En busca de su aprobación, el Gobierno envía una versión con cambios de la Ley Ómnibus

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recibó en su despacho al ministro de Interior, Guillermo Francos, quien le presentó el nuevo texto corregido por la Casa Rosada tomando en cuenta algunos de los cambios exigidos por la oposición.

Más tarde se sumó al encuentro Santiago Caputo, estrecho colaborador del presidente Javier Milei, seguido del presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo y la diputada nacional del mismo partido María Eugenia Vidal.

La reunión con el PRO es la primera de varias que se llevarán adelante, por separado, con cada uno de los bloques de la oposición, exceptuando Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, con los que estiman que no hay ninguna posibilidad de acuerdo.

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El siguiente en ingresar al despacho de Menem fue el jefe del bloque radical, Rodrigo de Loredo, quien lidia con una interna agrietada dentro de su bloque, con un sector más propenso a acompañar y otro con ganas de romper. Luego se sumaron el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Oscar Zago, y el diputado libertario Oscar D´Alessandro.

Con el PRO más cerca de acompañar el dictamen del oficialismo pese a algunos dudas con ciertos artículos, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal tomaron la iniciativa para condicionar su apoyo a la remoción de cinco puntos del proyecto con los que a priori no van a aceptar.

En ese sentido, se encontraban esta tarde ultimando su propio dictamen los diputados nacionales Oscar Agost Carreño (Cambio Federal), Paula Oliveto (Coalición Cívica), Mariela Coletta (UCR) y el asesor y ex diputado Fernando Sánchez. Este dictamen alternativo incorpora únicamente los temas económicos, fiscales y energéticos, otorgando facultades delegadas al Poder Ejecutivo por solamente un año y no dos años (y otros dos prorrogables) como pretende el Gobierno.

Este proyecto opositor, además, reduce las alícuotas de derechos de exportación, incorpora una fórmula de movilidad atada a la inflación como la que implementó el Gobierno de Cambiemos, y supedita las privatizaciones de empresas públicas al envío del pliego de términos y condiciones al Congreso nacional.

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Sobre este punto, dejan afuera del paquete de 41 privatizaciones que pretende el Gobierno las siguientes empresas públicas: YPF, Banco Nación, ARSAT, YMAD y Nucleoeléctrica, por lo que avalan la conversión de la naturaleza jurídica de las restantes 35 compañías estatales sujetas a privatización.

En tanto, acompañan la eliminación de la «ley Guzmán» que obligaba a pedir autorización al Congreso para el endeudamiento, aunque sujetan estas operaciones de toma de crédito al control de la comisión bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación.

Por otra parte, el dictamen de este sector de la oposición autoriza el traspaso al Tesoro del paquete accionario del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de ANSES, aunque especifica que esos recursos se utilicen para la cancelación de deudas de las provincias.