Lo que vos digas, Timerman. Ramos Padilla será fantástico, pero no te trafica Titas en la cartera a escondidas de Annabelle”. Y nos reíamos de nuestro chiste personal.

Alejo Ramos Padilla fue un leal amigo de Héctor Timerman cuando ya estaba gravemente enfermo. El 31 de diciembre de 2018, no me sorprendió encontrarlo entre los que fuimos a despedirlo por ultima vez.

La actuación pública de Alejo Ramos Padilla es conocida y no pretendo hacer un racconto de ella. Sí puedo señalar, a la luz de sus sentencias mas conocidas, que es un juez criterioso, que estudia los temas con profundidad y que jamás ha olvidado su profundo compromiso por los Derechos Humanos.

Todo ello se ve reflejado en su actuación como juez de la causa que comenzó como una denuncia por extorsión, en la cual un empresario llamado Pedro Etchebest denunció a un supuesto abogado, agente de la DEA y de la CIA (y de KAOS también si hace falta) que se llama Marcelo D’Alessio.

D’Alessio extorsionó a Etchebest utilizando el nombre de Carlos Stornelli y su rol como fiscal en la causa de las fotocopias del cuaderno de Centeno, el chofer literato de Roberto Baratta. El falso abogado está procesado por dicha extorsión y detenido. El fiscal Stornelli jamás se presentó a brindar declaración indagatoria en esta causa, pese a que el propio juez Ramos Padilla afirmó en oportunidad de procesar a D’Alessio que “es una hipótesis probable que el doctor Carlos Stornelli no esté vinculado al reclamo dinerario a Etchebest. Sus antecedentes y su larga carrera judicial indicarían eso. En especial me inclino por esta hipótesis porque entiendo que un fiscal con tanta experiencia no recurriría a un ‘agente de la DEA’ —como él mismo dice que se lo presentaron—, para llevar adelante un reclamo de dinero” (Resolución de Ramos Padilla del 25 de febrero de 2019).

El problema en sí mismo no es la causa por extorsión. El tema es que, investigando dicha extorsión, se encontraron pruebas de una de las más fabulosas (y documentadas) maniobras de inteligencia ilegal de las que tenga registro en la Argentina. Y esto es lo que preocupa y mucho a Irurzun, a Stornelli, a Comodoro Py y a buena parte del Poder Judicial, político, económico y periodístico de este país. Porque muchos de los integrantes de dichos poderes están vinculados a la maniobra.

Las maniobras de inteligencia ilegal que aparecen apenas esbozadas en los escritos de Ramos Padilla, vulneran la Ley 25.250 –Ley de Inteligencia— de arriba hacia abajo, y en cualquier dirección. También verifican algunas de las conductas mas graves que describe el Código Penal. Y señalan a miembros del Poder Judicial, como Stornelli y Bidone, el fiscal del triple crimen de General Rodríguez, en carácter de partícipes de dichas maniobras. También aparecen periodistas como receptores de la información ilegalmente obtenida y en algún caso como proveedores de información sobre sus colegas. Miembros del poder político como legisladores, funcionarios del Ministerio de Seguridad y de la Agencia Federal de Inteligencia, entre otros. También importantes empresarios, como es el caso de Mario Montoto, quien aparece vinculado a operaciones para sacar de modo clandestino personas de Venezuela.

El poder tiende no solo a concentrarse, sino a autopreservarse. Por eso desde el momento mismo que se hizo pública esta causa, Comodoro Py intenta sacársela a Ramos Padilla, juez al que no controla. El primer intento estuvo a cargo de Julián Ercolini, quien sin haber tomado siquiera conocimiento del contenido de la causa se la requirió a Ramos Padilla. Lo hizo tan groseramente, que no obtuvo lo que buscaba. Más aun, a la postre, su grosería resulto contraproducente para los fines “protectorios” de la información que buscaba. Porque el único resultado fue que Ramos Padilla se vio obligado a levantar el secreto de sumario. Eso dijo el juez en su resolución del 25 de febrero, donde señaló: “No puedo comprender el pedido intempestivo que formuló el doctor Julián Ercolini que reclamó una inhibitoria –sin siquiera certificar esta causa— cuando aún estaba en secreto de sumario y en plena etapa de recolección de pruebas, y de este modo puso en riesgo la investigación y la posibilidad de avanzar a partir de la herramienta que permite la reserva de las actuaciones”.

El poder político necesitaba desesperadamente conocer qué había en la información que se obtuvo a partir del allanamiento que hizo Ramos Padilla en las propiedades de D’Alessio. Y también qué información surgía de los peritajes de los celulares del extorsionador. Porque si algo es sabido es que los extorsionadores guardan todo material que pueda servir para futuras extorsiones. Y tal parece haber sido el caso, también con D’Alessio.

Dado que la información obrante en la causa de extorsión se vinculaba con tareas de inteligencia ilegal, la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso de la Nación le requirió al juez Ramos Padilla que la remitiese. Ramos Padilla la remitió hace más de una semana y se puso a disposición de dicha Comisión para ampliar sobre la misma. Más de una semana le insumió a la Bicameral abrir la documentación remitida por el juez y disponer que el jueves 21 de marzo concurra a brindar más información.

