Emergencia territorial indígena y ley contra la corrupción empresaria se votará en Diputados
Son dos de los proyectos a tratar que oficialismo impulsa para ser aprobados en la sesión especial de este miércoles en Diputados. Además, se abordará la creación de una Cédula Escolar Nacional y la designación de cuatro integrantes del Comité contra la Tortura.
Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires (enviado especial)
La Cámara baja convertiría en ley este miércoles el proyecto de Responsabilidad Penal Empresaria y la ley de Emergencia Territorial Indígena.
La sesión especial de este miércoles comenzará a las 11.45 y el primer punto del temario a debatir será la prórroga, hasta 2021, de la Ley 26.160 de emergencia de la propiedad comunitaria de los pueblos originarios, que suspende los desalojos hasta que se realice el relevamiento catastral de parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai).
Por otra parte, el proyecto de ley Responsabilidad de las Personas Jurídicas que obtuvo dictamen favorable en un plenario de comisiones, y sin reformas al texto remitido por el Senado en el que tuvo media sanción por unanimidad, el 27 de setiembre pasado, será debatido también en el recinto.
La iniciativa que fue impulsada por el Ejecutivo en la apertura de ordinarias el 1° de marzo ante la Asamblea Legislativa, introduce en la normativa nacional una pena a delitos de corrupción de las personas jurídicas (empresas, asociaciones, fundaciones, cooperativas), no contempladas en la legislación porque el Código Penal solo refiere a las personas físicas.
“Es importante avanzar con esta ley, no es la que nos hubiera gustado, pero es la mejor posible», dijo Daniel Lipoveztky, presidente de la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados.
El proyecto será debatido en segunda revisión, puesto que la Cámara alta le introdujo numerosos e importantes cambios, que Diputados ratificaría en la sesión especial convocada para este miércoles.
Según la letra del proyecto, serán penalizadas las personas jurídicas que cometan los delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, concusión y falsificación de balances.
También está previsto en la iniciativa que la acción penal prescribirá a los seis años de la comisión del delito y las personas jurídicas (empresas) podrían obtener la eximición de la pena en tanto den cumplimiento a una serie de requisitorias de la Justicia, además podrán suscribir “acuerdos de colaboración eficaz” para reducir el castigo indicado en la ley.
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