El objetivo no es la inflación, sino el salario

Por Ricardo Aronskind*

Se derramaron toneladas de cháchara sobre si la meta de inflación para 2018 debía ser del 10 o del 15%. Se especuló sobre quien le dobló el brazo a quien. Se filosofó sobre la independencia del Banco Central. Se fabricaron elogios en la prensa oficialista por el ‘realismo’ de las nuevas metas recalibradas. Todo ejecutado con el fondo de la consabida melodía:

“Qué mala que es la inflación”

Lo cierto es que la supuesta nueva meta oficial ‘realista’ para 2018 ya no parece cumplible. En el sector privado se habla del 20% como un dato mucho más verosímil que cualquier declaración o documento oficial. Los economistas críticos ven otra realidad.

¿Qué se está jugando?

Para comprender qué lugar ocupa la inflación en la estrategia de la clase dominante argentina representada por el actual gobierno, hay que pensar en un proceso de dos etapas.

En el primer período se buscaría una modificación distributiva profunda, para establecer tasas de rentabilidad muy altas en algunas actividades, utilizando para ello la fluidez con que una inflación del 20/30 por ciento anual permite modificar precios relativos en tiempos relativamente breves. Para este esquema de redistribución regresiva, lo esencial es la caída del salario real. El experimento de la Convertibilidad, donde se logró la tasa de inflación cero, les demostró a los sectores dominantes que es dificilísimo hacer caer el salario real en proporciones significativas, o sea, redistribuir el ingreso a su favor, sin inflación.

En una segunda etapa, una vez logrado el cambio en el mapa distributivo deseado, el objetivo sería clavar, cristalizar, esa estructura distributiva con un conjunto de hechos consumados —institucionales, políticos, legales— difíciles de revertir. Pero eso es futuro lejano.

¿Cuál es la función real de la meta de inflación?

La meta de inflación se pone para delimitar el ring de la puja distributiva. Claro que es un ring delimitado por el gobierno, en una pelea donde tiene que ganar el capital concentrado versus el trabajo y el resto de la sociedad, y donde el árbitro y uno de los boxeadores pelean codo a codo contra la designada víctima del espectáculo. También están en juego los resultados finales de las colocaciones financieras. No es chiste.

Se trata entonces de un juego de suma 15 en total, donde si todos los precios suben —bienes transables, bienes no transables, servicios públicos y privados—, el único precio que queda para evitar que el promedio sobrepase la meta oficial es el salario. Sí: justo el salario.

El alza de precios ha adquirido una dinámica muy activa en el primer mes de 2018. No es exagerado decir que, con todos los motores inflacionarios puestos en marcha, el acumulado de precios hasta fines de abril puede aproximarse al 10%. Si a comienzos de mayo ya alcanzamos el 10% ¿cómo se hará para terminar el año en el 15?

Pero ante todo: ¿cómo se generó un impulso inflacionario tan fuerte, luego de dos años de gobierno que discursea contra el terrible flagelo?

Un papel relevante han tenido los tarifazos oficiales recientes y sus múltiples interacciones con el sistema de precios, el movimiento ascendente del dólar de las últimas semanas, los rápidos traslados a los precios de costos reales y potenciales por parte de los oligopolios proveedores de bienes masivos, los aportes alcistas de las poderosas cadenas de comercialización, además de alzas en los alquileres y otros servicios con cláusulas de actualización, junto con el tradicional comportamiento sobre-reactivo de la patria remarcadora de todos los tamaños.

El gobierno no sólo genera aumentos de alto impacto generalizado, sino que acepta de buena gana todo tipo de incrementos privados, justificados o injustificables.

Al eliminar la mayoría de las retenciones sacó el colchón amortiguador entre los precios en dólares y en pesos. Cualquier devaluación pasa a todos los bienes importados y a todos los exportables. Completa el cuadro el alza del precio internacional del petróleo, que —Aranguren mediante— impactará en los precios internos de los combustibles. Toda esa maraña de alzas de costos-precios cuenta con el visto bueno del gobierno. Es parte del sinceramiento en la jerga liberal o, como sosteníamos más arriba, del cambio buscado en los precios relativos a favor del capital concentrado.

Como si no viviera en la Argentina, como si desconociera la historia de los comportamientos económicos de los formadores de precios, como si no fuera un gobierno que surge del riñón del empresariado, el gobierno dice esperar impactos inflacionarios menores, manejables mediante expectativas de inflación moderadas a partir de la confianza pública en la solvencia técnica de su equipo económico. En realidad es una apuesta a la credulidad de los empresarios y del resto de la sociedad. Pero los grandes empresarios —que aprecian el estilo managerial de este gobierno, y lo tienen como un haber propio—  no son lectores ingenuos de diarios oficialistas. Primero remarcan y después comentan las declaraciones de Cambiemos.

La explicación de la inexistencia de una política gubernamental seria en relación a la inflación reside en que, por su naturaleza, el macrismo da lugar a todas las demandas del capital concentrado. El gobierno macrista funciona como una cooperativa de negocios, no como un grupo de técnicos experimentados aplicando un plan articulado. En ese sentido, su actitud pasiva y permisiva frente a la inflación privada refleja el reconocimiento a una suerte de derecho adquirido del gran capital local: se ha naturalizado —por parte de diversas fracciones— que lo normal en Argentina son tasas de ganancia desmesuradas, justificándolas en el riesgo y la incertidumbre que deben enfrentar.