Será la segunda vez que Ramos Padilla concurra el Congreso en pocos días. La primera vez fue el miércoles 13, cuando concurrió a informar a la Comisión de Libertad de Expresión. ¿Por qué declaró Ramos Padilla en esa Comisión? Porque dentro de las víctimas de las maniobras ilegales de inteligencia hay periodistas. Y dentro de los victimarios también los habría.

Esta vinculación con periodistas tomó estado público el 27 de febrero de 2019, cuando Ramos Padilla le tomó declaración indagatoria a Ricardo Bogoliuk, señalado por D’Alessio como uno de sus jefes. El ex comisario Bogoliuk fue procesado por Ramos Padilla, y en su resolución el juez señaló que “los reportes de D’Alessio no solo se circunscribieron a estas operaciones ilegales de espionaje que perjudicaron a Etchebest, PDVSA y Marcelo Brusa Dovat, sino que también abarcaron otras áreas, como por ejemplo los informes de inteligencia que realizó sobre los periodistas del programa televisivo Animales Sueltos y cuya fuente de información fue el periodista Daniel Santoro, a quien D’Alessio señala —en sus reportes de inteligencia— como su ‘amigo’ y que también le era reportada al —entonces— agente de la AFI Bogoliuk”.

De Daniel Santoro no voy a opinar. Solo recuerdo que su rol funcional al poder quedó evidenciado en múltiples ocasiones. No hacía falta que fuese amigo o socio de D’Alessio para saber eso de Santoro. Daniel Santoro fue el periodista que afirmó, en la mesa de Animales Sueltos, que los cuadernos de Centeno habían sido sometidos a peritajes caligráficos. El detalle que se supo después es que no sólo no había peritajes caligráficos, sino que tampoco había cuadernos. Centeno declaró haberlos quemado varios meses antes.

El mismo día que los periodistas espiados por D’Alessio iban a declarar al juzgado de Ramos Padilla en su rol de víctimas de espionaje ilegal, en los diarios de la Argentina salía publicada una solicitada de apoyo al periodista sindicado por haber sido quien espiaba a sus compañeros por encargo de D’Alessio. Hoy domingo 17 salió publicado un reportaje a Daniel Santoro en el diario Perfil. Ni a Romina Manguel ni a Alejandro Fantino, victimas del espionaje de D’Alessio, sus colegas le han expresado solidaridad pública por lo que les pasó. Cosas incomprensibles de un mundo de periodistas sin más empatía que la que les inspira el poder.

Precisamente por informar a esa Comisión es que acaban de pedir juicio político para Ramos Padilla. Un pedido que parece nacido de la mesa judicial del macrismo, la misma mesa de talentos que craneó la poco feliz idea de designar a jueces de la Corte por decreto. Primer papelón inolvidable de Mauricio Macri respecto al Poder Judicial. Está compuesta, entre otros, por el ex representante de Mossack Fonseca en la Argentina, un señor que se robó una banca del Consejo de la Magistratura y otro que —debo confesar— me cae simpático aunque jamás lo contrataría como abogado: un autodenominado especialista en litigios complejos con más complejidades que litigios.

Para solicitar el juicio político, la mesa de cráneos judiciales omitió considerar que Ramos Padilla fue convocado por la Comisión de Libertad de Expresión a brindar la información. Y a diferencia del fiscal ausente en su propia indagatoria, Ramos Padilla concurrió a la citación de un poder del Estado.

El tono de la exposición fue cauto, medido y respetuoso con los involucrados. Bastante diferente a lo que suelen usar los medios que hablan de forma usual con los jueces de Comodoro Py. Esta semana salió publicada la enfermedad de Florencia Kirchner, quien había solicitado expresamente reserva sobre la misma. Tampoco olvido que con una semana de anticipación, los diarios adelantaron el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner en la causa cuadernos. O las imágenes de Amado Boudou descalzo al ser detenido en su casa.

Nada de eso parece escandalizar al macrismo, ni poner en duda la condición de probos de los jueces que permiten esas filtraciones. En cambio les resulta escandaloso y causal de remoción que un juez cumpla con su obligación de concurrir a un poder del Estado a brindar información que le es requerida.

Sospecho que el verdadera causal del pedido de juicio político a Ramos Padilla no es la información que brindó a la Comisión de Libertad de Expresión, sino la que surge de la información remitida en sobre lacrado a la Comisión Bicameral de Inteligencia.

Mientras tanto, en Comodoro Py se suceden las consultas para ver qué fiscal podría tomar la causa de los cuadernos si Stornelli fuese apartado. Muchos de ellos se niegan, porque el fiscal que acepte hacerse cargo de esa causa deberá convalidar con su firma lo actuado por Stornelli. Cosa rara en los tribunales de Py, en esta ocasión no abundan los postulantes.

[1]https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-88225-2007-07-17.html

Fuente: elcohetealaluna.com