El ministro Petri decretó la compra de armas bajo secreto militar y restringe cada vez más el acceso a la información pública
La reserva oficial fue decretada en el marco de la compra de los aviones 24 F16 a Dinamarca, con el objetivo de limitar la difusión de información sobre las obras en los depósitos en Tandil y en el Área Material Río Cuarto. Es la segunda maniobra de limitación del acceso a información que aplica el Estado sobre su accionar en menos de 10 días.
El gobierno decretó este martes el secreto militar para la compra de armas y las obras de infraestructura para los hangares donde serán alojados los aviones 24 F-16 estadounidenses comprados a Dinamarca a finales del año pasado.
La decisión fue informada en el Boletín Oficial por medio del decreto 807/24 donde el ministro Luis Petri dictó el secreto militar sobre la “contratación y construcción de las Obras de Infraestructura y la importación del material relacionado con la incorporación del sistema de armas”. Además, la medida autoriza al ministerio de Defensa por medio de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares que «instrumente los actos conducentes para efectivizar la presente medida». Este acto se suma a las restricciones al acceso a la información pública establecidas por el presidente Javier Milei el pasado 2 de septiembre.
El texto del decreto establece que los gastos «resultan imprescindibles para la adecuación de las instalaciones tales como pista, calle de rodaje, plataforma, hangares, depósitos de material sensible y centro de instrucción y la importación de material sensible, tales como partes integrantes de las aeronaves como motores, repuestos, armamento real y de entrenamiento».
La relevancia de este decreto radica en dos cuestiones: el movimiento simbólico de sostener en la confidencialidad la importación de aviones 24 F-16 que fueron comprados a Dinamarca, con beneplácito de Estados Unidos en claro gesto de alineación por parte del gobierno de La Libertad Avanza a la potencia del norte; y por otro lado, las sombras que se acumulan tanto sobre la compra de los aviones como del financiamiento de las obras de adaptación y puesta a punto tanto de las aeronaves como de los cobertizos, los cuales se ubican en la VI Brigada Aérea Tandil y en el Área Material Río Cuarto.
El costo del arreglo de estos establecimientos militares fue referenciado como un adicional de la compra de los aviones, que significaron una erogación de 40 millones de dólares para el Estado nacional, siendo que no se trataban ni de los mejores ni de los más baratos en el mercado.
Según el portal La Política Online, fuentes del Ejército indicaron que las Fuerzas Armadas no tomaron bien esta inversión y apuntaron que «no hay plata para pagar la segunda cuota de jerarquización salarial a los militares, pero sí para comprar aviones con 40 años de uso, sin sistema de armas y sin financiamiento».
El ministro Petri había destacado en su momento que la compra incluía, además de los aviones, 8 motores de respaldo, repuestos por 5 años, 4 simuladores, capacitación a mecánicos y pilotos y misiles de entrenamiento. No obstante, las principales críticas a la importación tienen que ver con que los aviones no tienen capacidad disuasoria frente a posibles afrentas de parte de británicos que ocupan las Islas Malvinas y que, según el acuerdo con el que se decidió la compra, los aviones carecen de armas de largo alcance, debido al bloqueo de Gran Bretaña sobre Argentina, lo cual obliga al país a firmar otro acuerdo con Estados Unidos para equipar las aeronaves.