Dado que el gobierno, por sus características más profundas, renuncia a controlar, regular o sancionar la formación de los precios abultados que permiten la captura de rentas monopólicas u oligopólicas gigantes, el único ancla antiinflacionario que queda son los salarios, que pasan a ser presentados como responsables de los impulsos alcistas existentes en la economía.

Mientras la generalizada catarata de aumentos en todos los rubros va a ser maquillada por la red de medios oficialistas como necesarios reacomodamientos y sinceramientos para sanear la economía, la pretensión de recuperar el poder adquisitivo erosionado por el festival empresario va a ser presentada como factor peligroso de retroalimentación de la inflación.

¿No era que los argentinos estamos todos de acuerdo que hay que combatir al flagelo inflacionario? ¿Por qué vienen entonces ahora los sindicatos a boicotear con sus demandas desmesuradas el esfuerzo que estamos haciendo entre todos?

Hasta que al poder corporativo le convenga, es decir, luego de haber incrementado en forma irresponsable sus propios precios, la lucha contra la inflación quedará reducida, no casualmente, a la lucha contra la recomposición del salario, ya que no es esperable ninguna medida antiinflacionaria efectiva que pueda recortar las hiper ganancias empresarias por parte de éste, su gobierno.

¡Otro segundo semestre!

Tendremos, por lo tanto, paritarias muy conflictivas. De esas paritarias surgirá otro dato clave para estimar la inflación final del año: cuánto lograrán moverse los salarios en relación al resto de precios clave de la economía. El árbitro de la pelea desea fervorosamente que se muevan muy poco. Bajar otro escalón más en la escalera descendente del salario real.

Si las patronales son astutas,  propondrán aumentos pequeños… pero con cláusulas gatillo.

Pero atención: en el segundo semestre, el movimiento obrero se podría encontrar con una recesión importante, en buena medida ocasionada por la caída de los ingresos no sólo de los asalariados, sino de los millones de no asalariados (comerciantes, profesionales, cuentapropistas) que, sin darse cuenta, dependen de que los trabajadores ganen aceptablemente.

Si el gobierno obtuviera la caída salarial deseada en el primer semestre, conjuntamente con el aumento del desempleo, de los recortes estatales en personal y en gasto público, de la contracción del consumo y de la demanda en general, habría juntado todos los ingredientes de otro segundo semestre de brotes verdes inexistentes. En ese contexto de deterioro social, la cláusula gatillo se disolvería en el aire y lo acordado en paritarias sería considerado como una broma entre amigos… que no era vinculante.

Lo notable será que para que el número de inflación presupuestado por el gobierno de los brillantes economistas neoliberales sea parecido a la realidad, habrá que sacrificar completamente un número aún más importante: el  crecimiento económico de 2018 que quedaría raquítico si se aplica el único instrumento que concibe el gobierno: el ancla salarial.

Con la excusa de la lucha contra la inflación se planteará entonces una mega-contención salarial y la continuidad del debilitamiento del poder de negociación de los trabajadores vía desempleo y recesión. Es previsible por lo tanto que en el primer semestre se refuerce la combatividad del gobierno para poner un techo bien bajo en las paritarias.

La culpa no es de Sturzenegger

No es bueno ver sólo el árbol. El tema no son personas puntuales, ni fracasos puntuales.

La coyuntura está teñida por la inconsistencia de toda la política económica oficial. No se trata de la figura de Federico Sturzenegger, quien en un país con una derecha con mínimas nociones republicanas jamás podría haber vuelto a ejercer un cargo público de importancia. Su presencia en el Banco Central devela que precisamente está en el poder una facción para la cual el megacanje y demás intentos ruinosos de salvar la convertibilidad merecen ser premiados con las más altas responsabilidades públicas.

Pero además, son las concepciones económicas disfuncionales de todo el equipo económico neoliberal las que explican el supuesto fracaso gubernamental para cumplir sus promesas, no exclusivamente las de Sturzenegger, a quien empiezan a candidatear para chivo expiatorio.

La idea absurda, perimida, teóricamente refutada de atacar la inflación sólo con política monetaria contractiva ha sido avalada por todo el gobierno. Mientras otros funcionarios pirómanos echan leña y nafta y fósforos al fuego inflacionario, el presidente del BCRA ha mantenido metas fantasiosas, incumplibles, hablando de credibilidad y reputación ante los mercados en abstracto. Como si los mercados, o sea las grandes empresas y los bancos, actuaran como en los manuales de economía neoclásica, y no como decididos jugadores en la puja inflacionaria y distributiva. Pero los errores teóricos vienen siempre en los gobiernos neoliberales acompañados por agradables compensaciones que se miden en millones de dólares: Hagamos como que creemos en esta cháchara monetarista y mientras tanto que nos siga pagando fortunas con las LEBACs

La cifra que informa de la adquisición de 15 millones de balas de goma por parte del gobierno coincide, casualmente, con la meta del 15% de inflación. Son los argumentos científicos que les van quedando.

*Ricardo Aronskind es economista y magister en Relaciones Internacionales, investigador docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento.

Fuente: www.elcohetealaluna.com